Censurar, ¿para qué?

Hace unos días publiqué en este mismo medio un artículo en el que reflexionaba sobre la responsabilidad política de los ministros. En unos párrafos iniciales hacía a grandes trazos una caracterización de la moción de censura llamada constructiva como una suma de debilidades y ponía como ejemplo la actual legislatura, en la que el Gobierno se ha visto muy dificultado para sacar adelante la Ley de Presupuestos y le cuesta Dios y ayuda gobernar. Es así porque el Gobierno no tiene mayoría absoluta en el Congreso y el presidente no ha sabido o no ha querido gobernar al frente de una coalición, fórmula bien acogida en países socios de España y todavía inédita entre nosotros.

La segunda debilidad afecta a la oposición, que apenas puede poner en dificultades al Gobierno salvo con alianzas esporádicas sobre este o aquel asunto. Consiguientemente, si tanto el Gobierno como la oposición se encuentran mermados, se ha de resentir forzosamente la gobernación del país, que casi consiste en dejar pasar el tiempo y esperar a que las siguientes elecciones deparen mejores resultados. Casi podríamos decir que es el triunfo de la no-política.

Y en esas estábamos cuando a Podemos se le ocurre presentar una moción de censura al Gobierno con el escuálido apoyo de muy escasos votos de su grupo parlamentario. El observador, con toda lógica, piensa que lo hace, como es casi obligado, para obtener unos próximos réditos electorales ofreciendo a la ciudadanía el espectáculo de un líder sólido y ascendente frente a un presidente gastado e incapaz de gobernar en el sentido propio de la expresión. Pero, como uno de los criterios para medir la solidez política de un líder en una democracia parlamentaria pasa por comprobar sus efectivos parlamentarios, dicho grupo se vio necesitado de encontrar aliados no ya para hacer prosperar la moción, sino para darle un cierto cariz de lucha entre iguales o casi iguales. Ello aumentaría su prestigio ante la ciudadanía.

En sus cálculos creía contar con el apoyo de algunos y la abstención de otros; no es difícil imaginar con quienes para una cosa y para otra. La operación, en principio, no estaba mal pensada. En efecto, algún grupo parlamentario, ante el desastre del Gobierno ejerciente, podría avenirse a censurarlo como advertencia al Ejecutivo aunque con la certeza de que la moción no prosperaría; algún otro votaría también a favor de la censura para desgastar a un Gobierno que no autoriza determinado referendo de autodeterminación; un tercero se abstendría y sólo unos pocos diputados votarían en contra, salvo, claro está, los gubernamentales. Hasta, con un poco de habilidad se podría alcanzar, más o menos, tantos votos como escaños tiene el partido del Gobierno, lo que podría ser resaltado como el final del Ejecutivo por ineptitud, corrupción y agotamiento, y un triunfo de la moción de censura, que debería sumarse al éxito personal del líder, el cual, con toda seguridad, brillaría más que el actual presidente.

Pero, en la vida política, la verdad nunca es tan bella. De un lado, el presidente puede hacer como que ni siquiera presta atención a dicha operación y delegar en sus ministros para que respondan a las invectivas del candidato; por ejemplo, cada uno en las materias propias de su Ministerio. La presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de hacerlo en una censura del propio grupo de Podemos.

Bien es verdad que, según la letra de la Constitución, la moción de censura es presentada contra el Gobierno, pero en realidad se dirige a remover o a desgastar al presidente. A estos efectos, dicho de un modo algo descarnado, los ministros son material fungible.

Por eso el presidente puede delegar tranquilamente en ellos para esta operación y cesarlos al día siguiente quedando él intacto, al menos aparentemente; y no olvidemos que en esto como en tantos escarceos políticos, la apariencia es un grado.

De otro lado, contar como apoyos seguros o probables los deseados suele chocar después con las diferentes expectativas de unos, con la rivalidad de otros y con la indiferencia de unos terceros, ninguno de los cuales estará dispuesto a hacerle tal servicio a un adversario político con el que se tiene que medir electoralmente a corto o a medio plazo. Entonces comienza el cálculo inverso, restando por aquí y por allá hasta llegar a la convicción de la exigüidad de los apoyos y de una severa derrota.

El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista abrió una nueva expectativa: aprovechar que el flamante líder del PSOE ha triunfado con un viraje que lo coloca ideológicamente no muy lejos de Podemos para esgrimir el argumento de la conveniente e incluso necesaria solidaridad de la izquierda, retirar la moción y brindarle al nuevo líder socialista la gran oportunidad de ser él quien capitalice todas las excelencias de la operación.

Pero, entre que esa nueva izquierda del PSOE apenas tiene escaños en el Congreso y que los regalos en política hay que mirarlos con una cierta dosis de escepticismo, tal invitación terminó por recibir una respuesta negativa y la operación de censura acabó presentando un cariz poco halagüeño.

No obstante, como retirar la moción sin ofrecer una estrategia alternativa equivaldría a reconocer un absoluto fracaso, no quedó otra opción que seguir adelante y, para preservar al líder, copiar la táctica más que previsible del presidente del Gobierno: lanzar a la tribuna de oradores a sus lugartenientes para que el líder sufra menos el vacío político que se le prepara.

Y, eso sí, los diputados censores que intervengan han de hacerlo sacando partido de cara al público-electorado por la vía rápida: la acumulación de todos los latiguillos vacíos y de todos los gruesos denuestos que quepan en su exhibición de coraje ético al servicio del país.

Comienza a cundir la idea de que la moción de censura ya no es lo que era, es decir, ya no sirve para lo que servía: censurar al Gobierno con la posibilidad de que triunfe parlamentariamente una alternativa al mismo sin necesidad de aguardar años a que se convoquen elecciones. Nuestro modelo constitucional de censura no pasa de ser una representación teatral de cara al electorado, y no muy buena para lo caras que cuestan las entradas que paga este en forma de impuestos.

Antonio Torres del Moral es catedrático de Derecho Constitucional.

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