Justicia

Un reto de modernidad democrática

La tramitación del anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente anunciada abre de nuevo el debate sobre un cambio de modelo de proceso penal en nuestro país. Su precedente de 2011, aunque nació inviable por la proximidad del fin de la legislatura, intentó demostrar que era posible dejar de percibir el proceso como una carrera de obstáculos en la que el objetivo de «castigar» al delincuente exige superar los filtros que impone el respeto a sus derechos fundamentales. Esa visión, resultante del impacto constitucional sobre la normativa alumbrada a finales del siglo XIX y empeorada por el franquismo, ha terminado convirtiendo la legislación procesal penal en un cubo de Rubik cuyas caras cada vez más desordenadas giran en torno a un núcleo de turbia confusión conceptual.…  Seguir leyendo »

No, la prórroga de seis meses no ha convertido a España en una democracia iliberal, ni dado poderes extraordinarios a Sánchez para que gobierne como un sátrapa. Ni cerrado las Cortes. Ni ninguna otra de las muchas cosas que se han escrito y dicho estos días contra la prórroga. La Constitución garantiza bajo el estado de alarma la responsabilidad del Gobierno y el normal funcionamiento de las instituciones. Que durante el anterior estado de alarma nacional se redujera la actividad del Congreso, se legislara a golpe de decreto ley, se cerrara el Portal de Transparencia, incluso se adjudicaran sin concurso millones de euros, no fue porque el Gobierno tuviera el respaldo legal del estado de alarma.…  Seguir leyendo »

“El caso de la orden europea de detención y entrega contra Natividad Jáuregui Espina, procesada por haber participado como miembro del comando Bizkaia en la muerte de 6 personas, entre ellas Ramón Romeo. Jáuregui es la única etarra reclamada con paradero conocido en la UE, que está pendiente de entrega. Por lo tanto, es un caso muy importante”.

Así habló el pasado día 27 de octubre el fiscal Francisco Jiménez Villarejo en un webinar que tuve la suerte de poder organizar con mi equipo.

Recordar esta historia supone poner el foco de la realidad sobre una infamia inexplicable que comienza a repararse ahora.…  Seguir leyendo »

Ilustrísima Fiscal General del Estado

Señora Dolores Delgado García

Motiva esta carta lo que creo es el interés público por esclarecer la situación del ilustrísimo fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la llamada Fiscalía Anticorrupción, encargados de la investigación del caso Tándem-Villarejo desde mediados del año 2017.

Stampa comenzó junto con el ilustrísimo fiscal Miguel Serrano las pesquisas en la primavera de 2017, un año después de incorporarse a Madrid en comisión de servicio, tras ejercer 12 años en Lanzarote, Islas Canarias.

Stampa ha sido cesado en esa actividad al anunciar la ilustrísima fiscal general del Estado que el fiscal no ha sido seleccionado para la plaza fija a la que aspiraba en la citada Fiscalía.…  Seguir leyendo »

Los españoles estamos siendo testigos de una amenaza, sutil pero persistente, del sistema parlamentario moderno. Ejemplo de ello es la modificación anunciada del mecanismo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta propuesta responde a un planteamiento político incompatible con el principio de la protección de la minoría política en la adopción de las decisiones que son monopolio del pueblo soberano.

El vigente mecanismo de elección del CGPJ responde a la naturaleza democrática del sistema parlamentario. En palabras de la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «La exigencia de una muy cualificada mayoría de tres quintos […] evita la conformación de un Consejo General que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural».…  Seguir leyendo »

El poder judicial y las apariencias

Decía Jaime Gil de Biedma que «de todas las historias de la Historia la más triste es la de España porque termina mal». No tendría por qué ser así, pero los desastres nos persiguen una y otra vez. ¿Tan mala suerte tenemos? Probablemente sea nuestra propia responsabilidad; politólogos y comentaristas de prensa extranjeros han observado recientemente que podríamos convertirnos en un Estado fallido, que es tanto como decir a la manera de Ortega un país invertebrado, carente de instituciones sólidas y respetadas. Es verdad que la falta de vertebración supone un riesgo mayor en Estados compuestos con articulación territorial autonómica o federal, como lo es el español, en donde parcelas de soberanía son transferidas del centro a la periferia.…  Seguir leyendo »

El Real Decreto 926/2020, por el que se declara, por segunda vez, el estado de alarma en todo el territorio nacional, designa (artículo 1.2) como autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma al presidente de la misma. Con esta delegación gubernamental, las comunidades -ya lo están haciendo- van a limitar el ejercicio de algunas libertades constitucionales y a coartar los derechos ciudadanos. A los presidentes regionales, como autoridad competente delegada, el Gobierno les habilita (artículo 9) para:

  1. Restringir, salvo causa justificada, la entrada y salida de personas del territorio (o parte del mismo) de cada comunidad autónoma (artículo 6).
  2. Limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos o privados (artículo 7).
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La trama Gürtel, que ha implicado de lleno al Partido Popular, tiene de todo, incluida una indecente ofensiva contra uno de los jueces que enjuició el primer episodio de esa oscura saga: José Ricardo de Prada.

