Nunca hubo en el mundo tanta deuda como hoy. Con tipos de interés tan bajos por tanto tiempo, quien podía endeudarse, lo hizo. Pero a pesar de lo ínfimo de los costos financieros, las consecuencias económicas de la pandemia han forzado a diversos países vulnerables a declarar uno tras otro el default soberano (o dar señales de su inminencia). Para colmo, el principal acreedor de las economías emergentes con problemas de deuda (China) tiene poca experiencia sobre cómo manejar una cadena de impagos de deuda soberana.
El 13 de noviembre, Zambia se convirtió en el sexto país que este año incurre en cesación de pagos de sus bonos soberanos (a continuación de Argentina, Belice, Ecuador, Líbano y Surinam). Es probable que otros los sigan. Fitch Ratings ya da a 38 bonos soberanos una calificación B+ o inferior (donde B representa un riesgo «sustancial» de default).
En tanto, otros países están tratando de reestructurar sus deudas para evitar el impago. Por ejemplo, la deuda pública total de Kirguistán a fines de junio era 4700 millones de dólares, de los que 4100 millones se debían a acreedores externos, incluidos 1775 millones de dólares a China.
Y Kirguistán no está solo. En 2018, 72 países en desarrollo de bajos ingresos, con una deuda total de 514 000 millones de dólares, debían 104 000 millones a acreedores chinos (106 000 millones se debían al Banco Mundial y 60 000 millones a bonistas privados). Esto incluye préstamos directos del gobierno de China; préstamos de sus «bancos institucionales», por ejemplo el Banco Chino de Desarrollo; y préstamos no concesionales de empresas comerciales estatales.
Otras fuentes chinas permiten suponer que la deuda en circulación es incluso mayor a las cifras mencionadas. A fines de 2017, el Banco Popular de China informó que el país poseía 637 000 millones de dólares en préstamos internacionales. Es evidente que a China le corresponde un lugar central en la gestión del problema de la deuda soberana de los países en desarrollo. La pregunta es si sabrá cómo hacerlo.
Desde el inicio de la pandemia, se ha ido llegando a un consenso mundial respecto de la reestructuración de deudas soberanas. En las reuniones de abril del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los ministros de finanzas del G20 acordaron «una suspensión por tiempo limitado de pagos de deuda» para los 73 países más pobres del mundo mientras luchan contra la crisis de la COVID‑19. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) reprogramó alrededor de 12 000 millones de dólares de pagos que debían hacerse entre el primero de mayo y fin de año (luego el marco temporal se extendió hasta mediados de 2021).
China colaboró plenamente con esta iniciativa, mientras luchaba también contra la pandemia. Como expresó en noviembre el presidente chino Xi Jinping a los representantes de los otros miembros del G20: «Debemos seguir apoyando a los países en desarrollo y ayudarlos a superar las dificultades causadas por la pandemia».
El apoyo de China es muy importante. Siendo, con diferencia, el principal acreedor bilateral de los países de bajos ingresos, China representa aproximadamente el 20% de la deuda externa total de los 73 gobiernos incluidos en la DSSI, y cerca del 30% de sus vencimientos para este año. La DSSI fue un buen inicio, pero es una iniciativa por única vez, y sólo incluye a los países más pobres del mundo. Como es posible que muchos países de ingresos medios caigan en cesación de pagos o soliciten una reestructuración de deudas, se necesita un marco más amplio que instituya reglas universales para diversos grupos de acreedores.
Felizmente, ese marco ya existe: el Club de París de acreedores soberanos, que mantiene reglas generales para el manejo y la reestructuración de deudas soberanas. Creado en 1956 con una primera negociación entre Argentina y sus acreedores oficiales en París, el grupo reúne a funcionarios de los ministerios de finanzas de los principales países acreedores, con el objetivo de resolver dificultades de pago de los deudores.
El problema es que China, principal prestamista soberano del mundo, no es miembro del club, porque otros acreedores importantes critican la falta de transparencia de sus préstamos y condiciones. Una sospecha habitual es que China se aprovecha de esta opacidad para imponer acuerdos bilaterales a los gobiernos deudores.
Pero ahora que se multiplican los defaults y aumentan los volúmenes de deuda en atraso, tal vez a China le interese buscar otra modalidad. Al fin y al cabo, no tiene muy bien regulados sus créditos, sus condiciones de préstamo no están estandarizadas, y tiene poca experiencia en reestructuración de deudas (un proceso que por lo general se realiza bajo la guía del FMI). Está claro que los países deudores, otros acreedores y China tienen un interés compartido en que este último país ingrese al Club de París.
En esto sirve de ejemplo la experiencia de Rusia después del derrumbe de la Unión Soviética. Esta había provisto grandes sumas de dinero a muchos países en desarrollo, con condiciones complejas y secretas, y generalmente a tasas muy bajas, de modo que no quedaba claro si eran préstamos o subsidios. A mediados de los noventa el gobierno ruso decidió hacer orden, para lo cual publicó la contabilidad de los préstamos y recurrió al Club de París para la búsqueda de soluciones razonables.
En septiembre de 1997, Rusia se convirtió en miembro formal del club. En ese momento, el ministro de finanzas ruso, Anatoly Chubais, adelantó que los pagos anuales de los países deudores subirían de 200 millones de dólares a no menos de 500 millones, pese a que Rusia iba a aplicar un descuento de entre 30 y 80% a unos 37 000 millones de dólares adeudados. Al final, el esquema funcionó tan bien que ya nadie habla de la cuestión de los préstamos rusos y el Club de París.
Ahora que más economías emergentes corren riesgo de default, China debería seguir el ejemplo de Rusia. Por su propio bien, y el de todos, su lugar está dentro del club.
Anders Åslund is a senior fellow at the Atlantic Council in Washington. His latest book is Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. Djoomart Otorbaev was Prime Minister of Kyrgyzstan in 2014-15. Traducción: Esteban Flamini.