No creo exagerar si juzgo la situación que estamos viviendo estos días en Cataluña como el momento más grave que atraviesa nuestro país desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Alfonso Guerra, con su agudeza habitual, ha llegado a hablar de que España está en realidad viviendo un golpe de Estado a cámara lenta. Es decir, algo que viene preparándose con minuciosidad desde instancias de la propia Generalitat. Se ha valido para ello de la propia sociedad civil y de las asociaciones a su servicio a las que ha financiado y apoyado con descaro para perturbar la convivencia poniendo en marcha y alentando el que la gente salga a la calle para amparar las consignas del Gobierno.
Es posible —como parece haber afirmado Artur Mas recientemente— que, en el fondo, se trate de una operación política de amedrentamiento al Gobierno de la nación para forzarle en un inmediato futuro a una negociación ventajosa para sus propósitos. El cálculo del nacionalismo catalán es que dentro de unos meses existirá en Madrid un Gobierno que no tendrá más remedio que negociar y ceder. Y ahí reside, precisamente, el mayor riesgo de la situación que estamos viviendo.
Es fácil comprobar que se empiezan a dar todos los síntomas de encontrarnos ya en la antesala de una futura negociación con Cataluña que acarreará ciertamente a España más males que bienes. La necesidad de encajar el hecho diferencial catalán en nuestra Constitución, según algunos; la insistencia de dar paso, de la noche a la mañana, a un Estado federal, según otros; sin olvidar a los partidarios de las llamadas Terceras vías que solicitan blindajes de competencias, disposiciones adicionales en nuestra Constitución y el reconocimiento de Cataluña como nación, presagian una voluntad de rendición y de entrega de todo punto inadmisible.
No nos engañemos. No estamos ante un problema de más autonomía para Cataluña. Estamos ante una pretensión de independencia que se pretende conseguir, paso a paso, siguiendo un protocolo ladinamente establecido. La independencia, a diferencia de la autonomía, no es modulable. Consiste en un todo o nada.
Hasta aquí los hechos tal y como son en la más pura realidad. Llevamos 40 años de victimismo incesante del catalanismo político que ha sido correspondido desde el Estado central con múltiples cesiones en aras de una mejor convivencia. El resultado ha sido nulo. No volvamos a caer en la trampa de que una nueva negociación vaya a resolver el problema.
Cada día que transcurre, España se encuentra en peor situación para afrontar este reto. Ya estamos a pocos días de las elecciones autonómicas. Dentro de unos meses se producirá la disolución de las Cortes. Se avecina un período de interinidad política sumamente peligroso.
Los separatistas guardan sus bazas para jugarlas en su mejor momento. Hoy, todavía, a pesar de la flema y pusilanimidad de Rajoy, saben que tienen un Gobierno en frente con mayoría absoluta y calculan que mañana el Gobierno que salga de las urnas será un Gobierno compuesto, de coalición más frágil y débil. Y no lo olvidemos, detrás de Cataluña está siempre el País Vasco, a la espera de acontecimientos.
Por todo ello, si hoy somos más fuertes ¿por qué no dar la batalla ya? ¿Es que estamos esperando a ser más débiles para enfrentarnos a la situación? Recurrir a líderes de otros países amigos para que nos saquen las castañas del fuego me apena como español.
Por otra parte hay que reconocer que a los sediciosos ya no les asusta la apelación al peso de la ley, porque la ley lleva sin cumplirse muchos años y la feroz propaganda oficial de la Generalitat les ha acabado convenciendo de que, fuera de España, Cataluña será la arcadia feliz.
No es lícito que nos rindamos ante la farsa que ha montado el nacionalismo catalán. La izquierda, durante la República, supo actuar en su momento con decisión y sentido del Estado. Esperemos que la derecha democrática actual no nos defraude y sepa defender adecuadamente el orden constitucional, la legalidad vigente y la convivencia entre todos los españoles.
Ignacio Camuñas Solís. Ex ministro de UCD.