Cataluña, el Majestic y la lealtad

El Majestic es un magnífico hotel de Barcelona que desde mayo de 1996, además de a su calidad, debe algo de su fama a un pacto político. En realidad, no fue un pacto lo que se celebró allí sino una cena con la que se selló una negociación larga y compleja. El Partido Popular había ganado las elecciones generales, pero no disponía de mayoría suficiente para gobernar y Convergència i Unió se había mostrado dispuesta a apoyar un Gobierno del Partido Popular. El primer Gobierno del Partido Popular. Se trataba de acordar los términos en que ese apoyo podía prestarse por CiU y podía ser aceptado por el PP.

El Majestic, hotel y pacto político, ha adquirido una tercera acepción, convertido por algunos argumentarios, bastante torpes por cierto, en un episodio que, en el mejor de los casos, debería ser olvidado o en una suerte de precursor de todos los males que el independentismo catalán nos ha traído.

Cataluña, el Majestic y la lealtadComo toda decisión política, este acuerdo está abierto a cualquier consideración crítica. Soy muy consciente, como lo fui entonces, de que el acuerdo entraba en el terreno especialmente sensible de la relación del PP con el nacionalismo catalán, precisamente cuando el Partido Popular tenía que asumir la responsabilidad de gobierno. Pero, frente a las críticas razonadas y, con mucho más motivo, frente a las descalificaciones movidas por el gregarismo argumental, la animosidad, o el simple oportunismo, precisamente hoy cuando a los catalanes les venden el caos bajo el envoltorio de la independencia, reivindico aquel acuerdo, como lo hice entonces.

Fue un acuerdo muy positivo para toda España y muy bueno también para Cataluña. Hizo posible un Gobierno bajo cuyo mandato nuestro país asentó la recuperación, el crecimiento y el empleo, adquirió credibilidad y proyección internacional, se enfrentó al terrorismo con una movilización social sin precedentes y consiguió entrar en el euro como Estado fundador, llegando a tiempo por primera vez en muchas décadas a una gran cita histórica.

El Gobierno del Partido Popular siempre estuvo en condiciones de decidir y de hacer lo que creyó necesario. El pacto no generó privilegios; en su gran mayoría, los contenidos acordados -y sin duda los más importantes- tuvieron aplicación general. El acuerdo no sólo sustentó un Gobierno estable, y al mismo tiempo activo, sino que representaba un esfuerzo de encuentro en la mejor línea del espíritu constitucional, para hacer posible lo que entonces reclamaba el interés de España, que en aquella primavera de 1996 reclamaba mucho.

El catalanismo se mantenía alejado de pretensiones maximalistas y podía comprobar cómo la vocación de intervenir en la política española, que presentaba como una de sus señas de definición, podía realizarse por cauces razonables, sin tener que pasar necesariamente por la izquierda y sin plantear el interés de Cataluña como un juego de suma cero con el del resto de España.

En el pacto no se hizo ninguna cesión tributaria singular a Cataluña. Se acordó “la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica para el próximo quinquenio 1997-2001”, dentro del cual los firmantes se comprometían a “atribuir a las Comunidades Autónomas -y preciso, a todas- una participación en el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas correspondiente a los residentes en sus respectivos territorios del 30 por ciento que se fijará en función de su nivel competencial y del volumen de recursos”. En Sanidad, el PP aceptaba “los compromisos de la legislatura anterior respecto a la financiación sanitaria de 1994 de las Comunidades con competencia transferida” y se precisaba que al Gobierno de Cataluña le correspondía el 15,99%.

Estuvimos de acuerdo en desarrollar el modelo policial “sobre la base de los acuerdos adoptados en la anterior legislatura en la Junta de seguridad” y expresamos “voluntad política de avanzar en el estudio y la negociación” para que la Policía autonómica asumiera las competencias de tráfico, como así ocurrió. Se trataba de una competencia que ya tenía la Policía foral en Navarra y la Ertzaintza en el País Vasco.

