Cataluña: entre tirios y troyanos

Uno de los aspectos más irritantes del “proceso soberanista” catalán es la poca calidad del debate (si puede llamarse así) sobre la posible independencia de Cataluña. Y a ello han contribuido tanto los detractores de esa independencia como sus mismos partidarios.

En el ámbito de la Ciencia Política la teoría de la elección racional ha sido objeto de profundas críticas y goza de un amplio descrédito; sin embargo, hay un fondo de verdad en ella que puede ser un buen punto de arranque para entender la desazón que invade a más de uno cuando asiste al rifirrafe entre independentistas y antiindependentistas.

Simplificando mucho, la teoría dice que las personas votan para satisfacer sus preferencias individuales, partiendo del supuesto de que las personas son capaces de identificar sus propias preferencias y también las opciones políticas que les permiten maximizarlas. En otras palabras, las personas votan para obtener el máximo beneficio posible (en forma de leyes, políticas públicas, estatus político) al mínimo coste posible. Esta enseñanza básica es la que ha venido al traste en la discusión pública sobre el proceso soberanista catalán.

Veamos la cuestión por el lado antiindependentista. En la perspectiva de un debate serio, el primer problema es obvio: el antiindependentismo parte del principio de que no se puede preferir la independencia. Hubo un tiempo en el que se defendía que todas las opciones políticas, incluido el independentismo, eran legítimas, siempre que se expresaran de manera pacífica; para el antiindependentismo actual, esto ya no es así. Naturalmente, el discurso antiindependentista no se acaba ahí. Puesto que de hecho hay muchas personas que prefieren la independencia hay que entrar más a fondo. Y aquí viene el segundo y acaso mayor problema del antiindependentismo: su pretensión de que los independentistas se equivocan porque la independencia no es la respuesta adecuada a sus verdaderos intereses. Los independentistas son tratados como “tontos irracionales” que no desean otra cosa que el suicidio de Cataluña —una metáfora que resume los terribles costes que supondría la secesión—. Sin duda, no todos los antiindependentistas son tan extremados como Miguel del Amo, Xavier García Albiol, Carmen Iglesias, Joaquín Leguina o Clemente Polo (por citar solo a un puñado de los abonados a la metáfora de la autoinmolación); pero aunque sea tomando otros cauces menos dramáticos el discurso que se propaga es de estricta deslegitimación. En este empeño se omiten o tergiversan las enseñanzas de la política comparada: por ejemplo, ¿por qué Quebec pudo organizar nada menos que dos consultas si la Constitución canadiense no prevé el derecho de secesión? Puestos a desbarrar, hay quien es capaz de preguntarse sin ruborizarse que para qué quieren la independencia los catalanes si España es el Estado más descentralizado del mundo. Para desmentirlo no es necesario acudir a Bélgica, Suiza o Bosnia-Herzegovina; incluso un Estado federal aparentemente tan uniforme como Alemania supera en algunos ámbitos el nivel de descentralización español (en Alemania, por ejemplo, no existe un Ministerio federal de Cultura). Los antiindependentistas más abiertos se atreven a proponer una consulta en la que voten todos los españoles, algo que tampoco tiene apoyo en la política comparada: desde el plebiscito para unir el Condado Venaissin a Francia en 1791, pasando por las dos consultas de Quebec, hasta el referéndum de Escocia en 2014, la norma es que solo voten los ciudadanos del territorio afectado.

Pero como decíamos el problema no está solo en el campo antiindependentista. Dentro del independentismo catalán se cometen pecados simétricos a los del antiindependentismo español. Para empezar, se parte del principio de que no se debe preferir mantener la unión con España. Los líderes independentistas defienden una consulta en la que lógicamente se pueda votar en contra de la secesión, pero existe toda una caverna independentista (la expresión es de Eduard Voltas, un independentista muy acreditado) que crucifica al cantante Raimon cuando se declara no independentista o al profesor Quim Brugué cuando explica que no ve suficientes garantías democráticas no ya en el “proceso participativo” del 9 de noviembre sino en la consulta que se preveía inicialmente.

En este punto, al independentismo le pasa algo parecido que al antiindependentismo. Puesto que hay ciudadanos que no son independentistas hay que decir algo más. Aquí la tesis independentista es calcada de la posición antiindependentista: en este caso, los no independentistas se equivocan porque cualquier cosa que no sea la independencia no es la respuesta adecuada a sus verdaderos intereses. Si los ciudadanos quieren una democracia de calidad o un Estado de bienestar digno de ese nombre (y quién no lo quiere) solo lo conseguirán en un “país nuevo”. Poco importa que los previsibles líderes del país nuevo hayan dado sobradas muestras de incompetencia en distintas esferas (por poner solo un par de ejemplos que afectan a la calidad de la democracia, en 34 años los políticos catalanes no han sido capaces de pactar su propia ley electoral y sí han instaurado unos hiperpolitizados órganos de control de los medios de comunicación públicos que se hallan a años luz de sus supuestos referentes británicos). Aquí también se dan coincidencias retóricas con el antiindependentismo. Si para el antiindependentismo la secesión equivale a la muerte, para el independentismo lo es el statu quo. En 2011, Jordi Pujol (con perdón) ya pronosticó que “si la idea de España que ahora prevalece se consolida, la alternativa está entre la independencia y la gradual desaparición de la catalanidad y de Cataluña”.

Como es evidente, no hay punto de encuentro posible cuando la estrategia consiste en negar la racionalidad del bando contrario en lugar de calibrar sus argumentos. La conclusión final se expresa en una fórmula latina: Tertium non datur. Los independentistas ya no quieren oír hablar de nada que no sea la independencia; como dijo Oriol Junqueras, “la tercera vía no tiene ni estación de salida”. Y los antiindependentistas no quieren oír hablar de nada que cuestione la indivisible soberanía del pueblo español. Es cierto que el PSOE ha puesto sobre la mesa la idea de una reforma constitucional. Pero la posición de fondo de la actual dirección socialista no va mucho más allá de lo que dijo en septiembre el presidente del Consejo de Estado: la solución consiste en “convencer a los catalanes de que la unión hace la fuerza y que la suma es positiva, y que la resta y la división producen problemas en la prosperidad”. Como puede verse, en su metafórica declaración Romay Beccaría omitió una de las cuatro reglas. Pues bien: si la respuesta española al descontento catalán se reduce a eslóganes bonitos, lo único que cabe esperar en la próxima votación de verdad es que los votos independentistas se multipliquen.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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