Cavilaciones sobre Cataluña

Quien no entienda que una votación no es democrática si se refiere a una materia que no entra en la competencia de los votantes, es que no lo quiere entender. La cuestión no puede estar más clara: los ciudadanos de Tarrasa no pueden acordar la pavimentación de una calle de Manresa y si, en un momento de ofuscación colectiva, el Congreso de los Diputados pretendiera votar la destitución del presidente de la Generalidad de Cataluña, le faltaría tiempo a la presidenta de la Cámara para advertir la improcedencia del intento, por falta de competencia. Estos infantiles ejemplos, a los que ha llegado a ser necesario recurrir por la obstinación de quienes no aceptan las más solventes versiones de la democracia, son la expresión de una de las dimensiones inexcusables de un ordenamiento democrático que se llama nomocracia, o imperio de la Ley. Por mucho prestigio que tenga el acto de votar y por mucho que se le presente como el derecho primario y principal de los ciudadanos, si lo que se vota no está autorizado por la Ley, los custodios de ésta tienen el deber de impedir el desafuero, cuyo resultado –por otra parte– es nulo de pleno Derecho. Pretender ocultar tras el prestigio de las urnas una conducta patentemente anticonstitucional es una inadmisible falacia.

El imperio de la Ley es lo que permite que Cataluña tenga autonomía, que los españoles de Cataluña elijan a sus autoridades y que éstas puedan gobernar aquel territorio con los márgenes amplísimos de libertad que les ha reconocido la Constitución. Lo que no está en el guión es que las autoridades constitucionales de Cataluña pretendan ignorar precisamente las normas en virtud de las cuales ejercen sus funciones intentando modificarlas al margen de los mecanismos establecidos para ello.

Frente a este razonamiento –que considero constitucionalmente irreprochable– se dice ahora que hay un conflicto político enorme porque son muchos los ciudadanos de Cataluña que no se sienten españoles y que alguna solución, política más que jurídica, hay que dar a tan gravísimo problema. Lo que es singular es que se pida esa solución, política más que jurídica, al Gobierno de España y no a los gobernantes catalanes que han predicado durante años una cruzada destinada al fracaso más estrepitoso, que han dividido a los españoles de allí, y que ahora se encuentran metidos en un callejón sin más salida que la que ellos mismos deben propiciar, abandonando la rauxa y regresando al seny. Quienes se ofrecen a mediar en el conflicto refuerzan, de hecho, la actitud de quienes lo provocaron.

Llevamos años de diálogo nacional sobre este problema y son ya centenares las aportaciones esclarecedoras de la historia de España y, dentro de ella, de la historia de Cataluña, del Reino de Aragón y del Condado de Barcelona. ¿Cómo se podría sostener que no es asunto suficientemente debatido?

El pesimismo de Ortega al dar la impresión de que era un tema que no tenía otra solución que la de «conllevarnos dolidamente», fue uno de los motivos inspiradores de los constituyentes de 1978 para superar la «conllevancia» y alumbrar, con la mejor intención, el Estado de las Autonomías. No voy a olvidar mi identificación con el sabio y prudente Torcuato Fernández-Miranda y con su terminante rechazo de la palabra nacionalidades inscrita en la Constitución pero, si la versión que entonces dieron los defensores del vocablo era correcta, tiene que seguir siéndolo casi cuarenta años después y no puede utilizarse para destruir irresponsablemente lo que entonces se construyó. Cualquier nueva concesión provoca irresistiblemente la desconfianza en la utilización que de ella harán los separatistas futuros, visto la que están haciendo los actuales de lo que se logró en el 78… Y ya que hablamos de Ortega, al que tanto se recurre, no olvide el joven líder Pedro Sánchez, tan brillantemente resucitado, que también fue Ortega y Gasset quien sostuvo que «un estado unitario que se federaliza es un organismo de pueblos que retrograda y camina hacia su dispersión».

«En mi frecuente paso por el gobierno –escribió el Conde de Romanones– he aprendido que la atención de los ministros ha estado absorbida constantemente por Cataluña; cuando no era una cosa, era otra; huelgas, regionalismo, separatismo, sindicalismo, proteccionismo. Si el resto de España hubiera originado iguales preocupaciones, la vida ministerial habría sido imposible. Durante un cuarto de siglo, los gobiernos de España han vivido pendientes de las vibraciones catalanas». Sería prudente que el Gobierno español que tan limitadas tiene sus competencias en Cataluña y que necesita los votos de las minorías catalanas para gobernar en el resto del país –modelo seguramente único en el mundo– se decidiera a poner fin a tan singular anomalía, ejerciendo de una buena vez todas las «altas inspecciones» y todas las «modalidades de control» que tiene.

En 1934, cuando España vivía aún en plena euforia republicana, Santiago Ramón y Cajal escribía que estaba «en espera angustiosa de mutilaciones irreparables». «No es que me asusten los cambios de régimen, por radicales que sean, pero me es imposible transigir con sentimientos que desembocarán andando el tiempo, si Dios no hace un milagro, en la desintegración de la patria y en la repartición del territorio nacional».

Nuestro premio Nobel es de los primeros que perciben los síntomas de que los estatutos de autonomía aprobados por la segunda República, aún siendo poco alarmantes en su texto, serían pronto desbordados por las «pérfidas intenciones de las personas encargadas de aplicarlos»: «La catalanización de la Universidad; los ultrajes reiterados a la sagrada bandera española; las manifestaciones francamente antifascistas, pero en realidad francamente separatistas, con los consabidos mueras a España, por nadie reprimidos; el cántico retador, aun en manifestaciones ajenas a la política, de Els segadors; el hecho incuestionable de que son o fueron separatistas los gobernantes de la Generalidad» eran para el Nobel español síntomas cada día menos tranquilizadores. Como señaló el gran predicador de concordias que fue Pedro Laín Entralgo, el anciano Cajal percibe en su pecho la nostalgia punzante de una remota, animosa juventud y llega a recordar la máxima de Gracián que no está lejos del artículo 8.1 de la vigente Constitución Española, tan aplicable como todos los demás: «Contra malicia, milicia».

Nadie con un mínimo sentido de la prudencia política desea que las cosas lleguen a tan radicales extremos y hay que atreverse a decir, con absoluta claridad, que quienes tienen el deber de evitarlo son, ante todo, las autoridades catalanas. Muchos de nosotros propiciamos y presenciamos como toda una clase política supo rectificar el rumbo que cabía esperar de ella y logró abrir cauces hasta entonces inéditos para la democrática convivencia de los españoles, bajo la pacificadora Corona de todos.

¿Sería posible esperar una rectificación tan clamorosa como aquella, que implique ahora una renuncia a los maximalismos disgregadores y convierta a los líderes catalanes en catalizadores de la España unida y autonómica? La generación que hizo posible la Constitución de 1978 es con seguridad la que mejor ha respondido a las necesidades de los españoles de su época y no puede ver con serenidad que se repitan errores históricos de consecuencias irreparables. Cuando muchos piensan que cualquier propuesta es ya estéril y que ésta mía resulta particularmente ilusa, hay que convencer a las autoridades catalanas de que en sus manos está hoy la posibilidad de que Cataluña sea crecientemente admirada por los restantes españoles, si abandonan un camino que no lleva a ninguna parte y contribuyen a la consolidación de una gran España, en la que Cataluña sería más grande también. Como escribió Machado, «hoy es siempre todavía».

Fernando Suárez González, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

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