El déficit de inversiones en infraestructuras en Cataluña y la baja ejecución anual de las partidas presupuestarias aprobadas, además del deficiente sistema de financiación autonómica, son los argumentos recurrentes para justificar el sentimiento independentista que ha calado en una parte de la ciudadanía catalana.
Se soslaya, así, interesadamente, la acción y presencia constante de España en Cataluña. Entre 2006 y 2015, Cataluña ha recibido 8.283 millones de euros en inversiones a través del Ministerio de Fomento. Ha sido la comunidad autónoma que mayor cantidad de recursos ha recibido, el 17,8% del total. Especialmente destacable ha sido el esfuerzo inversor en infraestructuras tan importantes para el desarrollo económico y la competitividad de Cataluña como los aeropuertos o el AVE. No hay que olvidar que es la única comunidad autónoma que tiene conectadas todas sus capitales de provincia con el tren de alta velocidad.
Cataluña ha sido también la mayor beneficiada de los distintos mecanismos financieros creados para rescatar a las comunidades autónomas durante la crisis, ya que ha recibido un tercio de los fondos generados. Y las entidades financieras que lo han necesitado, como Cataluña Caixa, han recibido del FROB, otro mecanismo estatal, 12.000 millones de euros. Por no hablar, del apoyo institucional recibido del Gobierno de España cuando ha sido necesario, por ejemplo, para retener el Mobile World Congress, un evento que sólo en la última edición dejó en Cataluña unos ingresos de más de 465 millones de euros y generó 13.000 puestos de trabajo.
Como señalaba, la actuación del Estado no sólo se materializa a través de las inversiones, sino que en los últimos años ha actuado como un soporte financiero imprescindible a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el resto de mecanismos de financiación para las Comunidades Autónomas puestos en marcha por el Gobierno central.
Desde el año 2012, se han inyectado en Cataluña más de 63.000 millones de euros -8.500 euros de media por cada ciudadano catalán- que han evitado la quiebra de la comunidad autónoma, porque le permitieron obtener recursos cuando los mercados financieros internacionales se los negaban, y han hecho posible el pago de facturas atrasadas, sin el abono de las cuales muchas empresas catalanas se habrían visto también al borde del abismo. Estos fondos han servido también para reducir la factura financiera de la Generalitat, que llegó a abonar unos intereses del 7,75% y ahora paga el 0,8%.
Un ahorro que entre 2012 y 2015 puede cuantificarse en más de 15.700 millones de euros, cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que el presupuesto de gastos para Cataluña en 2017 asciende a 23.800 millones.
Son datos que avalan mi visión de que a Cataluña siempre le irá mejor dentro de España que fuera. España no puede prescindir de Cataluña, porque constituye una pieza fundamental en el engranaje político, económico y social del Estado. Pero Cataluña tampoco puede prescindir de España.
La pérdida del apoyo financiero que está recibiendo de España (no olvidemos que para este año 2017 la Generalitat solicitará al FLA otros 7.300 millones de euros) y la repercusión de una eventual salida de la Unión Europea en cuestiones como las exportaciones catalanas, la emisión de deuda o la continuidad del euro como moneda, son elementos que no hay que perder de vista para evaluar los efectos económicos de una eventual secesión.
Los empresarios tenemos que dedicarnos a crear empleo y a generar bienestar, no a hacer política. Pero podemos, y debemos, demandar a los políticos que trabajen para que la economía crezca y la sociedad progrese, no para generar enfrentamiento y disenso.
Por tanto, tenemos que trabajar para concentrar nuestras energías en aprovechar los cauces de diálogo, que en todo caso deben abrirse, para mejorar el encaje de Cataluña en España y para para que se reconozca plenamente la importancia de su aportación al resto del país y su peso institucional.
Existen, no obstante, datos objetivos que explicitan la existencia de un cierto déficit de inversión, especialmente en los años más duros de la crisis, tal como puso de manifiesto un informe publicado en 2016 por la Cámara de Barcelona.
La inversión en infraestructuras en Cataluña supuso en 2015 el 9,9% del total, ocho puntos porcentuales inferior al peso de la economía catalana en el PIB español. Además, la ejecución de esa inversión se situó en el 59%, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
En ese sentido, el anuncio realizado días atrás por Rajoy de que el Estado invertirá en Cataluña 4.200 millones de euros hasta 2020 va en la buena dirección. No sólo por la cantidad comprometida, sino por la calidad de los proyectos a los que se dirige. Las inversiones se van a concentrar en infraestructuras que contribuyen a mejorar la vertebración del territorio y la competitividad de Cataluña y, por tanto, de toda España, como es el caso del Corredor Mediterráneo.
Por eso es especialmente decepcionante que la respuesta oficial de la Generalitat a este importante compromiso hay sido menospreciar el anuncio de Rajoy y poner en duda su credibilidad.
El desarrollo del Corredor Mediterráneo es una cuestión de Estado, porque se trata del eje geográfico español más dinámico desde el punto de vista económico y todas las actuaciones que incidan en él repercutirán en los objetivos comentados: mejorará la vertebración y competitividad de todo el país y, por tanto, generará un aumento del bienestar de todos los españoles.
El Corredor Mediterráneo constituye una de las zonas más activas de España, que concentra casi la mitad de la población y del PIB español, y que registra tasas de crecimiento superiores a la media nacional.
Es, además, un eje económico y logístico de primera magnitud: más de la mitad de las mercancías que se trasportan en España transitan por él; dos terceras partes del tráfico marítimo español se efectúa a través de sus puertos, y la mitad de los turistas extranjeros que visitan España elige alguno de los puntos turísticos a lo largo del Corredor.
Sacar partido de todas estas potencialidades requiere continuar y acelerar las actuaciones ya iniciadas en el ámbito de las infraestructuras, particularmente ferroviarias y, en especial, para el transporte de mercancías. Es por ello que cobra especial importancia el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de concluir las diferentes obras de la parte catalana del Corredor en 2020.
El Estado ha invertido ya 13.000 millones de euros en las diferentes ejecuciones llevadas a cabo en el Corredor Mediterráneo, con proyectos encaminados a ofrecer capacidad suficiente para cubrir la demanda actual y futura de transporte de pasajeros y mercancías; a proporcionar una oferta equilibrada de infraestructuras y modos de transporte que permita evitar fricciones entre diferentes tipos de tráfico (de corto y largo recorrido, de pasajeros y mercancías), y a permitir la organización y la gestión de la intermodalidad de una forma óptima, muy especialmente en los nodos de transporte y los centros logísticos.
El pleno desarrollo del Corredor Mediterráneo potenciará el papel de nuestro país como una plataforma logística internacional y contribuirá al crecimiento del comercio exterior, elemento clave para lograr un modelo de crecimiento económico más estable y sostenible.
Las infraestructuras, particularmente las de transporte, no sólo son determinantes de la productividad y competitividad de la economía y de las empresas, son también parte fundamental de la eficiencia productiva y de la cohesión social y territorial, especialmente en un Estado miembro de la UE periférico como España.
Los compromisos adquiridos por Mariano Rajoy muestran una inequívoca voluntad de tender puentes. Estamos a tiempo de retomar el diálogo y trabajar con la vista puesta en el futuro.
José Luis Bonet es presidente de la Cámara de Comercio de España.