En un artículo de 1980, Sani y Sartori analizaron la situación de varias democracias europeas para llegar a la conclusión de que «la eficiencia de una democracia se encuentra inversamente relacionada con el grado de polarización». Ahora bien, advertían a continuación, se trata en cualquier caso de una polarización que podemos situar en el eje ideológico (izquierda-derecha), toda vez que dicho eje «subsume» los temas relevantes de la agenda política.
Por lo que se refiere a la primera conclusión, a día de hoy hay pocas dudas de que la polarización perjudica seriamente la salud de las democracias, haciéndolas más disfuncionales y rebajando la calidad de su funcionamiento, como consecuencia del comportamiento irresponsable de los actores involucrados y el riesgo de bloqueo sistémico. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los factores de polarización no se dejan subsumir en el eje ideológico? Es más, ¿qué ocurre cuando es el eje ideológico el que resulta subsumido o parasitado por otros ejes de competición?
Para entender el problema, conviene remontarse al primer gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando este se abrió a negociar el autogobierno de una comunidad autónoma no a iniciativa de CiU o del PNV, como hubiese sido de esperar, sino a iniciativa de otro dirigente socialista, Pascual Maragall, que había decidido abandonar el eje de competición tradicional de la izquierda (el eje ideológico) para entrar de lleno en la competición territorial. En contrapartida, Maragall ofrecía a Zapatero el apoyo parlamentario de ERC, su socio de gobierno, que tenía ocho diputados en las Cortes, de tal forma que se establecía una simetría y una reciprocidad entre el gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España.
Esta iniciativa cambió la dinámica de competición partidista en España, pues si minimizar la presencia del Estado en las comunidades más ricas, tal como pretendía Maragall (hasta hacerlo «residual», según sus propias palabras), pasaba a ser una reivindicación de la izquierda, ¿qué significaba ser de izquierdas entonces? La respuesta estaba en el Pacto del Tinell: oponerse a los planes españolistas de José María Aznar y centrifugar el Estado de las Autonomías con una reforma del Estatut que funcionaba en la práctica como una mutación constitucional encubierta. El problema de esta sencilla premisa es que a partir de ese momento los ejes de competición dejaban de estar en consonancia y, como dirían Sani y Sartori, los problemas relevantes de la agenda política dejaban de ser subsumibles en la escala izquierda-derecha.
Esta nueva dinámica llegó a su clímax con la crisis de 2017 y la consiguiente irrupción de Vox, momento a partir del cual la discusión ideológica está distorsionada por la confrontación territorial, donde los polos de referencia ya no están representados por CiU y el PP (que podían, alternativamente, enfrentarse o coaligarse, en función de cuál fuese el eje de competición predominante), sino por ERC y Vox, partidos llamados a combatirse de manera agónica e irremediable.
El resultado de esta dinámica se puede ilustrar de muchas maneras, pero hay una que resulta particularmente llamativa. Pues no se trata solo de que se agudice el conflicto entre centro y periferia, sino que esta dinámica implica también que cuanto más a la izquierda vota Cataluña más a la derecha vota Madrid, como consecuencia de que el independentismo se radicaliza a la izquierda y el españolismo a la derecha. Desde este punto de vista, Cataluña ha conseguido un registro histórico, toda vez que, de acuerdo con el estudio preelectoral del CIS, el votante medio catalán se auto ubica en el punto 3,9 de la escala ideológica, a medio camino entre la ubicación del PSC (4,6) y la de ERC (3,3). En comparación, el votante medio español se situaba en ese momento en el 4,6. Para hacernos una idea de lo que significa esa distancia, digamos que si el votante medio español se desplazase esas siete décimas que le separan del votante medio catalán hay pocas dudas de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias gobernarían con mayoría absoluta. Pues bien, con ese dato de ubicación ideológica (3,9), cabía la posibilidad de un retorno al tripartito de izquierdas o de un gobierno de izquierdas con apoyo del PSC, pero la política catalana ya no funciona así. La ironía de esta situación es que el gobierno tripartito fue la fórmula promovida por Maragall que ahora ERC se niega a reeditar, dándose la paradoja de que mientras en la conservadora Alemania los partidos discuten sobre la conveniencia de aislar a la extrema derecha, en la progresista Cataluña se discute sobre la manera de acordonar a la socialdemocracia. Tal es la capacidad inclusiva de los republicanos catalanes que llegaron al poder de la mano del tripartito.
Con estos antecedentes, son muchos los factores que influyen en el voto, pero en el caso de Cataluña hay uno que destaca sobre todos los demás: la preferencia por el modelo territorial, tal como podemos deducir del estudio preelectoral del CIS. Así, una vez que controlamos el efecto de los demás factores, nos encontramos, por un lado, con que la demanda de recentralización del Estado de las Autonomías (sea como reducción de competencias o como simple eliminación de las mismas) duplica la probabilidad de voto a los partidos españolistas (Cs, PP y Vox). En tanto que, por otro, la demanda de independencia multiplica exponencialmente el voto a ERC y, sobre todo, a Junts. Entre medias, los votantes del PSC son los únicos que están conformes con el statu quo y que no parecen afectados por esta controversia. Esto deja poco margen para que otros temas entren en la agenda política, pero el problema no termina ahí. En el clima de campaña permanente que vive Cataluña, la polarización en torno a este asunto orilla cualquier otra consideración, de tal forma que la gestión y la rendición de cuentas pasan a segundo plano, lo que degrada la calidad de la democracia.
En principio, los resultados del 14-F admiten dos escenarios igualados en términos de apoyo parlamentario: una mayoría de izquierdas o una mayoría independentista. El anunciado desplome de la participación ha terminado por dar la puntilla a Ciudadanos, con lo que desaparece cualquier posibilidad de mayoría constitucionalista. En consecuencia, ERC tiene la llave del gobierno. En este punto, conviene recordar lo que está en juego: Cataluña no tiene peso suficiente para marcar el rumbo de España, pero sí para desestabilizarlo. Si ERC quisiese contribuir a lo primero, podría facilitar un gobierno de izquierdas donde lo relevante ya no es tanto la participación del PSC como la posibilidad de retomar la mesa de negociación acordada entre el PSOE y ERC sin la tutela de Puigdemont.
Si, como todo parece indicar, ERC opta por un nuevo frente independentista, la amenaza de bloqueo en Cataluña podría extenderse a España justo en el momento en que el gobierno de Pedro Sánchez está a la espera de que Europa dictamine las condiciones para que España pueda recibir los fondos de recuperación. En esa tesitura, las tensiones en el gobierno de coalición pueden aumentar, pues si Pablo Iglesias no consigue una fórmula de gobierno en Cataluña que resulte satisfactoria para sus intereses, tendría menos incentivos para aceptar una condicionalidad europea que no sea de su agrado.
De acuerdo con un clásico de la sociología, las situaciones de disgusto o insatisfacción admiten tres tipos de respuesta: reafirmar la lealtad, alzar la voz o tomar la salida. En el caso de ERC, una vez que el procés fracasó y que Cataluña no encontró la salida, podemos suponer que va a aprovechar su victoria sobre Junts para levantar la voz en la mesa de negociación. Queda por saber qué respuesta va a dar el gobierno de Pedro Sánchez y qué opciones (lealtad, voz o salida) baraja el vicepresidente segundo del gobierno en este nuevo escenario.
Juan Jesús González es catedrático de Sociología de la UNED.