Cataluña y Escocia

Dijo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en sus declaraciones a la prensa del pasado, y aciago, 19 de septiembre en Madrid, que envidiaba la reacción de Londres sobre el referéndum de Escocia, y que lamentaba que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, no hubiese dado muestras de similar capacidad negociadora. Pienso que sus asesores no supieron explicarle debidamente lo que viene sucediendo en Escocia desde que, el 5 de mayo de 2011, ganara las elecciones el Partido Nacionalista Escocés, liderado por el prestigioso político, Alex Salmond, «desde siempre independentista», como dejó claro su exhaustivo biógrafo, David Torrance. Estoy seguro que si conociera lo que a continuación voy a recordar, Artur Mas dejaría de invocar como su ejemplo preferido el comportamiento de Londres, y ello no por falta de méritos de éste, sino simplemente porque no responde a los intereses del nuevo e improvisado independentismo de Convergencia i Unió. Alex Salmond logró sorprendentemente la mayoría absoluta con un programa político que prometía la convocatoria de un referéndum sobre la independencia, algo que venía diciendo también en todas las anteriores elecciones en las que no había salido igualmente triunfador. Fui cónsul general de España en Edimburgo durante aquel período, y recuerdo también el anuncio hecho por Alex Salmond ante el Parlamento escocés, el 25 de diciembre, y unos días después en el programa dominical de Andrew Marr, en la BBC de Londres, según el cual «el referéndum sería en otoño de 2014». A partir de ese momento se inició un duro diálogo entre las dos capitales, imponiendo Londres sus principales condiciones previas para esta consulta popular, si se quería que la misma fuese «legal, imparcial y decisoria». Invocó para ello el articulado del propio «Estatuto de Escocia» aprobado en el Parlamento de Westminster, y votado luego por el pueblo escocés en el año 1999 que había permitido la constitución de un nuevo Parlamento en Edimburgo tras trescientos años de su voluntaria desaparición. El texto en cuestión excluye toda competencia escocesa en temas de soberanía. La coalición conservadora-liberaldemócrata logró finalmente dar en Londres, de acuerdo con los restantes partidos representados a nivel nacional, los pasos necesarios para que el referéndum que deseaba llevar a cabo el actual Gobierno de Escocia pudiese hacerse realidad. Se aprobaría para ello en Westminster un texto legal delegando en el Parlamento escocés su convocatoria efectiva. Tras recabarse los correspondientes dictámenes, sería la «Comisión Nacional Electoral», órgano competente dentro de todo el Reino Unido, la que regularía y haría el necesario seguimiento del proceso de consulta hasta el definitivo anuncio del resultado, rechazándose la pretensión de Salmond de que ello lo hiciese una «comisión electoral escocesa».

También se ha dejado claro que sólo cabe una pregunta unívoca sobre la ruptura o no con el Reino Unido, exclusiva manera de identificar una mayoría en uno u otro sentido. Opciones planteadas por los independentistas, como la de preguntas subsidiarias sobre lo que allí se conoce como «máxima autonomía fiscal», no podrían ser recogidas en la misma consulta. Tampoco ha cedido por el momento el Gobierno de Londres en lo referente a la fecha para la celebración del referéndum, que Alex Salmond desearía llevar a cabo en 2014, tras los Juegos de la Commonwealth que se celebrarán en Glasgow, concretamente el 18 de octubre día de la conmemoración de la derrota de los ingleses por los clanes escoceses en el siglo XIII, exaltada en aquella producción de Holywood, «Braveheart». Londres sigue haciendo pública su preferencia por una convocatoria en fechas anteriores, argumentando que se superaría así la «incertidumbre» creada por los independentistas sobre el futuro de Escocia, que está perjudicando directamente su situación económica y financiera, y también, de manera indirecta, la del resto del Reino Unido. Insiste también la capital británica en la necesidad de convocar a las urnas al electorado tradicional en la vida política de Escocia, ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, en contra de la pretensión independentista de reconocer derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 16 años. Curiosamente, y según recientes estadísticas, parece ser que el mayor porcentaje de ciudadanos británicos a favor de la independencia de Escocia se encuentra en tierras inglesas, aunque éstas no serán llamadas a las urnas. Las estadísticas en Escocia a favor de una total ruptura con el Reino Unido no pasan del 30 por ciento.

No parecen haber sido suficientemente convincentes los planteamientos victimistas de los independentistas escoceses, según los cuales sus recursos naturales, gas y petróleo, estarían siendo «expoliados» por el Gobierno de Londres. En cambio, al Sur de los siempre denominados «borders», se recuerdan muy bien recientes operaciones de rescate financiero llevadas a cabo por el Banco de Inglaterra a favor de entidades escocesas en quiebra, como Halifax y Royal Bank of Scotland, así como el elevado coste que ello sigue teniendo para todos los contribuyentes británicos. Por otro lado, también se sabe que gracias al reparto solidario de las finanzas británicas, y en base al menor desarrollo industrial de la economía del Norte, el ciudadano escocés recibe anualmente una cantidad de dinero público algo superior a la que recibe el ciudadano inglés, galés o norirlandés. Recuerdo bien mis contactos con cada uno de los presidentes de los partidos representados en el Parlamento escocés, los laboristas, los liberal-demócratas, y los conservadores. Todos ellos, con distintos enfoques, se oponen firmemente a la independencia de Escocia, y han aceptado crear una «comisión interpartidista» para la defensa de la continuidad de Escocia dentro del Reino Unido. Este bloque contrario a la independencia, ciertamente muy coordinado con Londres, ha sabido denunciar ya los puntos más débiles de esta propuesta. En el fondo, todos han comprendido que al margen de ideologías, el referéndum lo ganará quien demuestre que su planteamiento es el más ventajoso para el pueblo escocés, tanto en lo que tiene que ver con la situación económica y financiera presente, como con su bienestar futuro. Son muchos los analistas que estudian la viabilidad y el cómo de un reconocimiento por Bruselas de un nuevo Estado. Frente a los que invocan, sin precedente alguno, la fórmula de la «sucesión de Estados», otros defienden la necesidad de atenerse al estricto juego de la cronología para el estudio de las candidaturas, lo que perjudicaría grandemente a Escocia. También destacan éstos la necesidad de firmar y ratificar complejos tratados de integración en la UE, que fijarían, entre otras cosas, el número de parlamentarios que tendría en Bruselas el nuevo país miembro. Sobre estas cuestiones, destaco el magnífico trabajo del letrado de las Cortes, Alberto Dorrego, publicado por FAES el pasado julio.

Concluyo reiterando que a Artur Mas no le interesa invocar el ejemplo escocés. Estoy convencido de que si el citado ejemplo fuese estrictamente seguido por Barcelona, dentro del respeto debido a las reglas constitucionales y democráticas, el resultado final sería la supervivencia del Estado español, como sucederá, sin duda, en el Reino Unido.

Javier Jiménez-Ugarte, diplomático.

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