Setenta y un años después de la partición de la India, y 47 años después de que lo que antes era Pakistán Oriental se convirtiera en Bangladesh, uno de los legados de la caótica división del subcontinente vuelve a cernirse sobre el país. La crisis que se desarrolla en relación con la publicación, en el estado indio de Assam, de un “registro nacional de ciudadanos” (NRC, por la sigla en inglés) pone en duda la ciudadanía (y el futuro) de unos cuatro millones de personas y amenaza con debilitar la paz en la región.
Cuando en 1947 los británicos se fueron de la India, hicieron una partición basada en la religión, por la que con las provincias de mayoría musulmana en el oeste y el este de la India se creó un estado musulmán, Pakistán. En 1971, después de una feroz operación genocida del ejército paquistaní, que expulsó a unos diez millones de refugiados a la India, y una guerra entre la India y Pakistán, la región oriental se separó y formó Bangladesh.
Tras la derrota de Pakistán en la guerra, la mayoría de los refugiados volvieron al independizado Bangladesh, pero algunos se quedaron en la India, donde se asimilaron por completo. En los años siguientes se les unieron millones de migrantes de Bangladesh que huían de la pobreza y de la escasez de tierras en un país superpoblado.
Los que migraron al estado indio de Bengala Occidental se asimilaron fácilmente con la población bengalí local, pero los que se asentaron en el estado nororiental de Assam tuvieron más dificultades, debido a diferencias lingüísticas, culturales y religiosas con la mayoría asamesa. En los ochenta los estudiantes asameses, furiosos por la perspectiva de perder tierras y empleos, organizaron protestas masivas, que en ocasiones derivaron en violencia.
Assam se volvió casi ingobernable y hubo un par de feroces matanzas de grupos de migrantes musulmanes bengalíes, que pusieron de relieve la magnitud de la crisis (en una de ellas, en 1983, unas 3000 personas fueron asesinadas en Nellie y otras aldeas asamesas). Finalmente, en 1985, el entonces primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, firmó el “acuerdo de Assam”, que puso fin a los disturbios con la promesa de deportar a todos los migrantes ilegales llegados de Bangladesh después de 1971.
Pero no sería fácil de cumplir. Con el correr de los años, diversos tribunales sólo consiguieron identificar a unos pocos miles de una cifra estimada de 20 millones de migrantes ilegales, y no se tomó ninguna medida concreta para poner en práctica el acuerdo. El problema quedó postergado por décadas.
Luego, en 2014, con la asunción de un gobierno radical adherente de la doctrina Hindutva (nacionalismo hinduista), liderado por el primer ministro Narendra Modi y su Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), el proceso revivió. A fines de julio, terminada la fase principal de una campaña de identificación dirigida por los tribunales y apoyada por el gobierno, se publicó el segundo borrador del NRC con la lista de personas que podían demostrar antecedentes en Assam antes de 1971.
El BJP defiende la neutralidad del proceso, resaltando que fue supervisado por la Suprema Corte, al tiempo que celebra que se haya identificado a los “extranjeros”. Pero el NRC es claramente discriminatorio, ya que determinará el derecho a poseer tierras, trabajar y votar en Assam, donde gobierna el BJP. Y cualquiera sea la nómina definitiva (todavía hay tiempo para apelar las decisiones y corregir algunos errores) ya es evidente que los musulmanes bengalíes terminarán siendo la mayoría (o la totalidad) de los excluidos.
De hecho, algunos han insinuado que un motivo central para revivir el proceso de confección del NRC fue despojar del derecho a votar a tantos musulmanes bengalíes como sea posible, antes de la próxima elección general. En un estado cuya población asciende a unos 30 millones, dejar sin voto a cuatro millones de personas puede influir enormemente en la suerte electoral del BJP, que cuenta con escaso apoyo entre los musulmanes de la India. Pero distinguir a un musulmán bangladesí de un musulmán bengalí indio es casi imposible. Además, las derivaciones legales del hecho de privar a tantos habitantes del derecho al voto todavía no están claras, y habrá demandas en los tribunales.
En cualquier caso, es probable que los musulmanes bengalíes excluidos del NRC pierdan más que el derecho a votar. Hay quien habla muy suelto de cuerpo de deportarlos a Bangladesh, pero no hay un tratado bilateral que lo permita, y Bangladesh dejó en claro que no se hará cargo de personas que no viven en su territorio. Lo último que necesita la India es crear una crisis migratoria o, peor, iniciar una deportación forzada a Bangladesh, uno de los pocos países vecinos con los que el gobierno del BJP ha conseguido mantener buenas relaciones.
Pero parece posible que quienes no figuran en el NRC sean expulsados de sus hogares (donde algunos han vivido durante más de cuatro décadas) sin tener lugar adonde ir. Se llegó a insinuar que la India debería crear campos para albergarlos hasta el día en que puedan volver a Bangladesh, una idea que horroriza a los organismos de derechos humanos (sobre todo, porque no hay garantías de que ese día llegará). Más básicamente, ¿hay justificación real para despojar a estas personas de derechos que han ejercido en una India democrática la mayor parte de sus vidas?
Hasta ahora, la crisis creada por el NRC ha sido no violenta. Pero conforme aumentan las tensiones, crece el riesgo de un estallido. El gobierno debe responder preguntas difíciles. ¿Es realmente un acuerdo que se firmó en 1985 para resolver hechos ocurridos después de 1971 el mejor marco para resolver la cuestión en 2018? ¿Puede la democracia india ignorar los derechos humanos de personas que han vivido décadas en su territorio? Por loable que sea proteger la soberanía de la India y la integridad de su ciudadanía, ¿es esto razón para poner millones de vidas en un limbo?
Estas preguntas no tienen respuestas claras, más allá de lo que voces apasionadas a uno y otro lado del debate quieran hacernos creer. Lo único que está claro es que, en momentos en que la asertividad mayoritarista del BJP genera cada vez más inquietud, las decisiones que el gobierno tome en relación con el NRC definirán, para bien o para mal, el futuro de la turbulenta democracia india.
Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and former Indian Minister of State for Human Resource Development and Minister of State for External Affairs, is currently an MP for the Indian National Congress and Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. He is the author of Pax Indica: India and the World of the 21st Century. Traducción: Esteban Flamini.