El pacto fue una elección de éxito del Partido Popular. De todo el Partido Popular. Conté con un equipo de negociación comprometido y competente, con una conciencia muy clara de las exigencias del momento. Para los lectores suspicaces, aclararé que precisamente una de las personas clave en este acuerdo fue Mariano Rajoy y que nunca lo ha ocultado. En varias ocasiones durante la legislatura anterior, en circunstancias bien distintas desde luego, habló de un posible “Majestic II” y en su autobiografía, publicada en 2011 (‘En confianza’, Planeta), lo explica bien:

“El objetivo de las negociaciones estaba muy claro para nosotros. Se trataba de hacer un pacto para cuatro años con luz y taquígrafos; un pacto que fuera un compromiso público para toda la legislatura, con transparencia y claridad y con un mecanismo de seguimiento y cumplimiento… La imagen de ese acuerdo de apoyo de CiU al Gobierno del PP, en el cual yo tuve una participación muy activa llevando gran parte de la negociación y alcanzando puntos de entendimiento, fue la fotografía de la cena en el hotel Majestic de Barcelona. Por eso se bautizó como ‘el pacto del Majestic’… Gracias a ello hicimos posible una de las etapas más brillantes de la reciente historia contemporánea de España”.

El pacto obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles, que se hizo abrumador en el caso de los catalanes, fueran del partido que fueran. Los votantes del Partido Popular de Cataluña manifestaron un apoyo del 76,1% (CIS, estudio 2215 de mayo de 1996). Supuso un notable crecimiento electoral a medio y largo plazo para el Partido Popular de Cataluña, que pasó de 8 a 12 escaños en las generales de 2000 (y que se recuperó muy significativamente en las autonómicas de 2003) y, lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo un significativo retroceso político y social de éste, cuyo estado actual tiene un origen muy posterior.

Quiero recordar que entre 1996 y 2003 la suma de CiU y ERC descendió en votos y en escaños en las elecciones autonómicas y en las elecciones generales. En las autonómicas, desde 1.625.000 hasta 1.568.000 votos, desde 73 hasta 69 escaños y desde el 50,4% del voto válido hasta el 47,3%. En las generales, desde 1.314.000 en 1996 hasta 1.160.000 en 2000, de 17 a 16 escaños y desde el 25,7% del voto sobre censo hasta el 21,9.

Además, la media de la escala de nacionalismo catalán elaborada por el CIS (1=mínimo grado de nacionalismo; 10=máximo grado de nacionalismo) descendió durante aquellos años de gobierno del PP desde el 5,72 en 1995 hasta el 5,42 en 2003; el último registro, de noviembre de 2012, la sitúa en el 5,9. Quienes declaran un grado máximo de nacionalismo catalán (9-10) han pasado del 10,2 en noviembre de 2003 (mínimo valor de toda la serie histórica del CIS, iniciada en 1991) al 24,7 en noviembre de 2012.

Como conviene distinguir entre voces y ecos, hay que fijarse en los dedos acusadores que apuntan al Majestic, porque muchos de ellos hasta ahora no dejaban de adoctrinarnos sobre las maldades de las mayorías absolutas y las bondades de “la cultura del pacto”. Y eso sin contar con todos los que de repente exhiben una portentosa clarividencia retrospectiva desde la que adivinan el pasado pero que no les da para recordar dónde estaban o qué escribían sobre el acuerdo hace ahora casi 20 años. Me parece que hay mucha inconsistencia y bastante miopía en estas reacciones que, al final, exculpan a los nacionalistas de sus responsabilidades y las trasladan a los que son tachados bien de entreguistas o bien de inmovilistas, según lo dicte el argumentario del día o la conveniencia en tiempos difíciles. Y esta sí que es una cuestión de lealtad. A la verdad, por supuesto.

José María Aznar es ex presidente del Gobierno.

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