Justicia

Cuando las instituciones no funcionan, hasta los imperios se derrumban. El ejemplo claro lo podemos contemplar estos días en los noticiarios, pues nos muestran como en Estados Unidos manifestantes descontrolados saquean comercios, destruyen propiedades y se enfrentan a las fuerzas de seguridad causando heridos y muertos en uno y otro bando. Y la razón es clara. Los participantes en esas protestas no confían en que los tribunales americanos den una respuesta justa a una intervención policial dudosa, en la que un ciudadano de color resultó muerto.

Estamos en un momento de intensa tensión social en España, con miles de fallecidos por causa de la pandemia, una crisis económica profunda, y un futuro incierto a causa de los continuos cambios de rumbo de aquellos que nos gobiernan.…  Seguir leyendo »

¿Y si en España profesionalizamos a los jueces? Por extraño que pudiera parecer no constituyen un cuerpo profesional en el que la promoción hasta los puestos más altos esté regida por su capacidad objetiva ni por sus méritos previamente demostrados.
Son seleccionados por un tribunal de oposición como los mejores juristas de cada convocatoria y serán jueces hasta la jubilación.

Sin embargo, los jueces tienen un grave problema. Mejor dicho, dos: a veces no pueden abstraerse al influjo externo; y los partidos políticos no quieren dejar de ejercer esa influencia.

Los partidos políticos colonizan las facultades de nombramiento discrecional de más de trescientos altos cargos judiciales, entre ellos los ochenta magistrados del Tribunal Supremo.…  Seguir leyendo »

El derecho a la vida y a la integridad física y moral tienen naturaleza basal y primaria, en tanto que la afirmación de los demás derechos sólo tiene sentido a partir del reconocimiento de aquéllos. Esa prevalencia ontológica tiene su reflejo constitucional en la ubicación en que se produce este reconocimiento: nada menos que en el primer artículo de la Sección Primera del Capítulo II del Título I, sección que constituye el núcleo central de la declaración constitucional de derechos, es decir, en la que se ubican los derechos que gozan del máximo nivel de protección jurídica.

Este derecho ha sido contemplado, a nivel supranacional, en todas las compilaciones normativas, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículos 3 y 5) al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículos 26 y 27), pasando por la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984; los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos de 17 de diciembre de 1990; los diversos Convenios y Protocolos de Ginebra sobre heridos, enfermos, población civil, víctimas o prisioneros en tiempo de guerra; la Convención sobre la esclavitud de 25 de septiembre de 1926; el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 25 de junio de 1957; el Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio de 9 de septiembre de 1948; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 26 de noviembre de 1968; el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 2 de diciembre de 1949 o los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de 24 de mayo de 1979.…  Seguir leyendo »

El Ministerio Fiscal defiende, conforme al artículo 124 CE, los intereses de todos los ciudadanos y el principio de legalidad, y si así lo hace en circunstancias ordinarias con mayor energía aún cuando el país está sometido a graves riesgos como el de la pandemia y su elevado número de víctimas, a día de hoy más de 27.000 fallecidos. En esta materia, nuestra óptica trasciende las estadísticas y se detiene en la individualidad de la persona enferma o en el familiar del fallecido, en su dolor agravado al no haber despedida y en la atención personal y en su memoria y recuerdo.…  Seguir leyendo »

El mensaje

Los medios más importantes de España han publicado la noticia del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid con gran coincidencia, en sus diferentes versiones, en dos aspectos concretos: el primero, que la decisión proviene del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que la ha ejecutado por autoridad interpuesta; el segundo, que el cese es consecuencia de la negativa del coronel a incumplir la ley en un asunto que afecta directamente al Gobierno.

Esto, de confirmarse, solo puede calificarse de una forma: gravísima corrupción política. Le toca al ministro explicar si es cierto o no, y al destituido, en su caso, contar públicamente su versión, pero mientras esto llega merece la pena explicar el porqué de mi afirmación.…  Seguir leyendo »

El concepto de Estado de derecho supone el imperio de la ley, lo que hay que entender en una democracia no sólo como el respeto a la ley creada por el legislador elegido mayoritariamente por el pueblo, sino que también implica atenerse al tenor de la Constitución. La razón se encuentra en que esta establece un poder constituido como soberano, el pueblo, del que emanan una serie de poderes, que en tanto que tales no pueden ir más allá de lo establecido por la misma Constitución. Son tres los poderes que resultan del poder soberano, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial.…  Seguir leyendo »

Un estado de alarma no constitucional

El presidente del Gobierno, en su comparecencia del sábado pasado, nos anunció que iba a solicitar otra prórroga del estado de alarma. Con una desagradable novedad. No contento con colarnos de rondón un estado de excepción, eludiendo los controles que la Constitución establece para éste, aclaró que la nueva prórroga duraría «alrededor de un mes» en lugar de los 15 días de hasta ahora. Rápidamente en los medios se afirmó que la medida era perfectamente constitucional, pues el artículo 116.2 de la Constitución y el 6.2 de la Ley Orgánica 4/1981 establecían que el plazo máximo de 15 días sólo regía para el decreto inicial, que había servido al Gobierno para activar la alarma.…  Seguir leyendo »

