Las elecciones del 27 de septiembre están planteadas por la Generalitat de Cataluña como un plebiscito sobre la independencia. El Presidente de la Generalitat, su partido, Convergencia Democrática de Cataluña, junto a Esquerra Republicana de Cataluña y otras organizaciones sociales, reunidas en la lista "Junts pel Sí" que se presentará a dichas elecciones, tienen como objetivo, si obtienen un apoyo de una mayoría absoluta de escaños, declarar de modo unilateral la independencia de Cataluña en un plazo de 18 meses.
Es trascendente que los electores catalanes sepan si la independencia significa la salida inmediata de Cataluña de la UE y del euro, entre otros efectos.
Artur Mas se ha limitado a decir que, en cualquier caso, "Cataluña estará dentro de Europa y en el euro, y con las condiciones que tenemos hoy". Por su parte, el programa de la lista "Junts pel Sí" considera que está garantizado que la "República Catalana" será "un nuevo miembro de la UE":
No hay duda de que la cuestión sobre la pertenencia de Cataluña a la Unión Europea es absolutamente clave. En la campaña electoral del 27-S, ese tema puede condicionar la decisión de muchos de los electores llamados a las urnas.
Ante la importancia del asunto, la Fundación Alternativas ha solicitado un Informe jurídico que responda a la cuestión: ¿la independencia de Cataluña implicaría, conforme a los Tratados, la no pertenencia de Cataluña a la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, así como la salida del euro y del espacio europeo de libertad de movimientos de personas? La respuesta se dará en este Informe del modo más riguroso posible y en términos estrictos de derecho. Se trata de aportar argumentos a la opinión pública catalana, española y europea sobre un asunto que es indudablemente capital.
Lo que persigue este Informe es poner en claro cuáles serían las consecuencias jurídicas inevitables de una separación de Cataluña del Estado español. Este Informe se apoyará en la pura legalidad europea. Es decir, no en lo que sería mejor o peor, desde la perspectiva política o económica, sino en lo que se producirá por la aplicación directa de la ley que rige a la Unión Europea, en cuanto Comunidad de Derecho, si Cataluña decidiera independizarse de España.
Para responder al objeto de este Informe, vamos a ir analizando los cuatro principales interrogantes que se derivarían -legalmente, repetimos,- de una posible declaración de independencia por parte de determinadas instancias políticas de Cataluña:
Primera: ¿Cataluña seguiría en la Unión y en otras organizaciones internacionales después de declarar unilateralmente su independencia?
Segunda: ¿Una Cataluña independiente sería reconocida como Estado por la Unión Europea a los efectos de volver a ella?
Tercera: ¿Una Cataluña independiente dejaría de pertenecer al Banco Central Europeo, al Eurosistema y al euro?
Cuarta: ¿Una Cataluña independiente seguiría en el espacio europeo de libre circulación de personas?
Previamente a contestar esas preguntas haremos unas consideraciones que nos parecen imprescindibles: hay que partir de una diagnosis jurídica sobre la constitucionalidad de una declaración de independencia de Cataluña y sobre la legalidad de tal declaración a la luz del Derecho de la Unión Europea a su máximo nivel, que es de los Tratados, el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En ellos hay fundamentos suficientes para abordar los interrogantes jurídicos que se nos plantean.
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Diego López Garrido y Gregorio Cámara, catedráticos ambos de Derecho Constitucional, y Francisco Aldecoa, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales.