Chile, 40 años atrás

Tras el triunfo de los revolucionarios en Cuba a comienzo de 1959, se diseñó desde los Estados Unidos un doble proyecto político con el objetivo de impedir que en el continente americano se implantaran movimientos populares de ideología socialista. Se apostó por impulsar y fortalecer las instituciones democráticas, promoviendo a su vez el desarrollo económico y social. Este camino, trazado en la Alianza para el Progreso (1961) iba a tener un corto recorrido, ya fuera por el asesinato de John F. Kennedy, las escasas convicciones existentes sobre el propio proyecto o su adulteración, al apoyar a gobiernos autoritarios por confiar en que garantizaban el «orden». Como alternativa se rediseñó la Doctrina de la Seguridad Nacional, por la que se ponía fin a las guerras convencionales, se fijaba como meta evitar la expansión del comunismo en la región, se reforzaba el papel de los Estados Unidos en las relaciones interamericanas —invasión de República Dominicana (1965)— y se apoyaban dictaduras militares.

Esta última opción se fue extendiendo durante la década de los años sesenta y setenta en América Latina. En países como Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973) o Argentina (1976) acabaron implantándose dictaduras caracterizadas por una brutal represión contra sus ciudadanos. Y los intentos para construir un nuevo modelo de acumulación de capital, que reemplazara las políticas autárquicas y proteccionistas derivadas de la industrialización por sustitución de importaciones (en la que el papel del Estado era fundamental para conseguir el desarrollo económico), por otro donde el Estado pasaba a tener un papel subsidiario, centrando su confianza en la inversión privada y el mercado. El nuevo modelo, neoliberal, solo podía ser impuesto con el apoyo de las bayonetas.

Para justificar los golpes de Estado y los gobiernos autoritarios, se magnificó el papel de grupos subversivos que si bien existían (Montoneros, Tupamaros, Ejército Revolucionario del Pueblo…) eran derrotados sin necesidad de acabar con los gobiernos democráticos. En verdad lo que se pretendía era poner fin a los movimientos populares que cuestionaban a las clases dominantes y su papel dirigente y posibilitaban cambios desde la democracia, en línea con planteamientos socialistas. Fueron los casos del Frente Amplio de Uruguay, con Líber Seregni, o la Unidad Popular (UP) en Chile, liderada por Salvador Allende.

La experiencia chilena de la Unidad Popular abrió esperanzas en todo el mundo, especialmente en la izquierda democrática, deseosa de abandonar la vía leninista de acceso al poder y apostar por el camino de las elecciones como mecanismo de transformación de la sociedad. En los comicios presidenciales del 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la UP (coalición de socialistas, comunistas y demócrata-cristianos disidentes), triunfó por estrecho margen sobre los candidatos de la derecha y la Democracia Cristiana (DC). Era costumbre constitucional que el candidato más votado obtuviera el voto del Congreso Pleno para conseguir la jefatura de la República. En aquellos históricos días, varios actos desestabilizadores pretendieron bloquear la llegada de Allende al palacio de La Moneda. La derecha intentó burlar la disposición que impedía la reelección presidencial inmediatamente presente (Gambito Frei). Paralelamente, y lo que es más importante, el 15 de septiembre de 1973 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon ordenó una intervención encubierta en Chile a Richard Helms, director de la CIA. Es el primer documento que registra la orden de un presidente estadounidense de derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Aunque fracasó, su costo fue muy alto: el asesinato de René Schneider, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por el grupo ultraderechista Patria y Libertad.

¿Cuál era el interés de la Casa Blanca para impedir la presidencia de Allende? Los documentos de la CIA (Memorando 97 para el Estudio de la Seguridad Nacional, agosto de 1970) ponían de manifiesto que los Estados Unidos “no tienen interés nacional vital alguno en Chile”, ni se iba a ver “alterado de modo significativo” el equilibrio del “poder militar en el mundo” en caso de que Allende formara gobierno. Pero lo que sí le preocupaba de la victoria de la UP eran los “considerables costes políticos y psicológicos” que tendría, ya que por un lado podía contagiar a otros países de la región, y por otro sería un “revés psicológico apreciable para Estados Unidos, así como un claro avance del ideal marxista.”

Finalmente la Democracia Cristiana decidió apoyar a Allende a cambio de ciertas garantías (Estatuto de Garantías Constitucionales) y el 4 de noviembre de 1970 fue proclamado presidente. Comenzaron así los “mil días de la Unidad Popular”, que finalizaron trágicamente con el golpe de Estado encabezado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Augusto Pinochet, y el suicidio del presidente Allende.

A lo largo de este periodo continuaron las acciones encubiertas de Estados Unidos, apoyadas por la vieja derecha oligárquica (Partido Nacional). En cambio, fue más complejo el papel de la Democracia Cristina al abandonar poco a poco sus posiciones progresistas, por actitudes cada vez más reaccionarias que la situaron en los brazos de los golpistas. Entre los dirigentes democristianos responsables de tal cambio se encontraban el ex presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente del partido, Patricio Aylwin.

Salvador Allende, comprometido con “la revolución con empanada y vino tinto”, trataba de extender la democracia, romper la influencia extranjera en la minería —nacionalizando el cobre—, intensificar la reforma agraria —poniendo fin a las relaciones caciquiles y permitiendo el acceso a la propiedad de los campesinos—, incrementar la presencia del sector público en la economía (área de propiedad social) y mejorar la escuela pública. Esperanza y derechos para un país desigual, injusto. También su política exterior vibraba con el mismo ánimo transformador, sostenida en los principios de la teoría de la dependencia, el tercermundismo, el no alineamiento y la construcción de una conciencia latinoamericana crítica hacia el dominio imperialista. Bajo su mandato, Chile restableció relaciones con Cuba y acogió la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD II).

Para llevar a cabo estos cambios, Allende debía de contar con una mayoría parlamentaria, que nunca tuvo, aunque sí hubo un apoyo unánime a la nacionalización del cobre. A través de resquicios legales consiguió la expansión del sector público. Dentro de la UP se vivían diferencias sobre el ritmo y el método de los cambios. Mientras los comunistas y un sector de los socialistas fueron fieles a Allende, hubo otros socialistas que quisieron acelerar las reformas, lo que alentó la propaganda de los involucionistas y el descontento de parte de la población.

Desde la Historia, el golpe del 11 de septiembre de 1973 no se puede explicar solo en clave exterior, sino también interna. La velocidad de los cambios económicos que se produjeron, incluso al margen del Ejecutivo presidencial, no se acompañaron de un aumento simultáneo del apoyo de los sectores medios y del Parlamento. La Democracia Cristiana, con expectativas de recuperar el poder a corto plazo, negó su apoyo a Allende en sus últimos meses y contribuyó a la gestación del golpe militar. Hubo errores desde el Gobierno, pero ninguno justifica el golpe de Estado, la dictadura ni la represión posterior. Lo más importante es que el 11 de septiembre fue el fin de un proyecto político esperanzador, alternativo y con fuerte apoyo popular. De lo que se trataba era de hacer ver la necesidad de un “pensamiento único” ante el fracaso cada vez más evidente de lo que sucedía tras el Muro de Berlín.

Álvaro Soto Carmona y Pedro A. Martínez Lillo son catedrático y profesor titular, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Madrid. Óscar Soto Guzmán fue médico personal de Salvador Allende.

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