Cada nueva prórroga del estado de alarma trae una nueva polémica política y otra jurídica. Esta quinta, que votará el Congreso de los Diputados este miércoles, nos trae la novedad del voto en contra del PP

Los populares consideran que jurídicamente no es necesario el estado de alarma para mantener las medidas de limitación de la movilidad que los expertos en epidemiología consideran necesarias. Su Plan B consiste en usar la legislación ordinaria para lograrlo, como la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de sanidad pública que permite adoptar disposiciones “oportunas” para el control de los enfermos, así como otras “que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.…  Seguir leyendo »

La noticia de la proliferación de acciones penales contra el Gobierno y otros funcionarios de la Administración por la posible comisión de un delito de homicidio imprudente, por la indebida falta de control de la propagación del Covid-19, nos lleva a reflexionar acerca de su viabilidad de acuerdo con la ley penal vigente, aunque ya podemos anticipar que la actual regulación del Código Penal resulta insuficiente para combatir acciones como las denunciadas, en las que, como consecuencia de una inacción, de la omisión de una acción debida de evitación, se aumenta de modo antijurídico el riesgo de propagación del virus.

Trataremos de explicar nuestra posición de la manera más inteligible posible, aunque sea a costa de renunciar al planteamiento de no pocas cuestiones trascendentes de naturaleza dogmática.…  Seguir leyendo »

Carta a la fiscal general del Estado

A veces, la mejor manera de dirigirse a la gente es hacerlo a uno en particular. Ese uno, en ocasiones, puede ser uno mismo, aunque lo normal es que el destinatario sea otro. Esto es lo que haré hoy al escribir a una. Se trata de la muy ilustre señora fiscal general del Estado, doña Dolores Damián Delgado García, que es como figura en el último escalafón de la carrera fiscal que tengo a mano. Mas antes de comenzar, aclaro que la idea me ha surgido después de leer el pasado lunes la entrevista en EL MUNDO a la señora Delgado, obra de un gran periodista llamado Esteban Urreiztieta.…  Seguir leyendo »

Independencia de los jueces

Si hay alguien acostumbrado a criticar las sentencias judiciales somos los profesores de Derecho. Lo hacemos constantemente, es parte de nuestro oficio y no nos avergonzamos de ello, todo lo contrario. Es una crítica que intenta ser fundada, utilizar argumentos racionales, no emocionales, y siempre matizada por el respeto a las instituciones. Ataca las razones de una sentencia, con intención última de mejorar la justicia, sin menoscabar la autoridad de la judicatura. Y es una crítica amparada por la libertad de cátedra, y también por la libertad de expresión. La misma libertad que protege a todo ciudadano para expresar su opinión contraria a una decisión judicial.…  Seguir leyendo »

El 1 de enero de 1901 el “célebre sugestionador de Toros Don Tancredo López, considerado por su temeridad y arrojo el rey del valor” se colocó, antes de la apertura de la puerta de los toriles, subido a un pedestal de medio metro de altura en el centro del redondel, imitando la estatua de Pepe Illo, y ante su indicación se soltó al cuarto toro de la tarde, un miura de cinco años, al que esperó inmóvil según había anunciado el cartel de la corrida de aquel primer día del Siglo XX celebrada en la Plaza de Toros de Madrid.

Para José Bergamín (La estatua de Don Tancredo, Cruz y Raya, V, 15, pp.…  Seguir leyendo »

La grave crisis sanitaria que ha afectado duramente al mundo entero y, con especial intensidad, a España, va a marcar nuestras vidas y el futuro de nuestro país durante muchos años. En primer lugar, por la inmensa tragedia humana que está suponiendo la pérdida de miles de vidas de compatriotas. Por otro lado, por los miles de enfermos que estos días están luchando angustiados por vivir, con el consuelo de estar en manos de nuestros médicos y de todo el personal sanitario, que se ha ganado el cariño y el respeto de todos los españoles.

Junto a la tragedia humana, nuestro país se va a adentrar inexorablemente en una crisis económica y social profunda.…  Seguir leyendo »

En una Tribuna Abierta en este diario de 31 de diciembre de 2019 alertábamos sobre la situación penitenciaria de Rodrigo Rato. Transcurridos más de tres meses, la situación se ha agravado hasta poder ser calificada de ensañamiento político.