Lo sucedido responde al guion de la estrategia de ruptura. Una forma de operar, no en el proceso, sino contra él, propia de los imputados antisistema y hoy paradójicamente asumida por sujetos públicos en el banquillo y sus entornos políticos y mediáticos. El objetivo es desestabilizar las causas, deslegitimar a los jueces incómodos y, en general, a la jurisdicción misma. Nuestro país, desde que un segmento nada marginal de la política se precipitó en la ilegalidad, para acabar, en ocasiones (pocas), en el juzgado y en la cárcel, ha conocido bastantes intervenciones de esa índole.…  Seguir leyendo »

El patrimonio exclusivo de los valientes, de los hombres y mujeres de honor radica en la lealtad a los principios y a la palabra dada. No es sino la esencia de la identidad propia, aquella que define quienes somos en ésta pequeña parte de la historia que nos ha tocado vivir. Ningún objetivo, ninguna aspiración personal o profesional, ningún anhelo ni ambición o deseo debe servir de excusa para destruir el alma que constituye todo lo que somos. Es la diferencia entre dejar que nuestros días transcurran presos del oportunismo o ser dueños de nuestra propia vida.

En breve saldrá publicada la novela Patria Olvidada, un thriller político judicial que escribí durante estos meses y que cada vez se aleja más de la ficción para aproximarse a la realidad de nuestros días.…  Seguir leyendo »

No lo sigamos haciendo así

Con actitud anticonstitucional, el Partido Popular se ha negado a contribuir. Ha provocado el bloqueo en la renovación del CGPJ. Llevamos meses debatiéndolo. El Gobierno ha llegado a proponer una nueva modificación de la ley orgánica.

Si los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo, ¿resulta imposible la renovación? Creo que no. La Constitución no encomienda a los partidos políticos que designan a quienes van a formar parte del órgano de gobierno de los jueces. Lo que prescribe es que al menos tres quintos de todos, congresistas y senadores, voten a favor de cada uno de ellos. Es decir, que funcione la transversalidad.…  Seguir leyendo »

No voy a referirme aquí a los muchos problemas que plantea la reciente declaración, por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del estado de alarma, entre ellos la dificultad, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de decretar un estado de alarma de ámbito nacional que, sin embargo, lo que hace es delegar (dentro de unos límites, claro está) en las comunidades autónomas el dictado efectivo de las medidas a adoptar, dando lugar a una especie de estados de alarma de “declaración autonómica por delegación”, que no concuerda con lo previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal, aparte de que podría originar una variedad de medidas territorialmente desconectadas.…  Seguir leyendo »

La declaración del estado de alarma mediante el real decreto 926/2020, de 25 de octubre, era una decisión obligada. El estado de alarma es el instrumento constitucionalmente adecuado para hacer frente a una crisis sanitaria como la provocada por la covid-19. En los últimos días, diferentes Administraciones autonómicas habían adoptado una serie de medidas restrictivas del derecho fundamental a la libre circulación (“toques de queda” y confinamientos perimetrales de municipios y comunidades autónomas) y otros conexos, que solo tienen cabida en el marco del estado de alarma. A pesar de ello, algunos tribunales avalaron esas medidas generando un nivel de inseguridad jurídica inaceptable en un Estado de derecho.…  Seguir leyendo »

El mito de los tres poderes

Estando de embajador en Roma, recibí una llamada de mi discípulo Joaquín García Morillo, desgraciadamente fallecido hace años, el cual era entonces asesor y, después, jefe del gabinete del ministro de Justicia Fernando Ledesma, para comunicarme algo que me dejó pasmado. El Gobierno de Felipe González había decidido cambiar el sentido del artículo 122.3 de la Constitución, lo cual, en mi opinión, era una reforma clandestina muy grave de la misma o, dicho de otro modo, era claramente inconstitucional, porque no se realizaba según el procedimiento de reforma regulado en el artículo 167 de la Carta Magna. El precepto controvertido dice literalmente: «El CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.…  Seguir leyendo »

