Cataluña: el detalle sería mejorar la vida de la ciudadanía

En breve habrán pasado cinco años del 1 de octubre de 2017 y, después del cisma independentista vivido en ocasión de la última Diada —cuando ERC decidió no acudir a la manifestación convocada por la ANC—, finalmente el Consell de la República, Òmnium, ANC, AMI, Intersindical (la pequeña central sindical independentista) y CUP, ERC y Junts celebraran la fecha totémica juntos.

Algún comentarista ha subrayado que es posible esta celebración conjunta porque en definitiva cada uno de los actores que participan en ella dotan esa fecha de una significación diferente. Coinciden en que fue una experiencia vivencial ineludible para la base independentista, pero para algunos aquello fue una forma de empujar al Estado a negociar, para otros el germen de un mandato democrático. Para otros más, simplemente fue un acto de desobediencia colectiva (minorando el papel que en eso tuvieron las instituciones).

Quizás se debería añadir que la celebración es posible también porque no tiene derivadas políticas previstas.

Hace tiempo que ya la política catalana viaja en otros raíles en la sustancia (en un momento dado cabe preguntarse si es que no fue así desde siempre) y las liturgias del procés sirven de metalenguaje para dirimir conflictos partidistas típicos de cualquier otro sistema político, de cualquier otra latitud.

Ahora mismo, en el centro del tablero hay dos cuestiones fundamentales, entrelazadas entre ellas.

En primer lugar, hay la pugna insomne entre una ERC ya más afianzada institucionalmente y un Junts que por momentos se va asemejando cada vez más a la última mutación de Convergencia, después de la llamarada movimentista (eso sí, siempre vinculada al poder institucional) de los últimos años. La digestión lenta, y difícil de los resultados electorales de 2021 aún no ha terminado, porque está marcada a fuego en la propia genética convergente (un patrimonio legado a sus evoluciones posteriores) la vocación a mandar en el Palau de la Generalitat. A todas luces, para los herederos del pujolismo la presidencia de Aragonés no es más que un tropiezo en el camino, que ha de ser corregido más pronto que tarde. Esta es una pugna que se juega en el propio Gobierno y Parlamento autónomo (de aquí los amagos de los posconvergentes de dejar el Ejecutivo y también los presuntos ultimátums, que se quedaran, obviamente, en amagos) pero también en el territorio, y especialmente en las elecciones municipales. En el fondo, esta ha sido siempre la fórmula: con esta ley electoral, quién controla el territorio no metropolitano tiene todos los números de obtener más escaños en las elecciones al Parlament. Así las cosas, Barcelona aparte (en donde las dinámicas son diferentes) y con el área metropolitana en manos socialistas (puede haber otro episodio del lento y dificultoso avance de ERC en algunas de las ciudades importantes, pero en estos momentos se antoja muy difícil arrebatar la hegemonía al PSC en el cinturón de Barcelona), la pugna en el mundo nacionalista e independentista se jugará en los más de quinientos municipios pequeños, en donde en muchos casos solo se presentan candidaturas independentistas. Será una batalla alcaldía por alcaldía, voto por voto.

En segundo lugar, el mundo posconvergente parece haber decidido que la mejor manera para encarar esta batalla del territorio es confiarse a la fórmula clásica del nacionalismo conservador. Durante los años más encendidos de la movilización independentista se consideró que los perfiles ascendentes del populismo nacionalista conservador (ejemplificados en la figura de Puigdemont) serían el activo electoral decisivo. Ahora mismo ya no parece que sea así. La parábola de Laura Borràs parece estar explicando cómo se desarrolla este cambio: no solo de facto sus propios compañeros de partido han dejado de defender su intento de asimilar sus procesos judiciales por presuntos delitos de corrupción a un caso de lawfare contra el independentismo, sino que, en las elecciones para cargos orgánicos territoriales del partido, todos los candidatos cercanos a la presidenta suspendida cosecharon sonoras derrotas.

En síntesis, a cinco años del 1 de octubre de 2017 y más allá de las ceremonias conmemorativas, de lo que se está hablando en Cataluña es de quiénes controlarán la Administración autonómica y local, con todo lo que ello comporta en términos de presupuestos, competencias, y también capacidad de afianzar el consenso electoral. De por sí tampoco se trata de nada negativo. Es sano que se compita democráticamente (sería mejor con otra ley electoral para las autonómicas, todo sea dicho) para liderar las instituciones que nos gobiernan, a todos los niveles. Pero quizás aún sería más sano que en vez de envolver esta competición legítima en una retórica sobre la independencia en que ya cuesta cada vez más de creer, la disputa fuera sobre qué tipo de políticas se piensan hacer para mejorar la vida de la ciudadanía. A estas alturas, sería todo un detalle.

Paola Lo Cascio es historiadora y politóloga.

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