Cataluña: luchar por la verdad

Nuestras sociedades olvidan un detalle que ya observó Tucídides. La postverdad es la norma de la condición bélica. Se genera desde la hostilidad y consiste en una mezcla de cinismo, descarada seguridad en sí mismo y aplomo que oculte la desesperación. Su finalidad es mantener la reputación, algo decisivo en la lucha. Pues bien, cualquiera que conozca la historia identificará que las autoridades de Cataluña están en una situación semejante a la de 1462, 1640 o 1705. La diferencia es el tabú de la violencia. En este enfrentamiento ganará quien logre disparar la violencia activa del otro. Por eso las autoridades de Cataluña necesitan un uso masivo y provocador de postverdad. Lo cierto es que el Estado no puede responder con la fuerza. Ha de responder con una verdad que sea compartida por la sociedad.

Las luchas se ganan con verdades. La previsión de las autoridades de Cataluña es que el Estado la pierda por su imprudente impaciencia autoritaria. Es mala estrategia esperar los fallos del otro, pero al independentismo no le queda otra. Este es el síntoma de que no goza de verdad propia. Esta frase es antintuitiva, lo sé. La verdad del independentismo es su capacidad de movilizar a los dos millones de catalanes conscientes de ser una comunidad orgánica. Esto es una realidad innegable. Pero saben que no es base suficiente para ganar esta lucha. Ni siquiera en la mayor excitación apocalíptica han pasado del 40% de la población. Si bien el 80% de los catalanes quiere un referéndum, la mitad de ellos no ha considerado el celebrado el 1-O como suyo. De ahí la situación límite de Puigdemont y su esperanza en el fallo del Gobierno español. El domingo 1 de octubre ese fallo estuvo a punto de darle la victoria.

La declaración de independencia es una inclinación política de los independentistas, pero no porque el resultado del referéndum sea base suficiente ni vinculante. Porque no superan el 40%, los independentistas necesitan dar ese paso para no perder apoyo social, defender su reputación y mantener el proceso. Si fueran el 70%, se sentirían tan fuertes que buscarían una solución menos drástica. Cualquiera que observe la evolución de Cataluña podrá concluir que esta situación es fruto del fracaso histórico de los representantes del nacionalismo catalán al no aumentar el sentido de la patria catalana entre la población emigrante. Por eso, dichas elites tienen que recurrir a esta solución de urgencia, para asegurar su liderazgo y su dominación política. Pero ellos saben que al ceder a esa agenda van más allá de lo legítimo, de lo racional y de lo razonable. Tratan de evitar una derrota definitiva al precio de sumir también a España entera en una crisis general. Nadie en su sano juicio puede secundar este programa de negatividad.

En suma, estamos aquí por el fracaso del pujolismo y la carencia de un proyecto hegemónico alternativo para la defensa de la personalidad histórica de Cataluña. Esa carencia, producida por la corrupción endémica, ha manifestado el verdadero dilema: o se intensifica el sentido excluyente de patria catalana o esas masas de ciudadanos tibios podrían darle el poder a cualquiera. Ese juego a la desesperada, que procede del vértigo ante el peligro de desaparecer como pueblo histórico, lleva a los líderes independentistas a la necesidad de la postverdad: tienen que presentar como derivado de los derechos fundamentales lo que es un intento de asegurar el poder político con el 40% de la población que se identifica con la patria catalana homogénea. Para eso necesitan que se cumpla su previsión de que Rajoy se comporte como Fraga Iribarne.

Esta situación tendremos que arreglarla nosotros. Europa ha hablado. Para alguien instalado en la postverdad, sus palabras son más bien inaudibles. Europa no habla más alto ni más claro. Pero de lo que ha dicho se deriva que nos deja solos. Si España ha de ser principio de realidad para Cataluña, y Cataluña para España, entonces no podemos ir a una guerra. El independentismo no puede dividir Cataluña en dos mitades: los que están fuera de la comunidad orgánica catalana, ya convertidos en metecos, y los que tendrán asegurada para siempre la gobernación y el manejo de la fiscalidad. No se puede ocultar ese cálculo antidemocrático bajo la apariencia de un derecho democrático fundamental. Pero la sociedad española (incluida la catalana no independentista) no puede caer en la desesperación. La gente de España ha sufrido mucho, pero no está desesperada. No podemos dejarnos arrastrar. Y para eso necesitamos reconocer, promover y fundar una verdad.

Europa nos deja solos, pero no tanto. Nos da las armas con las que resistir en este conflicto: euro y derecho. Su operatividad producirá efectos positivos incluso en los que se sitúan al otro lado. Pero para usar esta arma, debemos tener paciencia y asumir que Cataluña vivirá en medio de la confusión durante un tiempo, y que España pagará un precio por resolver pacíficamente este conflicto. Sólo así saldremos de esta prueba sin las sombras y las confusiones con las que salimos del 23-F, y el Estado aumentará su prestigio entre las democracias del mundo. La resolución de este enfrentamiento estará cercana si se impone el principio de realidad: sin moneda reconocida según derecho no hay Estado, porque no habrá una sociedad segura de su futuro. Que Artur Mas lo haya afirmado así, ya es un paso.

Hay que pensar en la política que vendrá. Hay que corregir el rumbo y olvidarse de esa escalada que lleva a la aplicación del artículo 155 y demás preceptos del antiguo estado de excepción. Eso sería entregarse a una mentalidad tan arcaica como la que repite el gesto de 1462 entre los independentistas. Los últimos acontecimientos han revelado que los dos actores principales de este conflicto han confiado solo en una última ratio: la fuerza. Una fuerza diferente, pero fuerza. El Gobierno, en la potencia mecánica de la ley; los líderes independentistas, en la fuerza compacta de la comunidad orgánica en la calle. Por eso, ambos actores han impreso a este proceso un aspecto bárbaro, que amenaza los aspectos civilizatorios de nuestras sociedades. Ninguna de esas dos fuerzas es decisoria. Es como si cada uno pretendiera arreglar un jarrón roto con la mitad de las piezas.

Por eso no podemos demonizar a ese 40% de catalanes que quieren asegurar su permanencia como pueblo histórico. España debe ayudarles frente a las novedades que la Historia trae consigo. Cataluña alberga la existencia de dos pueblos no suficientemente fusionados, consecuencia de la emigración masiva bajo el franquismo y de la segunda globalización. Por eso, el proceso encierra un dramatismo de fondo, suavizado por la indiferencia de las poblaciones emigrantes, que hasta ahora no han causado problemas de convivencia por su propia invisibilidad subalterna. Pero cuanto más visible se ha hecho la comunidad orgánica, más insoportable ha resultado la anomalía de dicha invisibilidad, como lo demostraron las manifestaciones del 7 y del 8 de octubre. Aquí reside la diferencia entre ese 40% del referéndum del 1-O y el 80% de los que quieren una consulta en forma, que ahora bloquean los independentistas.

Cataluña tiene derecho a disponer de instituciones que sean capaces de garantizar que esas dos poblaciones que alberga en su seno no sólo no se dirijan políticamente la una contra la otra, sino que se socialicen sobre la base de la cultura catalana. Y necesita garantías del Estado de que no va a imponer una representación política que amenace en su tierra a los que se sienten ante todo catalanes. España, por su parte, necesita un compromiso de lealtad como Estado democrático solvente. Sin estas condiciones no habrá pacto futuro. Por eso hay que poner fin a la dinámica de vencedores y vencidos, la peor base para un Estado sólido. Lo demás es correr serios riesgos de involución democrática, tanto en Cataluña como en España.

José Luis Villacañas Berlanga es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

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