Catalunya, ¿víctima?

Por Pedro Schwartz (LA VANGUARDIA, 05/11/03):

Pocos artículos míos han tenido tanto éxito de público y crítica como el que escribí hace quince días con el título de “Catalunya fiscalmente explotada”. No recordaba tantos mensajes en mi buzón de correo electrónico desde que, a la vuelta del verano, me atreví a criticar el mal gusto de esos directores de escena que transforman las óperas de Mozart o Verdi en espectáculos de sexo, droga y violencia. La cortesía y precisión de mis comentaristas merece cumplida respuesta. Varios de los lectores descubrieron un error en las cifras que cité para comparar la contribución de Catalunya al erario español, con la de Madrid, Baleares, Navarra y País Vasco. Retomo pues el estudio del profesor Ezequiel Uriel sobre “Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas” editado por la Fundación BBVA, para corregir mi equivocación.

El profesor Uriel se hace al principio de su trabajo las siguientes preguntas: ¿cómo contribuye cada autonomía al funcionamiento de las administraciones públicas del Estado español? y ¿qué recibe cada una de ellas de las administraciones públicas? Esas preguntas no se refieren, pues, a los ingresos y gastos propios de las autonomías, sino sólo consideran las cargas soportadas y los beneficios obtenidos por los residentes en cada comunidad en sus relaciones con el fisco español y la Unión Europea. Las cifras más significativas presentadas por Uriel son las de la cuenta consolidada de España y la Unión Europea. En los años de 1991 a 1996, ambos incluidos –los únicos para los que, de momento, hay cifras completas–, sólo aparecen tres comunidades con una contribución neta al resto del país: Catalunya, Baleares y Madrid. La contribución neta total de Catalunya en ese periodo sumó 403.298 millones de pesetas de media anual; Baleares contribuyó con una media anual de 110.679 millones; y la Comunidad de Madrid, con 1.073.404 millones, es decir, más de un billón de pesetas, que es la moneda que entonces corría. Pero si formulamos esas cantidades en relación con el tamaño de cada economía o en cifras per cápita, veremos que de las tres “paganas”, Catalu-nya es la que menos contribuye. Como proporción sobre el PIB de cada región, el porcentaje de esas contribuciones netas fue de 3,32 para Catalunya, 6,99 para Baleares, y 10,88 para Madrid. El saldo medio anual per cápita contribuido por cada residente catalán fue de 65.926 pesetas anuales; el de los baleares, 148.249; y el de los madrileños, 213.956.

Todas las demás comunidades autónomas recibieron en esos años del conjunto de España y la UE más de lo que aportaron. En especial, llaman la atención dos de las más ricas de España: Navarra, cuyos residentes recibieron, por término medio cada uno de esos años, 103.962 pesetas netas; y los del País Vasco, que recibieron anualmente 125.508 pesetas per cápita. Muchas de las reflexiones de mis lectores más críticos pueden contestarse atendiendo a cómo ha realizado el profesor Uriel sus cálculos. En primer lugar, veamos cómo se distribuyen los beneficios que manan de la Administración central. Estos se distribuyen según en qué personas recaigan. Eso permite resolver la pregunta de si “se considera en dicho informe la renta que percibe Madrid por disponer de gran parte de los funcionarios del Estado y cuarteles militares”. La contestación es afirmativa. En efecto, lo que calcula Uriel no es el flujo de renta monetaria que reciben las distintas comunidades, pues ese flujo de caja no indica dónde recae el beneficio real de los gastos llamados “indivisibles” de la Administración central. Tales beneficios recaen en todos los españoles, si son necesarios o convenientes. Si no lo son, hay que concebirlos como una pérdida neta para todo el país, incluso para los lugares donde ese gasto se realiza sin utilidad. Por eso, Uriel imputa esos gastos y beneficios indivisibles según la población de cada lugar. En cambio, en el caso de las infraestructuras y las subvenciones, ha discriminado territorialmente a quienes son los beneficiarios de ese gasto del Estado.

El mismo razonamiento es aplicable a las contribuciones e impuestos, especialmente los de las sociedades anónimas. Una cosa es que la Comunidad de Madrid sea atractiva para ciertas grandes empresas, que pagan impuestos locales allí y otra es la que nos concierne, la de qué impuestos pagan esas compañías al Estado, sociedades, IVA, o contribuciones sociales. El impuesto de sociedades supone Uriel que lo soportan los accionistas en un 70% por ciento y los consumidores en un 30%; el IVA, todo los consumidores, según la región en que estén; y las cotizaciones sociales se suponen, con muy buen criterio, pagadas totalmente por los trabajadores. Como puede verse, la carga se distribuye territorialmente de manera distinta de lo que podría aparecer a primera vista.

Por último está la cuestión de si habría que comparar Madrid sólo con Barcelona, y no con Catalunya, que por incluir una Lleida menos próspera, recibe algo más del Estado que la sola provincia de Madrid. Estas disquisiciones señalan lo absurdo de las quejas y reclamaciones de algunos catalanistas. Dado que compartimos un sistema fiscal común, las personas más prósperas (no los territorios) pagan más impuestos, porque así lo manda la ley. Por tanto, Barcelona y Madrid pagan más de lo que reciben en consecuencia del principio constitucional que establece que los que más ganan pagan proporcionalmente más. Huelga pues el victimismo nacionalista.