Cataluña: la falacia de elegir entre salud y elecciones

Reconozcámoslo: pasarse por el forro los derechos constitucionales de casi seis millones de ciudadanos, dejar con la palabra en la boca a más de 3.000 candidatos, detener la maquinaria electoral de 28 partidos, contrarrestar la alambicada estrategia política del presidente del Gobierno, desoír el mandato a la vez de una ley orgánica y de un estatuto de autonomía, perpetuarse sine die en el poder… y hacer todo eso sin más herramienta que ocho líneas de texto en un diario oficial es una proeza solo al alcance de algunos cráneos privilegiados. Entre los cuales nadie podría sospechar que se hallara el de Pere Aragonès, presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña.

Pero eso es, en apretada síntesis, lo que va a suponer la decisión -consensuada, se dice, pero solo entre los partidos nacionalistas- de anular la cita con las urnas el 14-F. Y digo «anular» -y no como otros, eufemísticamente han dicho «aplazar»- porque eso es lo que implica ese «se deja sin efecto la celebración de las elecciones» con el que se abre el art. 1 del decreto publicado el pasado sábado: la cancelación de una cita electoral ya formalizada y en marcha, a cambio del mero compromiso de llevarla a cabo en una fecha futura. Compromiso cuyo valor habrá de calibrarse en función de la credibilidad de quien lo suscribe (cero) y del rango normativo del documento en que se plasma (un simple decreto de Presidencia, susceptible de ser derogado por otro mañana mismo), y que además ya viene subordinado a la necesidad de llevar a cabo un «previo análisis […] de la evolución de la pandemia en Cataluña» que cualquier buen entendedor consideraría premonitorio de nuevas inyecciones de tacticismo, oportunismo y partidismo.

Y todo ello en clara vulneración no solo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que no contemplaba -y gracias a la indolencia de este Gobierno, más preocupado por los muertos del pasado y del futuro que por los vivos del presente, sigue sin contemplar- fórmula alguna para la cancelación de unas elecciones ya convocadas, sino también del mismísimo Estatut de Cataluña, cuyo articulado impone la disolución automática del Parlament y la convocatoria inmediata de elecciones cuando -como sucedió el pasado septiembre- falte un candidato a la Presidencia. Mandato de rango estatutario que un simple president en funciones considera susceptible de derogación por decreto.

Se dirá que todo ello es consecuencia de una pandemia descontrolada, en la que lo sensato es primar el derecho a la salud sobre el derecho al voto. Pero, a diferencia de lo que sucediera el pasado año con las elecciones vascas y gallegas, trasladadas de abril a julio, el Gobierno catalán no puede alegar a estas alturas sorpresa, sino solo indolencia. Y es que con menos de tacticismo, más de voluntad y una pizca de planificación, Cataluña podría haber garantizado que el 14-F se pudiera votar con la misma seguridad con la que se podrá acudir al supermercado. Tremenda paradoja, que quienes tanto se indignaron por no poder votar cuando no tenían derecho a ello, se hayan preocupado tan poco por poder hacerlo ahora que la ley les obliga a ello.

Carlos Flores Juberías es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

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