Sostiene Melville que las diferentes ballenas «concuerdan exactamente en todos sus rasgos principales» y que las «subdivisiones basadas en diferencias sin significado» hacen «repelente» la Historia Natural. Otro tanto podría decirse de nuestro Estado de las Autonomías; pero hemos ido demasiado lejos y cuando el Congreso rechace pasado mañana por goleada transferir a Cataluña la competencia para organizar la consulta soberanista, Rajoy recibirá el mandato implícito de impedirla por todos los medios legales. Incluido el uso legítimo y proporcionado de la fuerza.
Si Mas es tan tonto como para «replantado en su propio martillo» -así veía Max Aub a ciertos catalanes- tratar de consumar el 9 de noviembre su desobediencia al Estado, terminará convirtiendo al jefe del Gobierno en héroe a pesar suyo y le garantizará un segundo mandato en la Moncloa. Si actúa con más astucia y utiliza la prohibición como plataforma victimista de cara a las municipales, o a unas autonómicas anticipadas, sólo conseguirá alargar y encrespar la escalada de la tensión.
Al final el desenlace tendrá que ser el mismo porque su trayectoria unilateral hacia la independencia, ayuna de la más mínima cobertura internacional y sin encaje posible en la legalidad, habrá entrado definitivamente en vía muerta. Imaginar que la Generalitat pudiera encomendar a los Mossos d'Esquadra que hicieran frente a un mandamiento judicial que ordenara retirar las urnas sería pensar que la tragedia del 34 puede repetirse no ya como farsa sino como vodevil. «Los catalanes podemos hacer el ridículo de uno en uno, pero no deberíamos hacerlo colectivamente», me decía hace unos días un gran señor del Ampurdán.
Pero una cosa es que el plan Mas vaya a acompañar indefectiblemente al plan Ibarretxe en el cajón de los juguetes rotos del nacionalismo, y otra, que un Estado democrático deba conformarse con abortar de plano un anhelo de una porción minoritaria pero significativa de su ciudadanía. Podemos repetir con Madariaga que los separatistas son «españoles que se creen no serlo» e incluso tildarlos como Machado de «españoles incompletos», pero eso no va a desanimarlos ni a sacarles de su error.
Mientras he sido director de EL MUNDO no he respondido a quienes exhumaban de manera contumaz unas palabras mías de 1994 en favor del «derecho a la autodeterminación de los vascos», tildándome de incongruente y cosas mucho peores, para que nadie creyera ver a nuestro periódico a la defensiva. Ahora que he ganado la libertad del que sólo actúa en su propio nombre, recordaré por igual a ponderados y majaderos, que apenas un año antes las Naciones Unidas habían aprobado la Declaración de Viena proclamando que «el derecho de libre determinación» de los pueblos se concreta en que puedan «determinar libremente su condición política» y «perseguir libremente su desarrollo»; pero añadiendo que «nada de lo anterior autoriza o fomenta quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo».
Desde esta perspectiva los vascos y los catalanes, como el resto de los españoles, se «autodeterminan» participando en el proceso político y votando en las elecciones. Es verdad que a menudo se invoca la autodeterminación -o el aún más ambiguo «derecho a decidir»- como herramienta al servicio de la secesión. A ese respecto de la Declaración de Viena podría deducirse un reconocimiento abstracto, seguido de una denegación expresa. La aparente contradicción se resuelve dando por sentado que en una democracia las aspiraciones secesionistas de una minoría son un asunto interno que debe afrontarse por cauces legales. Por eso yo añadí hace 20 años que «nada habría que objetar» si el País Vasco -o para lo que nos ocupa Cataluña- se separara «democráticamente» del resto de España. Y, como se verá, eso no se reduce a la mitad más uno de los votos cosechados en un aquí te pillo aquí te mato.
A quienes llegados a este punto pudieran preguntarme cómo se concilia la posibilidad de secesión con la «indisoluble unidad de la nación española» establecida por nuestra Carta Magna, acaba de contestarles el Tribunal Constitucional en una resolución unánime, impregnada de sutileza jurídica y trascendencia política. Después de negar taxativamente que el pueblo catalán sea sujeto de soberanía y cerrar cualquier vía a la consulta que pretende organizar la Generalitat, precisando que no pueden existir «espacios libres de la Constitución», el alto tribunal desemboca en el Apartado C de sus conclusiones en dos palabras -«ahora bien»- que por separado son inanes, pero juntas adquieren un elocuente valor adversativo, potenciado por el principio que introducen.
«Ahora bien, la primacía de la Constitución -dice la sentencia- no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de 'democracia militante'». ¿Qué significa esto en román paladino? Pues que ahora no existe una vía legal a la independencia porque la Constitución lo impide; pero no lo impide porque, parafraseando a Lincoln, la indisolubilidad de España esté «escrita en el cielo» sino porque así quedó establecido en 1978 por los constituyentes con el amplísimo respaldo de los españoles.
