José J. Toharia analizaba el estado de la opinión catalana sobre las relaciones entre Cataluña y España (EL PAÍS, 16/08/2015) y concluía con una invitación a un “inédito debate, honesto y sosegado, con datos y sin emociones”. Coincido en que ni el debate partidista ni el debate mediático andan sobrados de sosiego y de impasibilidad. Basta seguir las declaraciones de representantes de los partidos o las intervenciones de editorialistas, articulistas y tertulianos en los medios. Sobre honestidades, el juicio sería más arriesgado, como advertían los moralistas clásicos. En todo caso, la honestidad y la impasibilidad que nos atribuimos a nosotros mismos suelen ser siempre superiores a las que asignamos a nuestros contradictores. Pero no es de esto de lo que quiero tratar aquí.
Toharia disecciona la opinión pública catalana, basándose en datos de Metroscopia. Señala la necesidad de distinguir entre independentistas convencidos y quienes reclaman un mayor autogobierno. Si así se hace, la mayoría independentista que tanto ilusiona a unos y alarma a otros es más incierta. Aparece en cambio una mayoría relativa, constituida por quienes se inclinan en Cataluña por ampliar el autogobierno. Incluiría a los partidarios de propuestas “federalizantes” o de otras eventuales “terceras vías”. En minoría clara están los inmovilistas o favorables al statu quo. En líneas generales, comparto este balance de situación tal como he manifestado en otras ocasiones.
Faltan más datos, sin embargo, para suscribir las conclusiones políticas que Toharia se atreve a desprender de dicho balance. A saber, la probabilidad de movilizar un apoyo mayoritario para “un modelo federalizante de nuevo cuño si les es propuesto en serio”, según sus palabras. “De nuevo cuño” y “en serio” serían las cláusulas convincentes para los catalanes. Pero la posibilidad de una oferta con tales rasgos depende a mi juicio de otras variables decisivas. En especial, de la opinión española en su conjunto.
¿Qué nos dicen sobre ella los datos más recientes del CIS? ¿Cuáles son las preferencias de los españoles sobre modelos de organización territorial? Casi un tercio de los españoles optaría por suprimir las comunidades autónomas o restringir su autogobierno. Algo más de un tercio prefiere conservar sin retoques el modelo actual. Y algo menos de una cuarta parte apoyaría alternativas de cambio, incluida la posibilidad de independencia (CIS 3104/2015).
Es innegable el enorme contraste entre estas preferencias de los españoles y las de los catalanes. Reflejan tendencias muy diferentes: menos de una cuarta parte de los españoles es favorable a ampliar el autogobierno frente a más del setenta por ciento de los catalanes (CIS 3108/2015).
Estas tendencias divergentes constituyen un factor condicionante para los interlocutores políticos. Les condicionan por cálculo electoralista o por fidelidad a culturas políticas arraigadas. La modulación de las estrategias de las hasta ahora mayores formaciones estatales —el PP y el PSOE— y de los partidos en Cataluña está estrechamente vinculada a estas pautas de opinión.
Si el contraste entre la opinión española y la catalana es tan acusado, ¿hay que descartar toda probabilidad de encuentro en un punto medio? ¿Es ilusoria una “tercera vía”? Apunta Toharia que no sería ilusoria a partir de la composición interna de la opinión pública catalana. ¿Podría afirmarlo también si tuviera en cuenta los datos sobre la opinión española? Porque temo que estas dos dinámicas tan contradictorias hagan muy estrecho o muy improbable el margen de maniobra para una aproximación. Al menos a corto plazo. Aunque sabemos que la opinión pública cambia y que —en democracia— es responsabilidad de los líderes políticos intentarlo cuando lo estimen positivo para el conjunto social.
Concluye Toharia afirmando la necesidad de mejorar la información en beneficio de un mejor debate. Según sus palabras, cuando se trata de esta cuestión “media Cataluña se siente mal informada… Y la otra media que se cree informada, no lo está…”. No suministra la fuente de tan espectaculares y precisos porcentajes que dejarían en cero a los catalanes razonablemente informados y, por tanto, legitimados para opinar y decidir. Tampoco nos indica si conoce la proporción de cuántos españoles se sienten mal informados y cuántos se engañan a sí mismos sobre su grado de información.
Pese a ello, tiene razón para recomendar el esfuerzo de todos por aportar al debate más datos y mejor contrastados. Habrá tiempo para ello porque, sea cual fuere el resultado de las próximas elecciones catalanas y españolas, la cuestión seguirá sobre la mesa durante bastante tiempo.
Josep M. Vallès es catedrático emérito de ciencia política (UAB).