Muchos ciudadanos nos preguntamos si la manifestación del pasado día 11 en Barcelona abrió el camino hacia la independencia de Cataluña. Fueran los que fueran los asistentes a la manifestación, en todo caso muchos, esta reflejó el fuerte sentimiento soberanista de amplios sectores de la sociedad catalana. Los recortes y los ajustes, en definitiva, las políticas antisociales de la Generalitat, que estaban en la mente de muchos manifestantes, no pueden ocultar el crecimiento de este sentimiento que, a la vista de los últimos acontecimientos, ha servido de apoyo para que Convergència i Unió, de modo oportunista, ponga en marcha una hoja de ruta soberanista, con elecciones anticipadas y plebiscitarias y con un Artur Mas, que, tras un balance de dos años de gobierno, que se resume en dejar una Cataluña más dividida, más empobrecida, menos cohesionada y con menos influencia, ahora pretende presentarse como el Moisés que quiere conducir a su pueblo a la tierra prometida, un objetivo tan confuso en su recorrido como incierto en su final. Ya tuvimos un precedente en el plan Ibarretxecon el desenlace que todos conocemos.
Pero el hecho de que haya una utilización oportunista de una realidad no nos puede llevar a desconocerla. Tenemos un problema y tenemos que afrontarlo. Y a una huida hacia delante del nacionalismo catalán no cabe responder con el enroque y la cerrazón del “nacionalismo” español. Desde hace tiempo no le hemos venido dando la importancia debida a lo que estaba ocurriendo: el aumento de la desafección de muchos catalanes hacia España y de muchos españoles hacia Cataluña.
A lo largo de estos últimos años, ha habido actitudes que alimentaron irresponsablemente este recíproco desapego. De mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía, no olvido las continuas iniciativas anticatalanas presentadas por el PP en el Parlamento andaluz, como tampoco puedo dejar de recordar las declaraciones de dirigentes nacionalistas catalanes menospreciando a Andalucía y Extremadura para justificar un falso victimismo catalán. Es cierto, también, que todo el proceso de tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue especialmente afortunado y que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el mismo vino a frustrar las expectativas que el Estatuto abrió sobre el autogobierno y el reforzamiento de la identidad catalana a través de sus propias instituciones. Nos guste más o nos guste menos, la realidad es que a partir de la sentencia del TC, el Estatuto dejó de ser una norma fundamental de referencia para una parte muy importante de catalanes, probablemente mayoritaria.
Es cierto que la manifestación partió de una iniciativa civil. Con oportunismo, Convergència i Unió se sube al carro para ponerse al frente del sentimiento independentista, estableciendo una cortina de humo para contrarrestar el malestar social por los recortes y ajustes; tratando de legitimar la reivindicación del pacto fiscal y reforzando su posición ante las elecciones anticipadas. Es decir, el peor camino para buscar una salida razonable para el problema. Buscar una salida corresponde a todos, pero la mayor responsabilidad recae sobre los Gobiernos del PP y de CiU. Si durante los últimos meses ambos partidos han sabido ponerse de acuerdo en ajustes, recortes y rescate, es imperativo el diálogo entre ellos para afrontar esta situación. Hay que hablar, dialogar y negociar. No soy un ingenuo y, en consecuencia, soy consciente de que un diálogo de esta trascendencia provocará, sin duda, una gran sensibilidad ciudadana que los partidos políticos van a analizar por su indudable impacto electoral. Unas elecciones como las del 25 de noviembre, a las que se les quiere dar un inequívoco tinte plebiscitario, retrasarán el diálogo, pero, aunque lo dudo, pueden servir para fijar posiciones con claridad, que es precisamente el requisito para un diálogo sincero y profundo.
Es necesaria, pues, una mayor claridad, una mayor transparencia, si de verdad se quiere dar la palabra a la ciudadanía. Pero, además, debe existir un compromiso serio para el diálogo y la negociación. En mi opinión, no hay salidas o soluciones unilaterales o planteadas desde la fuerza. La secesión o la independencia no es viable ni política ni constitucionalmente. Soluciones como las que pretenden algunos sectores de la derecha de resolver el problema revisando a la baja el Estado autonómico representarían una marcha atrás que, además, resultaría inaceptable para la mayoría de las comunidades autónomas.
El marco general, de partida, para abordar el problema lo tenemos delante: la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En este marco general, ¿es posible un modelo de Estado federal para España? Sí, si prescindimos de actitudes dogmáticas e inmovilistas. Cuando oye hablar de federalismo, la derecha española se rasga las vestiduras, pero conviene recordar que algunos de los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, o Australia son Estados federales, como lo son algunos de los principales países emergentes como Brasil.
Desde el PSOE (partido federal) y el PSC defendemos que el modelo federal es la mejor salida política e institucional para España y para la mejor integración de Cataluña en ella, para una eficaz cohesión territorial y la convivencia entre todos los españoles. Es el mejor antídoto contra la marcha atrás centralista y contra aventuras como la secesión y la independencia.
Trazar una hoja de ruta sensata requeriría, como una cuestión previa, definir con claridad, para mayor tranquilidad de todos, lo que entendemos por Estado federal, cómo debe funcionar y si el federalismo fiscal es un buen sistema de financiación para el conjunto de España. Pero ya tenemos una gran parte del camino andado: el Estado de las autonomías es un Estado, en muchos aspectos, cuasi federal que se construyó a partir de la Constitución. Para avanzar en esa dirección, entre otros pasos, debemos convertir de una vez el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial y de primera lectura para las leyes e iniciativas autonómicas. Los mecanismos bilaterales y multilaterales entre los territorios y el Gobierno del Estado debe reformarse para contribuir a la conformación de la voluntad del Estado, especialmente en el seno de la Unión Europea.
Y, por supuesto, hay que abordar el tema, difícil en cualquier Estado complejo, de la financiación territorial. La crisis económica hace difícil en estos momentos aportar más recursos al sistema de financiación autonómica, pero debemos llegar a un acuerdo sobre cuándo abordar un nuevo sistema. La Conferencia de Presidentes autonómicos tiene mucho que decir al respecto. Pero sí me gustaría señalar que, si el pacto fiscal reivindicado por CiU conduce al concierto económico en Cataluña, ello haría inviable el futuro económico de España. Es más, concebido de esta forma, el pacto fiscal es incompatible con un modelo de federalismo fiscal, que debe tener en cuenta los intereses del conjunto. Conviene repasar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por cierto, apoyado por CiU y Artur Mas.
Lo que tenemos por delante no es fácil, pero tampoco lo fue el camino recorrido en el nacimiento y en el desarrollo del Estado de las autonomías, uno de los grandes aciertos de nuestra democracia, sobre todo, a la hora de resolver problemas históricos. Y ahora estamos ante uno de ellos.
Manuel Chaves González fue presidente de la Junta de Andalucía. Es diputado socialista del Congreso por Cádiz.