“Lo simple es falso, pero lo que no es sencillo es inútil”, escribió con lucidez Paul Valery. En virtud de este criterio todo decisor, y en particular el político, quedaría atrapado en un dilema: optar por lo simple e incurrir en falsedad o elegir lo complejo y devenir ineficaz.
En una situación de conflicto, la parte cuyas razones sean más consistentes tenderá a evitar la simplificación reduccionista, a diferencia de quién se encuentre en la posición contraria, que previsiblemente se decantará por refugiarse en fórmulas simples y efectistas que eviten una deliberación rigurosa que pondría al descubierto la debilidad de sus tesis.
Un elemental examen del lenguaje utilizado con machacona insistencia por los agitadores separatistas revela, además de una violencia verbal implícita que contradice la autoproclamada actitud pacífica, su intención intoxicadora con la utilización de expresiones simples, aparentemente razonables, que insistentemente reiteradas terminan por adquirir el rango de certezas irrebatibles: “derecho a decidir”, “diálogo sin condiciones”, “que hablen las urnas”, “ofensiva contra Cataluña”, “ en España hay presos políticos”, “España nos roba”, “Cataluña está ocupada”, “votar no es un delito”, “derecho a la legítima defensa” y un sinfín de consignas, además de la inevitable apelación a una “democracia” fantasmal carente de fundamento lógico, jurídico o filosófico.
No obstante, la cuestión no consiste tanto en argumentar sobre la distorsionada visión que encierran estas afirmaciones como en constatar su eficacia para construir creencias compartidas con gran potencia movilizadora en Cataluña y considerable capacidad de emponzoñar en el exterior. No haberse percatado a tiempo de este fenómeno o no haber desarrollado una estrategia para neutralizarlo constituye la responsabilidad, no la culpa que sólo es atribuible a los secesionistas, de los representantes políticos, en el Gobierno y en la oposición tanto tiempo desunidos, e imprudentemente confiados en que la solidez de la propia posición les hacía invulnerables a las maniobras y tacticismos de sus adversarios.
Es de suponer que el Gobierno, persuadido de que en esta ocasión le asistía la fuerza de la razón y la razón -o sinrazón- de la fuerza, confiara en que las aguas volverían a su cauce antes de desbordarse con efectos imprevisibles. Como si la sola razón o, mejor dicho, la combinación de la ley y de la fuerza a su favor bastaran para conjurar el peligro. Hemos pagado un alto precio por este error de perspectiva, aunque la realidad -ahora manifiesta por la fuga de empresas y de capitales, así como el anunciado abandono de personas- esté imponiendo su dictamen implacable.
En su reciente libro Imperiofobia, Elvira Roca analiza documentadamente el origen de la leyenda negra española y establece las similitudes con lo sucedido en otros imperios a lo largo de la Historia. Uno de los aspectos más llamativo de su estudio es el relativo a la pasividad con la que recibían estas informaciones falsas los afectados, sin capacidad de reacción frente a los infundios que se les atribuían. Así, la leyenda negra se propagó apenas sin réplica, ni contestación y prevaleció por largo tiempo en el imaginario colectivo conformando un pensamiento negativo en el exterior y un difuso sentimiento de culpa en el interior.
Cuando, tras un dilatado período de normalización democrática y de recuperación del prestigio internacional, creíamos superados los efectos de la leyenda negra asistimos a un rebrote, surgido desde dentro, alentado por difamadores españoles que, por creer no serlo, nos devuelven la imagen de una España atrasada, violenta, opresora y cerril.Ahora no cabe la inhibición. No es posible recuperar el tiempo perdido; los actos humanos son irrevocables porque el pasado es inamovible. Pero se puede rectificar en el futuro y debemos hacerlo de modo enérgico. Sabemos que, en el corto plazo, no es posible combatir eficazmente las simplezas con argumentos elaborados, sin embargo, pese a que los efectos sean lentos es imprescindible una buena pedagogía, aunque no sea por sí sola suficiente.
Estas consideraciones nos conducen a un lugar común generalmente aceptado como manifestación de la buena voluntad de quien lo propone. Así sucede con la expresión “diálogo sin condiciones” que ha planteado el president Carles Puigdemont al presidente del gobierno.
El término diálogo goza de un reconocimiento generalizado y es comprensible que sea así, porque es el instrumento del que disponemos para entendernos entre nosotros y este propósito es más que una posibilidad del ser humano, es una exigencia de su naturaleza. Como dijo Friedrich Hölderling: “Somos un diálogo”.
No es, por tanto, el concepto, sino su adecuada interpretación lo que demanda una explicación. Todo diálogo tiene una finalidad y debe partir de unas condiciones previamente aceptadas por las partes. Tanto el objetivo como los requisitos dependerán del tipo de diálogo: así, por ejemplo, el diálogo amoroso pretenderá el conocimiento del otro; el diálogo en una tertulia: el entretenimiento; el filosófico: la verdad y el político: el acuerdo.
No existe el diálogo sin condiciones, porque son éstas las que lo hacen posible. Evidentemente no podrá constituir una condición aquello sobre lo que verse el acuerdo, porque no se puede definir como punto de salida inamovible lo que constituye el término de llegada que se espera alcanzar. No tiene sentido dialogar sobre el objetivo de la independencia cuando una de las partes la considera meta irrenunciable. Cuando alguien propone “diálogo sin condiciones”, solo pretende tácitamente imponer las suyas.
Más allá de los requisitos que pudiéramos denominar formales, todo diálogo constructivo reclama la buena fe de las partes, asociada a una actitud de comprensión de la posición y de los argumentos ajenos. En suma, es necesario construir un clima de confianza recíproca y una actitud flexible que permita avanzar en la búsqueda de soluciones aceptables para todos, aunque no sean plenamente satisfactorias para ninguno.
En definitiva, el fondo de la cuestión consiste en dilucidar si, tras tan sonoras declaraciones, existe una voluntad sincera de diálogo y se dan las condiciones para que sea eficaz. Bajo una engañosa apariencia de reclamación pacífica, el llamado procés ha provocado la quiebra de las reglas, no sólo de las normas legales, sino de todo tipo de reglas que han de regir una convivencia civilizada: el respeto a la verdad, la debida consideración a las personas y a sus derechos, la ausencia de manipulación, especialmente en la enseñanza, la exclusión de cualquier forma de acoso a los discrepantes y lo que es más grave a sus hijos menores.
Existe constancia de sistemáticas infracciones de estos principios elementales en Cataluña. Claro está que estas actuaciones no proyectan imágenes de gran impacto mediático pero ocasionan daños morales profundos y dejan huellas acaso no tan visibles pero, sin duda, más duraderas.
Estamos ante una situación política crítica, pero aún resulta más preocupante el deterioro moral de sus inductores que han fracturado la sociedad catalana y han provocado un sufrimiento injustificable a muchas personas, dentro y fuera de Cataluña. La solución no vendrá de un diálogo inviable, sino de la regeneración ética que lo haga posible. El deseado desenlace requerirá tiempo, firmeza en las propias convicciones, determinación para aplicar las medidas imprescindibles, unidad de los demócratas y, por supuesto, la dosis de fortuna que, según Virgilio, ayuda a los audaces.
Ángel Bizcarrondo Ibáñez es inspector de finanzas del Estado. Ha sido director general del Ministerio de Hacienda y director del Centro de Estudios Garrigues.