La actual encrucijada catalana obedece a muy variados factores. Según los defensores del llamado proceso cabe mencionar tres fundamentales: la constatación de una realidad según la cual si bien la Constitución Española de 1978 seguiría siendo la norma fundamental de nuestro marco legal de referencia, aplicable también en Catalunya, ésta habría visto difuminada su legitimidad, al menos en parte, para un sector considerable de la población catalana; la verificación política de ese sentimiento mediante la representatividad de los resultados obtenidos en las elecciones al Parlament de Catalunya;y la observancia de una cierta sordera del Gobierno español que, ante un problema político de primer orden, ha parecido dedicarse a dejar pasar al tiempo.
Estos factores, sin embargo, no son los únicos que han conducido a la situación actual. Aun cuando parezca silenciarse por quienes defienden la senda del secesionismo, gran parte de este sentimiento de desafección se ha visto potenciado por una grave crisis económica y social. Y tampoco faltan quienes sostienen que el Govern de la Generalitat o el Parlament de Catalunya, como pudiera ser en el caso de la celebración del 9-N, con motivo de la reforma exprés del Reglamento de la Cámara para la tramitación urgente de las normas de desconexión, o bien mediante el planteamiento de la celebración de un referéndum no exento de notables dificultades jurídicas; han respaldado un sentimiento legítimo, pero a costa de traspasar el marco legal vigente.
Ante esta realidad, me gustaría resaltar también algunos elementos para la esperanza que han podido constatarse con motivo de la celebración de un reciente debate en el Ateneo de Madrid, en el que han participado dos ex: José Manuel García-Margallo y Artur Mas. Como señaló Artur Mas en ese debate, “ya va siendo hora que el Gobierno español tome la iniciativa, ante un problema real que nadie cuestiona, de plantear propuestas de solución, en positivo, para la encrucijada de Catalunya, pues el reto catalán no se va a solucionar con recursos a la Fiscalía y a los Tribunales”. Pero también es cierto, como defendió García-Margallo, que “esos recursos es legítimo utilizarlos, con mesura, con el objetivo de mantener el respeto por la legalidad vigente”. Como nos enseñó la Transición y se planteó en el debate de referencia, parece llegado el tiempo del diálogo dentro de la ley, conciliando sentido común y valentía para afrontar, en positivo, un problema real.
La solución no es fácil, pero sí posible. Será con una reforma constitucional o mediante una consulta acordada entre ambas partes. Las vías unilaterales o imposiciones, provengan de quien provengan, no parecen estar llamadas a llegar a buen puerto. Huyendo de aquellos que niegan el hecho catalán, así como de quienes pretenden encerrarse en callejones sin salida, parece aconsejable afrontar el debate sobre la reforma constitucional teniendo presente que la Constitución lo que exige para su aprobación no es el consenso, deseable como resultado final, sino mayorías reforzadas. Es una oportunidad para enfrentar, lo cual no solo es una exigencia derivada de la encrucijada catalana, una modificación profunda del Título VIII de nuestra Constitución, relativo a la organización territorial del Estado.
Esta reforma, sin generar más asimetrías que las justificables, debiera posibilitar la integración política de las nacionalidades; la renovación de los pactos lingüísticos; y la clarificación del reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Hay cuestiones de reconocimiento que no están bien resueltas en la Constitución y que deben afrontarse con la previsión de un vínculo específico para el caso de Catalunya y exportable, con más o menos matices, a las otras Comunidades Autónomas conocidas como históricas (al País Vasco y Galicia, en sentido estricto, pero también, en un sentido más amplio, a Andalucía y Navarra), ya sea mediante la introducción de una disposición adicional o a través de cualquier otro instrumento legal. Y aprovechando la coyuntura convendría reflexionar sobre otros temas: el sistema electoral, la discriminación de género en lo relativo a la Corona, la financiación autonómica, la descentralización del Poder Judicial, la reforma del Senado, o el reforzamiento y actualización de los derechos sociales.
Es la hora de posar fill a l'agulla (hilo a la aguja). Es el momento de tejer, con participación activa y responsable de una nueva generación, un sistema democrático de convivencia pactada y adaptado a una nueva realidad.
David Vallespín Pérez es catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.