Cataluña, los espíritus del pasado

Carlos Marx ironiza sobre los que quieren emular a personajes o revivir grandes epopeyas del pasado sin valorar sus propias capacidades ni las nuevas circunstancias históricas en las que se mueven. Toma prestado un pensamiento de Hegel, que apostilla, acuñando una frase que se ha citado hasta la saciedad aunque generalmente no de forma completa: «Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez, como farsa... Se conjuran los espíritus del pasado… se toman prestadas sus consignas... Así Lutero se disfrazó de apóstol Pablo...». Comienza así Marx su trabajo «El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte» contraponiendo su golpe de Estado al de Napoleón. Si lo hubiera hecho sobre la república catalana, mejor que la cita de Hegel le habría venido la película de Bill Murray sobre el día de la marmota.

Esto no priva de interés el ejercicio de distinguir dentro de la maraña de los acontecimientos producidos en cada una de las cinco proclamaciones de la república catalana, aquellos que se repiten una y otra vez, de forma que se puedan separar las categorías de las anécdotas, y construir pautas de comportamiento a efectos del análisis histórico y la predicción política.

Por ejemplo, las sucesivas proclamaciones de la república catalana a lo largo de la historia han sido siempre de una brevísima duración, podría decirse sin exagerar que de una duración prácticamente inexistente. La del pasado octubre se ha ajustado con rigor a esta costumbre, que se convierte así en parte de la categoría.

Lo mismo sucede con la participación activa del Ayuntamiento de Barcelona y el carácter enredado y confuso del proceso de proclamación. Quizás ha sido la última la que ha generado una mayor sensación de confusión con declaraciones siempre ambiguas y muchas veces contradictorias, probablemente por el deseo de los impulsores del desmán de diluir en un marasmo de palabras su responsabilidad penal en los hechos.

Tampoco es novedosa la huida al exilio de algunos de los inspiradores del proceso. La huida de Puigdemont está próxima en su ejecución silenciosa a la del presidente de la República Española don Estanislao Figueras, quien, con motivo de la proclamación en 1873 de la república catalana, abandonó el país tomando a escondidas el tren a París. Previamente había proclamado en el Consejo de Ministros que estaba «hasta los co .... de todos nosotros» lo que, vista la situación del país, era perfectamente justificado. Por el contrario está mas alejada de la conducta de Companys que, exiliado en Francia después de sufrir prisión, se negó a huir cuando las fuerzas alemanas ocuparon el país, para no abandonar a su hijo enfermo, lo que motivó su entrega a España y fusilamiento.

Tres son las novedades importantes en el ultimo episodio de octubre de 2017.

En primer lugar la proclamación de la siempre efímera república catalana ha ido acompañada de una declaración de independencia que estuvo ausente en las proclamaciones de 1873, de 1931 y de 1934, donde se manifestaba el deseo de permanencia dentro de un Estado federal español. En 1648 tuvo lugar la separación de España pero con el sometimiento a la soberanía francesa. Es justo pues atribuir a Puigdemont y a sus socios políticos la primera declaración de independencia pura y simple de la república catalana, sin otros condicionamientos nacionales o internacionales; y es razonable temer que se ha iniciado con ello una nueva pauta fija de comportamiento para las futuras proclamaciones de la república catalana.

En segundo lugar, por parte del Estado español las consideraciones jurídicas han prevalecido sobre las políticas de forma abrumadora. Las fronteras entre uno y otro campo no siempre son fáciles de deslindar. Pero lo cierto es que no se ha planteado la cuestión en el seno de un proceso constituyente como en 1873 o 1931, sino bajo un régimen constitucional ya asentado, en el que lo jurídico debe de prevalecer sobre lo político. Por más que les pese a los independentistas y demás veneradores de la suprema doctrina del diálogo.

Ha sido de gran alivio ver el funcionamiento rápido y eficaz de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales estatales y autonómicos involucrados. La independencia de todos ellos no ofrece dudas, y sus decisiones han estado siempre sólidamente fundamentadas. Es legítimo disentir de las decisiones judiciales. La de prisión provisional para Junqueras y otros consellers, aplica un criterio diferente al del Tribunal Supremo con Forcadell y tampoco valora la diferencia entre la situación del huido Puigdemont y la de quienes han comparecido obedientemente ante el juzgado. Puede ser reconsiderada por el propio juez o por el órgano judicial superior y no sería sorprendente que lo fuera.

Lo más novedoso en esta edición ha sido el «traslado» de empresas catalanas a otros lugares en España, muy especialmente las principales entidades cotizadas y financieras. La publicidad del hecho ha producido un efecto político indudablemente demoledor para los separatistas. A corto plazo. Y un efecto beneficioso, permanente, para las compañías, que, con un mero trámite formal de cambio de domicilio en el Registro Mercantil y sin traslado real de la empresa, alejan riesgos de boicot a sus productos y se garantizan el amparo de la seguridad jurídica del Estado español. Estas compañías ostentan un gran poder e influencia en una comunidad de gran tradición industrial y comercial como Cataluña, y dejarán de sentir en el futuro la necesidad de ejercer su legítima presión sobre la Generalitat para evitar un nuevo «procés»: su interés está ya a salvo fuera de Cataluña. Una hipotética España sin Cataluña ya no sería solo, como hasta ahora, su principal cliente; también su principal inversor y, por tanto, el primer interesado en la buena marcha de su economía.

El supuesto proceso de deslocalización empresarial se ha ajustado una vez más a la tradicional estructura de las relaciones con los nacionalistas: favores temporales a cambio de concesiones permanentes.

Mal negocio, si la historia vuelve a repetirse.

Daniel García-Pita Pemán, jurista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *