En 2013, el gobierno chino planteó una agenda de políticas que prometía reformas reales en una economía excesivamente endeudada y distorsionada por la gran influencia de las empresas estatales. Pero en vez de cumplir esa agenda, China eligió evitarse los riesgos implícitos en la mercadización y regresó a lo que mejor conoce: el control estatal de la economía, con la apariencia de estabilidad que trae aparejada.
The China Dashboard, un proyecto conjunto entre el Asia Society Policy Institute y el Rhodium Group, viene haciendo desde 2017 un seguimiento de las políticas económicas de China. Tras analizar datos objetivos tomados de diez esferas cruciales de la economía del país, hallamos que en los últimos tres años, las reformas en China han sido entre tibias e inexistentes.
El incumplimiento del gobierno chino de su promesa de abrir más la economía le restó credibilidad y contribuyó al creciente rechazo internacional que está experimentando. Incluso antes de la llegada de la COVID‑19, la falta de reformas había debilitado el desempeño económico de China y generado una permanente sobredependencia del endeudamiento, con el consiguiente desaliento del sector privado chino.
Ahora China se encuentra en una encrucijada. La crisis de la COVID‑19 generó una caída económica del 6,8% en los tres primeros meses de este año; es la primera contracción trimestral (reconocida) de la que se tenga registro. Por primera vez en más de veinticinco años, China no ha publicado una meta de crecimiento.
Además, como hoy la deuda es un problema mayor para China que en 2013, el gobierno no tiene la opción de implementar un estímulo masivo como el que aplicó durante la crisis financiera global de 2008 y después de ella. Acumular más deuda sólo agravaría los riesgos que ya se ciernen sobre la economía, entre ellos una burbuja inmobiliaria y un sector bancario sobredimensionado que, tras cuadruplicar las carteras de préstamos en la última década, está sentado sobre una montaña de deuda inestable.
Frente a estas limitaciones, el gobierno chino decidió recrear una agenda de reformas. El 9 de abril publicó un plan para mejorar la «asignación de los factores de producción basada en el mercado». A lo que sumó el 18 de mayo un manifiesto muy amplio que pone la priorización del empleo en un mismo nivel con la política fiscal y monetaria tradicional. La nueva agenda de reformas reconoce la importancia de la competencia, y propone mejoras en la protección de las empresas privadas, la propiedad intelectual y los secretos industriales. El gobierno también se pronunció respecto de fortalecer los mecanismos de mercado para la fijación de precios, formalizar los derechos de propiedad y restringir la interferencia administrativa en el funcionamiento de los mercados.
Todo esto está muy bien. Pero ¿puede el mundo creerle a China esta vez? El gobierno todavía no explicó por qué el plan de reformas de 2013 no se implementó, y las nuevas promesas de reformas no abundan en detalles (y ya se sabe que el diablo está en los detalles).
En tanto, tras la conmoción sufrida por los errores iniciales de China en la contención de la COVID‑19, las empresas extranjeras están cada vez más alarmadas por el aumento de las tensiones con Estados Unidos, y se están llevando inversiones a otros países en busca de diversificación. Paralelamente, las empresas privadas chinas posponen gastos en capital. Si estos cambios en el ámbito empresarial continúan, a China le resultará más difícil recuperarse de la crisis.
Además, a los problemas económicos se suma la reciente decisión china de imponer a Hong Kong una nueva ley de seguridad. Parece que el gobierno está dispuesto a aceptar altos costos económicos y una andanada de críticas extranjeras con tal de conseguir un Hong Kong más sometido. Pero si Hong Kong vuelve a hundirse en la violencia, y si China responde con formas extremas de represión conforme a la nueva ley, las empresas internacionales tendrán menos incentivos para quedarse, y las perspectivas económicas de China se tornarán aun más sombrías.
Los próximos meses serán cruciales. Si China quiere demostrar que sus intenciones de reforma esta vez son serias, una posibilidad sería que privatice o divida algunas empresas estatales. También puede abolir las normas que todavía existen en relación con la creación de empresas conjuntas, o flexibilizar los límites al capital extranjero, para ampliar el campo de industrias al alcance de la inversión extranjera directa. De hecho, la Unión Europea ya está presionando a China para conseguir algunos de estos cambios, en el marco de las negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral integral sobre inversiones. En la segunda mitad del año ya deberíamos saber si China está dispuesta a asumir los riesgos de una reforma auténtica.
Pero incluso si China le imprime a su economía un giro liberal, cuesta ver de qué manera podrá revertir la «fatiga de promesas» que ya se instaló entre sus socios económicos internacionales. Los funcionarios de muchas economías de mercado insistirán en que China se esfuerce más en lo referido a ajustarse a las normas de los mercados internacionales, en vez de esperar que los otros países se ajusten a su sistema económico dirigista. La implementación de reformas económicas significativas en China será esencial para nivelar el campo de juego internacional y evitar una ola de partidas de empresas extranjeras.
La COVID‑19 es la mayor prueba económica que China haya enfrentado en décadas, pero el lado positivo para la dirigencia china es que la crisis le da una oportunidad de reorientar la economía hacia un crecimiento sostenido a largo plazo por medio de la mercadización. ¿Será capaz el presidente chino Xi Jinping de comprender esta realidad y aprovechar el momento? ¿O insistirá en la estrategia fallida posterior a 2013, cuando muchas reformas prometidas se sacrificaron por temor al cambio y a la inestabilidad implícitos en ellas?
Kevin Rudd, a former prime minister of Australia, is President of the Asia Society Policy Institute in New York. Daniel Rosen is a founding partner of Rhodium Group. Traducción: Esteban Flamini.