¿Qué decir que no esté dicho sobre Cataluña o España? Ahora ya no es momento de opiniones, sino de política. Y la política se ha colado en el comedor de todas las casas catalanas y de buena parte de las que no lo son. El plato de la discordia está servido en muchísimas familias. Quienes tienen —o tuvimos— alguna responsabilidad en la situación creada, tenemos la obligación de decir lo que pensamos, basado en nuestra experiencia, razón y sentimientos, aún a riesgo de que nuestra propuesta política sea leña para el fuego en lugar de bálsamo en la herida. Pues la herida o fuego existe, es grande, y en lugar de curarla o apagarlo, los Gobiernos de casi todos los partidos, tanto centrales como autonómicos, han ido aumentando el desaguisado hasta convertirlo en lo más parecido a una gangrena o incendio cuya curación o sofoco parece difícil. Y hoy los conflictos no se solucionan con bombazos sobre Barcelona cada cincuenta años, como aconsejaba en el siglo XIX el general Van Halen; o enviando al general de turno con unos cañones a la plaza de San Jaime a sofocar la rebelión. Tampoco creo que sirvan de nada las acciones legales que ya ha anunciado el Gobierno de Rajoy, ni tampoco la irrazonable cerrazón de la Generalitat del presidente Mas.
He aquí, pues, una modesta pero práctica receta que me atrevo a prescribir, recogiendo el guante lanzado por personas sensatas del PSOE-PSC (Pedro Sánchez e Iceta) o de personalidades prudentes que estuvieron en la primera línea de la política, en los dos partidos mayoritarios, como Josep Piqué o Jordi Sevilla. Partimos del supuesto, que no parece discutible, de que el modelo constitucional de 1978 está agotado y necesita de una reforma en profundidad o, más bien, de una refundación, manteniendo su espíritu. Quitémosle, entonces, todos aquellos resabios franquistas que quedaron incrustados en ella por necesidades del guión de la Transición. A partir de ahí, ¿cómo organizar el Estado de forma que tanto Cataluña como el País Vasco, o sea sus ciudadanos, se sientan cómodos sin que se menoscaben los derechos de los ciudadanos de otras regiones o comunidades? Parece sencillo si lo que nos guía es el sentido práctico y dejamos las ensoñaciones, bellas pero irreales, a un lado. Voy a centrarme en Cataluña. ¿Qué queremos ser? ¿Una nación o un Estado? Pues doy por supuesto que las dos cosas es imposible ya que supondría la separación inmediata de la Comunidad Europea, el empobrecimiento de Cataluña, la ruina empresarial o, acaso, grandes brotes de violencia. No conozco naciones surgidas al paso alegre de la paz. En cualquier caso, sea el mensaje del miedo o no, los catalanes tenemos que saber que, de obtener la independencia enfrentada a España, supondría la ruina material y moral de varias generaciones. Y no creo que, excepto los ilusos y temerarios, quieran ese escenario.
España, en Cataluña y supongo que en el País Vasco, mantendría unas pocas competencias estatales: el Ejército, la política exterior, la justicia en determinadas materias —entre otras la justicia constitucional— y todos aquellos servicios que, de común acuerdo, fuese irrazonable descentralizarlos porque resultarían antieconómicos y empobrecedores. A este escenario solo puede llegarse desde la legalidad; y la única legalidad posible será la que surja de una reforma —o refundación— sensata de la Constitución de 1978, previamente pactada por todos los grupos políticos que quieran participar en esa reforma y que hayan sido elegidos en los próximos comicios que se celebrarán, aproximadamente, en un año. La actual legislatura está más que agotada. Y aunque la reforma la plantease hoy el Parlamento de Cataluña, carecería del apoyo suficiente en el Parlamento español para llevarla a cabo. Cualquier otro tipo de atajo, contrario a la legalidad, nos conduce a la ruina o a la desolación.
Hace pocos días cuatro embajadores catalanes (Bassols, Perpiñá, Bregolat y Mirapeix) expusieron en La Vanguardia su opinión sobre las catastróficas consecuencias que acarrearía la independencia (salida de la Unión y del euro, deslocalización de empresas, perdida del paraguas del BCE, dificultades de financiación ante la prima de riesgo de la deuda catalana, etcétera). Ante tan contundentes argumentos he escuchado de personas que solían pensar con cordura que esos mensajes catastrofistas no convencen a nadie. Y yo me pregunto: ¿qué otro mensaje, que no sea el de la catástrofe que se produciría con la independencia, puede esgrimirse? O, ¿es qué acaso pueden creer los independentistas, sean radicales o no, que la secesión saldría gratuita?
Mas si de lo que se trata es de seguir viviendo en paz, con un grado de independencia que sea compatible con todos los compromisos nacionales e internacionales que tiene asumidos España y, como consecuencia de ello, Cataluña como parte de ella, habrá que ingeniárselas para hallar un compromiso que esté de acuerdo con la legalidad que todos, por mayoría aplastante, asumimos en 1978 y de la cual somos herederos. Un compromiso que ni la incomprensible inactividad del Gobierno de Rajoy ni la cerrazón del presidente Mas están propiciando. Por el contrario, si queremos entregar el poder en Cataluña a personajes bienintencionados —y poco más— como Junqueras; o estrafalarios, como los del CUP; y en España a una izquierda inédita, el disparatado camino emprendido, por unos y otros, es el correcto.
Jorge Trias Sagnier es abogado, escritor y ex diputado del PP.