Chávez frente a su alternativa

La ley que margina al nuevo Parlamento que se constituye el próximo 5 de enero y habilita a Hugo Chávez para legislar durante 18 meses, junto con el resto de medidas que tramita la Asamblea Nacional en sus últimos días de mandato y por el régimen de urgencia, compone un potente revelador del panorama político en Venezuela. Un oficialismo que traduce inquietud ante el futuro, y una oposición cuyo mayor reto para consolidarse en alternativa real de poder es perseverar en el fortalecimiento de los partidos políticos, mantener la unidad y no perder el temple, en un contexto de marasmo económico y crisis social.

Si bien la justificación oficial de esta ley de delegación es la necesidad de gestionar la emergencia provocada por las recientes inundaciones, tanto su duración como su extensión concuerdan mejor con la intencionalidad que manifiesta —en vulneración del más elemental principio del Estado de Derecho y la democracia— el exabrupto dirigido por el propio Hugo Chávez a la oposición en el momento de promulgarla: «No podrán hacer ni una… (ley)». La Asamblea Nacional, órgano natural de legislación de acuerdo con la Constitución venezolana, puede delegar dicha competencia con carácter temporal en el presidente para que dicte decretos con fuerza de ley; sin embargo, en el Estado de Derecho, solo es válida la delegación hecha por quien ostenta la competencia, y los poderes de la presente asamblea caducan el próximo 4 enero. En cuanto al ámbito de esta delegación, significa el práctico vaciamiento de contenido del Poder Legislativo como institución, al abarcar, según el propio enunciado de la norma, desde las infraestructuras, el transporte y los servicios públicos, la vivienda, la ordenación territorial, el desarrollo integral y uso de tierras urbanas y rurales, el campo financiero y tributario, hasta la seguridad ciudadana y jurídica, la defensa, la cooperación internacional y el sistema socioeconómico.

Además, la asamblea a punto de extinguirse, haciendo gala de un celo digno de mejor causa, aprueba con premura en estos días, entre otras propuestas, medidas que previsiblemente significarán el cierre de la única cadena de televisión crítica con el régimen, la censura de información y opiniones en Facebook y Twitter y el cercenamiento de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

Chávez tiene diputados suficientes en el próximo Parlamento para sacar adelante cualquier propuesta excepto las de carácter orgánico o habilitante. Cuenta ya, además, con un sistema instaurado progresivamente y de probada eficacia para sofocar toda opinión crítica en la mayoría de los medios de comunicación. Por ello, la explicación de la lógica de las medidas que nos ocupan pasa necesariamente por el nerviosismo del chavismo, no exento en su manifestación de intencionalidad provocadora de cara a la oposición.

La realidad es que la nomenclatura chavista, con el presidente a la cabeza, está inquieta y, en reflejo de un autoritarismo que pretende guardar formas democráticas, su inquietud cobra, al materializarse, tintes de provocación. Esta es la única explicación de propuestas como la de privar de su acta de diputado a quien cambie de adscripción: temen defecciones en sus filas; o la defendida por los diputados oficialistas de incrementar hasta dos años la delegación de poderes legislativos al presidente, uno más de lo pedido por este, y que hubiera supuesto incluir en su periodo de vigencia las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2012.

Esta desazón tiene que ver, sin lugar a dudas, con el fracaso del «socialismo del siglo XXI» «nuestroamericano» que vertebre la retórica chavista. Fracaso de los grandes proyectos, desde las faraónicas infraestructuras de gaseoductos, o el sucre como moneda común, que no han pasado del papel, a la Comunidad Alba, cuya única virtualidad, por el momento, es su previsible interferencia, de culminar las negociaciones en curso, con un proyecto de largo recorrido, que es Mercosur. Chile, Brasil o México, con gobiernos socialdemócratas como los de Lagos y Bachelet o Lula, o liberal-conservadores como los de Calderón y Piñera, han demostrado la eficacia de sus políticas económicas y sociales. Mientras, los indicadores venezolanos, desde una inflación anual oficialmente cercana al 30 por ciento, el dudoso distintivo de constituir la única excepción —si descontamos Haití— al crecimiento generalizado de las economías latinoamericanas, hasta la pérdida de un tercio de la producción de petróleo de la compañía pública PDVSA (que todo el mundo reconoce mientras oficialmente se niega), no son sino reflejo de una sociedad en la que únicamente han visto su situación mejorar de forma evidente los, eso sí, cada día más numerosos, integrantes de la «boliburguesía»: quienes viven bien del presupuesto público. Este colectivo privilegiado incluye a los altos oficiales del Ejército; sin embargo, su actitud de falta de respaldo abierto a recientes medidas de radicalización del régimen permite pensar que, al igual que sus pares en el resto de América Latina, estos militares valoran con realismo su futuro y no secundarán opciones que los situarían en el objetivo de la justicia internacional, convirtiéndolos en auténticos parias de un mundo globalizado. Además, y desde el punto de vista social, al empobrecimiento generalizado de la sociedad venezolana han de sumarse un alarmante incremento de la inseguridad ciudadana y una política de expropiaciones y restricción de libertades que afecta a capas ya extensas, y en aumento progresivo, de la sociedad.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la principal causa del nerviosismo chavista ha de buscarse en una oposición que, tras años de divisiones internas y propuestas disparatadas, se consolida, gracias al progresivo fortalecimiento de los partidos y a su unidad, como alternativa de gobierno. Aunque su presencia en la asamblea no lo refleje debido al sistema electoral, la oposición a Chávez ganó en número de votos las elecciones legislativas de septiembre pasado, de las que emana el Parlamento que la ley habilitante pretende arrinconar. Esto es, frente a un sólido suelo del chavismo en torno a un tercio de la ciudadanía, la jornada electoral dibujó un no menos sólido y ligeramente más nutrido núcleo de antichavistas, con aproximadamente un 30 por ciento del censo que no fue a votar. La mejor organización y mayor presencia de los partidos de oposición sobre todo en las ciudades (el medio rural sigue constituyendo un reto importante y los resultados así lo tradujeron), el mensaje de unidad, el reclamo de la eficacia frente a la patente mala administración, y una actitud sobria, que contrasta con iniciativas drásticas, de paros generales y grandes manifestaciones, que en el pasado lastraron su acción, movilizaron a una mayoría de votantes que, venciendo el miedo difuso que rezuma la sociedad venezolana, acudieron a las urnas arrostrando en muchos casos amenazas, en muchos otros privándose de suculentos incentivos aparejados al voto por la opción oficialista.

Los ejemplos de otras transiciones en la región, pues de auténtica transición ha de calificarse la superación del chavismo, están ahí. Y aunque resulte difícil, perseverar en esta dirección de fortalecimiento, unidad, firmeza y temple es condición necesaria para la consolidación de la oposición en alternativa con reales posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales, aun en las condiciones de debilitamiento —cuando no perversión— de las instituciones democráticas y de cercenamiento de las libertades públicas que, lamentablemente, Chávez introduce en Venezuela.

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