Los hechos se remontan al 18 de marzo de 2019 en que cumplió setenta años. ¿Cuántos internos hay en España con más de setenta años? Pocos meses después se le concedió el tercer grado penitenciario a José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Bankia, y se le excarcela por haber cumplido un cuarto de la condena, que era la misma impuesta a Rato. Perteneció al Partido Comunista de España.…  Seguir leyendo »

En la antigua Roma, cuando un peligro grave amenazaba la República los cónsules podían nombrar un dictador que asumía el poder temporalmente para conjurar un riesgo que causaba más temor al pueblo que la pérdida de su libertad, anulando la autoridad de los tribunos de la peble para vetar disposiciones y lanzar la provocatioad populum para trasferir ciertas decisiones transcendentales a la ciudadanía. Sin posibilidades efectivas de control del poder que le otorgaron, no es extraño que Julio César asumiera la dictadura de por vida, transformándose en tirano, lo cual acabó suponiendo su fin por no guardarse de los idus de marzo.…  Seguir leyendo »

La forma en cómo se está afrontando jurídicamente la pandemia de Covid-19 despierta muchas dudas. Son muchos los comentarios que se han escrito al respecto y esos comentarios anticipan lo que, a poco tardar, serán los futuros debates que se van a plantear ante los tribunales, desde los juzgados al Tribunal Supremo y, antes o después, el Tribunal Constitucional.

Pero las dudas no se relacionan con los aspectos de detalle propios de juicios y de jueces y abogados. Guardan relación con algo más general, con una actitud que el filósofo Byung-Chul Han ha llamado «el regreso a la sociedad disciplinaria» y la aparente pasividad o fatalismo con el que se están asumiendo las consecuencias de ese «regreso» en las sociedades occidentales y, desde luego, en la sociedad española.…  Seguir leyendo »

Jueces de instrucción o fiscales

En medio del actual estado de emergencia sanitaria, el Ministerio de Justicia ha anunciado la decisión de retomar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nadie discute que esta reforma es necesaria. De hecho, así se acordó en el Pacto por la Reforma de la Justicia de 2001. Pero desde entonces los numerosos anteproyectos propuestos han «encallado» en un obstáculo hasta ahora insalvable: la falta de consenso sobre el modelo de proceso penal. Ese desacuerdo se manifiesta con particular rotundidad en una cuestión clave: quién debe dirigir la instrucción.

En España, formalmente, es el juez de instrucción quien dirige la investigación del delito, bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, quien además ha ido asumiendo una creciente responsabilidad pudiendo ordenar diligencias de investigación.…  Seguir leyendo »

Es imposible hablar de la pandemia que nos confina sin recordar a los más de 20.000 españoles cuyas vida se ha cobrado. Es imposible no compartir el dolor de las familias. Es imposible no imaginar la terrible soledad de esas últimas horas. Es imposible comprender porqué el Gobierno desconoce o esconde el número real de fallecidos. Es imposible olvidar que los fallecidos no son números, ni tampoco picos, curvas o pendientes. Es imposible no gritar que son personas.

Y si todo ello es imposible, imposible es también evitar alzar la voz para exigir que esta pandemia que tantas vidas se está cobrando, no termine acabando con el sistema de derechos y libertades que sustenta nuestra convivencia democrática.…  Seguir leyendo »

En la madrugada del 7 de julio de 2016, y según declaró en sus Hechos Probados la sentencia (S) de 20 de marzo de 2018 de la Audiencia Provincial de Navarra (APN) (caso La Manada), la «denunciante» (así denomina la APN a la víctima del delito, a fin de guardar su anonimato) fue introducida por dos de los cinco procesados, diciéndole: «calla», en un portal de una casa de Pamplona, y de ahí en un habitáculo del bajo de la finca de no más de 4 m², que no tenía más salida que la propia entrada. En los Hechos Probados de la SAPN se continúa relatando que a la «denunciante … le obligaron una vez en el interior del habitáculo a realizar diversos actos de naturaleza sexual [en concreto, y al menos, cinco felaciones, tres penetraciones vaginales y una anal], valiéndose de su superioridad física y numérica y de la imposibilidad de la denunciante de ejercer resistencia ante el temor de sufrir un daño mayor y la imposibilidad de huir del lugar».…  Seguir leyendo »

Una tarde de estas, en un vino virtual de los que ahora abusamos con los amigos -el vino, estrictamente el vino, afortunadamente, no era virtual-, uno de ellos me preguntó. Pepe, y la Justicia, ¿qué?

La pregunta me llamó la atención. No por su contenido, sino porque se formulara. A la gente le interesa la Justicia, pensé. Y enseguida me sobrevino mi ya antiguo pesimismo con este asunto. A la ciudadanía parece que le importa, a los gobernantes, menos, o nada.

Les conté que en estos días los juzgados no han cerrado, al menos en lo que ha sido declarado esencial, de mayor incidencia en el orden penal que en otros, y que desde la semana pasada se permite la presentación de escritos.…  Seguir leyendo »