Cerrar las fronteras, no. Acción inmediata, sí

Los líderes de los distintos Estados miembros de la Unión Europea parecen ser incapaces de controlar esta crisis de refugiados. La última cumbre informal de ministros de Justicia e Interior, celebrada en Ámsterdam, fue toda una deshonra. Los 28 confirmaron que la reintroducción de los controles fronterizos es una medida que va a durar, por lo menos, dos años más. Su solución a los desafíos que esta crisis está planteando es privar a más de 500 millones de europeos de su libertad de movimiento, no solo dificultando el cruce de fronteras a los turistas y negocios, sino también devaluando nuestra economía y las libertades civiles que tanto ha costado conquistar. La última decisión de los líderes europeos es la prueba definitiva de su debilidad política.

Cerrar las fronteras y otro tipo de tácticas disuasorias, como las cuotas nacionales o la confiscación de joyas y objetos de valor, no van a disipar el deseo de los refugiados de huir de la guerra y la destrucción. Durante los primeros 21 días de enero, 37.000 personas llegaron a Italia y Grecia, una cifra diez veces superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. La pérdida de control es cada vez más alarmante y la UE se encuentra en estado de emergencia. Por eso solo un plan europeo que salvaguarde nuestros logros y valores comunes, en lugar de renunciar a ellos, puede convertirse en la solución al caos en el que estamos sumidos.

Refugiados desembarcan de un ferry en el puerto del Pireo. A. K. REUTERS
Refugiados desembarcan de un ferry en el puerto del Pireo. A. K. REUTERS

El primer pilar de este plan europeo pasa por asegurar una de las principales fronteras exteriores, la que se encuentra entre Grecia y Turquía. Al menos 2.000 oficiales deberían ser enviados sobre el terreno para poder tomar las huellas y registrar a los refugiados. Ellos constituirían una fuerza de respuesta rápida que también tendrían capacidad para decidir qué refugiados deben seguir su camino hasta su nuevo destino en Europa y cuáles deben volver a sus países de origen.

Al mismo tiempo, hay que mejorar las condiciones en las que viven los refugiados en los campos situados en Turquía y Europa. En lugar de poner sobre la mesa varios millones de euros y cerrar un mal acuerdo con Erdogan, hay que invertir en ayuda económica directa a los refugiados, mediante mecanismos que garanticen eficacia, equidad y transparencia para que los fondos se destinen directa y exclusivamente a costear sus necesidades básicas.

Pero no solo hay que centrarse en responder a esta situación de emergencia. También tenemos que ser capaces de aplicar soluciones a medio y largo plazo, combatiendo las razones por las que estos movimientos de población se producen. La UE cuenta ahora con una Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa de las fronteras de la UE. Sin embargo, su tamaño y presupuesto son ridículos. Debemos transformar Frontex en un verdadero cuerpo de guardia fronteriza. La proposición de la Comisión está lista, pero hay que acelerar el proceso de aprobación en el Parlamento Europeo y en el órgano en el que se reúnen los Estados europeos, el Consejo. La próxima revisión del presupuesto europeo será el momento perfecto para incrementar de manera sustancial el presupuesto de Frontex. El cuerpo europeo de guardia fronteriza, costeado por los Estados miembros, no solo mantendrá nuestra Unión segura, sino que también será la mejor garantía para asegurar a los refugiados una recepción ordenada y digna.

El establecimiento de este cuerpo europeo de guardia fronteriza requerirá un paquete nuevo de reglas para delimitar sus competencias y encuadrar un nuevo sistema de asilo. El reglamento de Dublín no funciona y lejos de ordenar la manera en la que se procesan las solicitudes de asilo, ha supuesto una carrera en la que los Estados miembros compiten por ver cual resulta menos atractivo para los migrantes.

Huelga decir que el reglamento de Dublín no resuelve la situación caótica en la que nos encontramos, sino que convierte a los refugiados en pelotas que rebotan entre los diferentes países de la Unión. El Consejo Europeo ha de acordar un conjunto nuevo de normas de asilo que se apliquen de la misma manera en todos los países y que incluya un esquema obligatorio de cuotas para distribuir a los refugiados en los 28 Estados miembros. Al mismo tiempo, precisamos de un único paquete de leyes migratorias para que los ciudadanos no europeos que quieran venir a la UE a trabajar puedan hacerlo irregularmente y no tengan que abusar del sistema de asilo. Una nueva tarjeta azul, similar a la existente en América, les permitiría venir a Europa de manera segura y legal para formar parte de nuestro mercado laboral. Carece de sentido disponer de un mercado laboral único y seguir recurriendo a 28 permisos nacionales de trabajo, con sus diferencias, ralentizando la movilidad laboral en lugar de promoverla.

Creemos igualmente imprescindible la implementación de una estrategia de integración con la participación de las autoridades locales y regionales, pues la mayor parte de los servicios públicos se prestan a este nivel. Las comunidades locales son los lugares donde los refugiados desarrollan su vida. Cualquier intento de planificación sin contar con esos niveles de gobernanza está directamente abocado al fracaso.

Los europeos están pidiendo, desesperadamente, medidas concretas y realistas para poder retomar el control. Hasta ahora, el cierre de fronteras y las respuestas antieuropeas han sido la tónica dominante, apoyada por muchos gobiernos nacionales cuyos representantes parecen más preocupados por las encuestas de opinión que por el bien colectivo. Pero lo que los euroescépticos no cuentan es que atrincherarnos detrás de las fronteras nacionales daña la economía, nuestra prosperidad y nuestra libertad de movimiento. Lo que realmente necesitamos son reformas proeuropeas que salvaguarden, protejan y aseguren los principales logros que la integración europea ha conseguido.

Guy Verhofstadt es presidente del Grupo de Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo. También firman este artículo los eurodiputados españoles Beatriz Becerra Basterrechea, Enrique Calvet Chambon, Izaskun Bilbao Barandica, Teresa Giménez Barbat, Javier Nart y Maite Pagazaurtundua.

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