Cataluña en el día de la marmota

Algunos independentistas celebran en la Asamblea Nacional Catalana después de la confirmación de los resultados electorales el 21 de diciembre. Credit Emilio Morenatti/Associated Press

Ayer hubo en el mundo pocos lugares más seguros, más tranquilos que la ciudad de Barcelona. La jornada pasó sin incidentes y ni siquiera actuaron los delincuentes habituales: quizá se asustaron por el despliegue de policías en las calles o, si acaso, fueron a votar. La ciudad, una vez más, no parecía un lugar donde se ponía en juego el destino de una patria.

Ayer hubo elecciones parlamentarias en Cataluña. Se discute mucho quién ganó, pero está claro quién perdió: Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, y su Partido Popular.

Hace exactamente 56 días el presidente Rajoy proclamó que sabía cómo acabar con la crisis catalana. Aplicó el famoso artículo 155 de la Constitución, que le permitió expulsar a las autoridades legales y remplazarlas por sus propios funcionarios, y convocó elecciones: fue una solución genial que no solucionó absolutamente nada. Hoy, la situación ha vuelto a ser tan parecida a la de entonces: el día de la marmota. Pero, además, su partido perdió ocho de sus once diputados y, con el cuatro por ciento de los votos, quedó último.

Mientras, Cataluña sigue partida. Alemanes de antaño hicieron famoso un eslogan “Un pueblo, un país”. Cataluña puede ser o no ser un país pero es, sin duda, dos pueblos: uno que vota por seguir formando parte de España y otro que vota porque no, cuidadosamente repartidos en mitad y mitad.

Es lo que volvieron a mostrar estas elecciones: sus resultados son tan parecidos a los de 2015. Con algunos matices: la mitad españolista —que la propaganda oficial intenta llamar “unionista” o “constitucionalista”— cambió de líderes. Ahora la encabeza una andaluza de 36 años, Inés Arrimadas, de un partido nuevo, Ciudadanos, muy promovido por el establishment español para contrarrestar el crecimiento —que hace un par de años parecía imparable— de Podemos.

Ciudadanos fue la forma que encontraron ayer muchos catalanes para decir que quieren seguir siendo españoles pero repudian la forma en que lo intentó Rajoy: Arrimadas levanta la bandera española sin el olor a palo rancio que le pegó el Partido Popular. Y representa esa virtud tan catalana, tan aparentemente perdida: el seny, el sentido común. Lo reivindicó en su discurso ganador: “Estamos aquí para pelear por la convivencia, por el sentido común”, con perdón del oxímoron.

Es curioso: muchos de sus votantes solían apoyar al antiguo partido de Puigdemont, Convergència i Unió, que representaba la centro-derecha razonable, responsable, catalana. Cuando esa gente se volvió revoltosa y se alió con izquierdistas para buscar la independencia, esos votantes buscaron defender sus intereses y mostraron que, a la hora de la hora, la cuestión nacional les importa menos que la cuestión de clase.

El otro ganador fue Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalidad, fugitivo en Bruselas. Pese a que llevó su gobierno a una vía muerta, y declaró a medias una medio república medio independiente y se escapó del todo al otro día, Puigdemont fue el nacionalista más votado y su partido, junto con Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), tendrá mayoría absoluta en el Parlamento y podrá volver a formar gobierno. Para eso debería volver pronto a Cataluña, donde Mariano Rajoy se enfrentará a una rara disyuntiva: legalmente, debería detenerlo; políticamente, ¿se puede detener a quien acaba de ser votado para gobernar el territorio? Amenaza otro escándalo.

Ese es el próximo capítulo y suena conocido. Mientras, Barcelona se prepara para pasar la Navidad entre turrones, villancicos, cavas y compras varias. Los mayores derrotados de estas elecciones fueron las dos opciones extremas, a derecha e izquierda: el Partido Popular y la CUP, un grupo anticapitalista antisistema que Puigdemont y los suyos necesitan para completar su mayoría parlamentaria.

Se diría que, con esos votos, todos —catalanistas y españolistas— quieren contar que están entre hartos y asustados: que el juego ya llegó un poco lejos, que no era tan fácil de jugar, que ya está bien. Y que, si van hacerlo, que sea dentro de un orden, porque el desorden los molesta y preocupa. El caso catalán es un experimento social interesante: ¿qué pasa cuando los habitantes de un país próspero descubren el precio de sus deseos políticos? ¿Qué pasa cuando entienden que interfieren con tantas cosas que querrían mantener: cierta tranquilidad, ocios, bonanza, todo eso que en el Mediterráneo suele pensarse como una buena vida?

Quizás el expresidente y presidente in pectore Carles Puigdemont lo tuvo en cuenta anoche. En su discurso triunfal desde una sala de Bruselas, Puigdemont proclamó, por supuesto, que “la república catalana ha ganado a la monarquía del 155”. Pero también habló, más despacio, con menos aspavientos, de la amplia mayoría parlamentaria que tienen los que querrían decidir la cuestión catalana a través de un referéndum legalmente convocado. Quizás ese sea su camino para terminar con el día de la marmota: no volver a declarar una república que no puede sostener, sino presionar para que se haga por fin ese referéndum y preguntar en serio, permitir que se vote.

Con lo cual se llegaría al fondo del asunto, que todos estos meses de idas y vueltas evitaron. Una discusión sobre los usos, las posibilidades, los límites de la democracia: ¿qué pueden decidir —y que no pueden— los ciudadanos catalanes en una votación? Es una pulseada entre los que creen que no tienen derecho a elegir si son o no españoles, y los que creen que sí. O, más en general, si los millones de habitantes de un territorio que forma parte de un país pueden decidir si quieren —o no— seguir formando parte de ese país. El debate sobrepasa con mucho las fronteras de Cataluña —o de España— y ahí está su interés. Pero la mayoría prefiere silbar bajito y mirar para otro lado.

No podrán seguir haciéndolo para siempre. En algún momento el Estado español entenderá que no le sirve, que no le alcanza con mandar la policía. Que tendría que mandar la política, pero nadie está seguro de que Mariano Rajoy sea la persona indicada para eso. Derrotado, humillado, pertinaz, su paliza catalana también puede costarle España.

Martín Caparrós es un periodista y novelista argentino. Sus libros más recientes son El hambre y Echeverría. Vive en España, es colaborador regular de The New York Times en Español y reconocido recientemente con el premio María Moors Cabot de periodismo 2017.

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