Podrá alegarse que el Tribunal Constitucional ya había dicho esto más veces; pero al hacerlo ahora de forma tan deliberada y en el momento álgido del debate soberanista, bien cabe entender que se está produciendo un tránsito desde una concepción hermética de la unidad de España como algo preexistente, intocable e inmarcesible que la Constitución se limitó a reflejar como lo haría un espejo, hacia su consideración dinámica como fruto de la voluntad expresada por los españoles en una determinada coyuntura histórica.
Esto implicaría que la búsqueda de un consenso interno ha terminado alejando al alto tribunal del paradigma clásico de los Estados que no admiten cuestionar sus límites, y lo ha acercado al espíritu del famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canadá que estableció los parámetros para una eventual secesión de Quebec, e, incluso, a la filosofía política que, a falta de Constitución escrita, ha conducido al Reino Unido a permitir el referéndum en Escocia bajo determinadas condiciones. Yo también atisbo, como Joan Tapia, «una pista de aterrizaje» en medio de la bruma.
El tenor de esta sentencia viene a dar amparo a la tesis de fondo de la obra colectiva, liderada por el nada sospechoso Joseba Arregui, que con el título La secesión de España se presentó casi de puntillas hace unos días en el Centro de Estudios Constitucionales. Su argumento principal es que nada fortalecería tanto a la España constitucional y desnudaría más al irredentismo nacionalista como una regulación del derecho de secesión bajo el control soberano del conjunto del pueblo español. Se trataría, precisamente, de romper el tabú para que el reconocimiento de ese derecho diera estabilidad a España, «pero no por estar prohibido, sino por ser posible».
Especialmente interesantes son los capítulos en los que los profesores Ruiz Soroa -a quien corresponde la anterior paradoja- y López Basaguren -zahorí de lo que llama «compleja concurrencia de voluntades»- extrapolan los requisitos que a la luz de la llamada Ley de Claridad canadiense y de la praxis británica deberían exigirse para afrontar una consulta independentista en una comunidad autónoma: 1) Una comisión del Congreso de los Diputados controlaría el proceso. 2) La pregunta sería clara e incondicional, sin grotescas alternativas intermedias como la que plantea Mas pretendiendo imponer la forma en que Cataluña se quedaría en España. 3) Para que su resultado produjera efectos políticos se requeriría una mayoría reforzada en ningún caso inferior a la mayoría absoluta del censo. 4) Cualquier provincia -sea Álava o Tarragona- en la que no se superara esa barrera quedaría excluida del proceso. 5) Se fijaría un intervalo de al menos 20 años antes de que pudiera repetirse la consulta. 6) Cumplidas todas las demás premisas se entablaría una negociación para fijar los términos, plazos y obligaciones respectivas hasta culminar la secesión.
¿Difícil, verdad? Naturalmente que sí, porque una cosa es que en puridad democrática 500 años de unidad puedan llegar alguna vez a su término, y otra que baste para ello un simple arreón de los herederos de «las molleras desvanecidas del café Pelayo» que decía Galdós.
Discrepo además radicalmente de los mentados ponentes en que algo de esto pueda plantearse antes de una reforma constitucional. Ellos sostienen que la modificación de la Carta Magna supondría el cenit del proceso, de forma que la última palabra estaría en boca de todos los españoles. Mi réplica es que volver a colocar el carro antes que los bueyes sólo serviría para multiplicar el equívoco del Estatut cuando los socialistas aprobaron en las Cortes cosas que repudiaban, seguros de que el Tribunal Constitucional les haría el trabajo sucio a posteriori.
Estamos abocados a una reforma de la Constitución en la que se promedien e integren los planteamientos legítimamente defendidos por el PSC, la izquierda federalista y en cierto modo por Durán Lleida y el nacionalismo pactista, con los de quienes como UPyD, Ciudadanos y yo con ellos, anhelamos que se fortalezcan las competencias del Estado en ámbitos como educación, justicia, sanidad o urbanismo y se refuercen los mecanismos que garanticen la lealtad institucional de todas las autoridades. Sólo el inmovilista Rajoy -en su estupendo artículo del miércoles Guillermo Gortázar denominaba arriolismo al rajoyismo- finge ignorar la necesidad de esta legitimación reconstituyente, pero eso puede arreglarlo el ciclo electoral que comienza el mes que viene.
Tras el revés que sufrirán este martes, los políticos nacionalistas catalanes tendrán en todo caso que demostrar que no son el simple desecho de tienta descrito por Chaves Nogales durante la República y que el seny es algo más que el «sedimento» de los «accesos de desmesura» de la rauxa como, cargado de razón histórica, alega Ricardo García-Cárcel. Al final de uno de sus más interesantes libros, Ernest Lluch les dejó la receta de una muy recomendable medicina: «Anar contra corrent, infringir les velles divisòries, traspassar fronteres y ser autosubversiu». Lo cual también es por supuesto aplicable a quienes no somos ni nacionalistas ni catalanes, pues más pronto que tarde todos nos sentiremos concernidos por lo que será una negociación encaminada a cambiar legalmente la legalidad.
Pedro J. Ramírez, exdirector de El Mundo.