Hablar de un estado de alarma que se prolongará durante seis meses es una contradicción en sus propios términos. El estado de alarma, por su misma configuración constitucional, ha de ser breve y limitado, al menos en el tiempo. Según el art. 116.2 CE, debe durar un plazo máximo de 15 días, y cabe prorrogar «dicho plazo» –no un plazo de mayor duración– con la autorización del Congreso. Es decir, que en ningún caso se puede prorrogar por más días de esos 15, y en buena lógica no permitiría encadenar una prórroga tras otra. Esto se deduce claramente de lo dispuesto para el estado de excepción (art.…  Seguir leyendo »

La actitud del PP al bloquear el nombramiento del nuevo CGPJ es una muestra de deslealtad a la Constitución. Ello supone despreciar a la institución, a los jueces cuyo autogobierno gestiona y, sobre todo, a los ciudadanos. Pero la respuesta de los grupos componentes de la mayoría parlamentaria ha sido igualmente desleal. La reacción al bloqueo orquestado desde el PP ha sido desmesurada, de muy dudosa constitucionalidad y totalmente alejada de los parámetros impuestos por el Consejo de Europa y por la UE. De ser finalmente aprobada, nos situaría en el nivel de los países europeos menos respetuosos con la independencia judicial, la división de poderes y, en fin, con el Estado de derecho.…  Seguir leyendo »

Shutterstock / frantic00

El día 22 de octubre de 2020 España registró 20.986 nuevos contagios, cifra récord que ha supuesto, junto con los datos arrastrados de la semana, la triste noticia de haber superado la barrera del millón de personas contagiadas por coronavirus en España desde el inicio de la pandemia.

Como viene siendo habitual, tanto el Gobierno central como los autonómicos en cuyos territorios se está descontrolando la expansión del virus, han puesto sobre la mesa nuevas medidas restrictivas como plan de respuesta ante la COVID-19.

En concreto, el martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid no descartó la conveniencia de solicitar al Gobierno el establecimiento de un toque de queda para limitar la circulación ciudadana durante determinadas horas del día, manifestación pública a la que se sumaron otros líderes autonómicos, como los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana.…  Seguir leyendo »

Pandemia y restricción de derechos fundamentales

La temida segunda ola de la covid-19 ya está aquí y el recrudecimiento del número de contagios que estamos viviendo en nuestro país en las últimas semanas ha traído consigo la necesidad de adoptar incisivas medidas orientadas a contener el avance de la pandemia. Dado que desde el levantamiento del estado de alarma el pasado 21 de junio las competencias en materia de sanidad regresaron al ámbito de las comunidades autónomas (sus titulares ordinarios), ha correspondido a estas autoridades sanitarias afrontar en sus respectivos territorios la gestión de la grave crisis. Actualmente estamos asistiendo a una sucesión de órdenes emitidas por responsables autonómicos entre cuyas previsiones goza de especial relevancia el confinamiento perimetral.…  Seguir leyendo »

Constitución y CGPJ

Últimamente, el Gobierno, sus socios parlamentarios y varios juristas están tildando al Partido Popular y a su presidente de «inconstitucionales» por no querer sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caduco desde diciembre de 2018. Dado que parece evidente que el PP lo hace por estrategia política y no por convicción democrática, estoy seguro de que acabará sentándose (otra vez) y renovando el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero, entre tanto, quiero defender que la verdadera inconstitucionalidad está en renovar el CGPJ con el actual sistema.

Es cierto que ya debería haberse renovado y es verdad que, mientras no sea así, estamos ante una anormalidad institucional.…  Seguir leyendo »

Polonia, distinta y distante

La proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados relativa a la modificación del procedimiento de elección de los llamados vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo objeto de intensa crítica en términos jurídicos, léase constitucionales. No me propongo extenderme aquí sobre los problemas de constitucionalidad interna que, de prosperar dicha proposición, acuciarían a la resultante ley orgánica. En lo esencial coincido con lo argumentado por Manuel Aragón en estas mismas páginas (“La Constitución no lo permite”). Es de la otra constitucionalidad, de la europea, de la que aquí quiero ocuparme.

Pues se da la circunstancia de que, si en la vertiente doméstica la crítica se está centrando en la perspectiva constitucional, en la correspondiente a nuestra condición de Estado miembro de la UE el debate se está planteando en términos políticos, desplazando a los constitucionales.…  Seguir leyendo »

El respeto a los ciudadanos

El lamentable y, en algún momento, zafio espectáculo que ofrece el Congreso de los Diputados en estos momentos de pandemia mientras los ciudadanos estamos seriamente preocupados por nuestra salud y la de los nuestros, así como por el porvenir económico que los efectos de ésta ya están provocando pero que, a buen seguro, provocarán a la economía general del país, no se corresponde con el deber que tienen nuestros representantes en las Cortes de consensuar una política en beneficio de todos, sabiendo que la razón y la verdad no se hallan, en su totalidad, en ninguna de sus legítimas opciones políticas.…  Seguir leyendo »