El 17 de junio de 1998, el entonces ministro de Industria del PP, Josep Piqué, acudía a declarar ante la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados, y demostraba qué es patinar de valiente. Habló del incidente registrado, el 25 de mayo anterior, en la planta que la empresa Acerinox tiene en Algeciras (Cádiz). El detector de salida de vehículos de la planta pitó al pasar un camión que transportaba chatarra transformada. Allí había radiactividad. No había pitado en su momento el del pórtico de entrada a la factoría, cuando llegó la chatarra, sencillamente... porque no había detector. ¿Qué cosas! O sea: podía entrar mierda; pero debía salir sólo material sublime.
El caso es que el ministro Piqué explicó (es un decir) que lo sucedido era debido a que, para su procesamiento, Acerinox había recibido un aparato desvencijado de rayos X, y, claro, como que estos artilugios emiten radiaciones ionizantes, se había descubierto finalmente su presencia. Piqué se olvidó de una cosa, pero qué cosa: los aparatos de rayos X, como es de sobra sabido, no funcionan y no emiten nada de nada si no están conectados a la corriente eléctrica... Un detalle menor, obviamente. Lo más chusco del caso es que ninguno de los diputados presentes cayó en ello y, al menos en este sentido, dieron por buenas las explicaciones del titular de Industria. De industria, nada menos.
El ciudadano de a pie, a menos que quiera eruditizarse por correspondencia, no está en la obligación de saber qué son unos pocos becquerelios de un isótopo como el cesio-137, y de si éste insiste en emitir, sin intervención externa, partículas beta y radiaciones gamma. Pero todo un ministro de Industria, y más si acude a dar cuentas a los representantes de la soberanía popular, sí debe saberlo. Entre otras cosas porque saberlo va en su sueldo. Y porque fue la causa real de la alarma.
Pero, ¿ay, señor!, por lo visto eso de la ignorancia (supina) de la ciencia y de la tecnología, no distingue entre colores políticos. ¿Ciencia y política?: una pareja de imposible entendimiento, parece ser, al menos en España. Ahora acaba de ser la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, la que acaba de lucirse en sus planteamientos científicos. ¿O son los del Consejo de Ministros como tal? (Por cierto: ¿no incluye el Consejo un científico de lujo, como es el caso del profesor Bernat Soria?)
La señora vicepresidenta endilgó a los periodistas presentes en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo del pasado día 13 (debe ser cuestión de la fecha ) una recomendación: que los medios de comunicación suscriban protocolos de autoregulación cuando informen sobre 'violencia de género'. Se entiende lo que se pretende, al menos yo. Lo que por cierto no entiendo es eso del género, sin duda debido a que soy biólogo de formación y a mí me enseñaron que los seres vivos tenemos sexo, y que eso del género queda para los textiles, por ejemplo.
A la cuenta, la chispa se produjo hace algunos días a raíz del informe realizado por el médico forense (que no estadístico ni epidemiólogo) Miguel Lorente, para la Junta de Andalucía. Lorente ha observado que el 50,4% de las muertes debidas a la violencia doméstica que se han producido en los años 2003-2007 lo han sido con un intervalo entre ellas de unos tres días. El forense concluye de ello, y entre otras posibilidades, que esta concatenación más o menos periódica posiblemente se deba a la publicación de tales crímenes en los medios de comunicación. No consta, pero no es difícil deducirlo, que el sistema de análisis, ha sido, en este caso, el de la estadística gruesa.
No parece éste el lugar para adoctrinar a los lectores sobre las reglas y leyes de la Estadística científica. Y mucho menos para desarrollar la Distribución de Poisson sobre casos raros. Basta por el momento hacerse eco de epidemiólogos y estadísticos de las universidades de Girona, Granada, Sevilla o Madrid, cuando dicen que «las reglas más simples de la Estadística desmontan esa tesis» asumida por el Gobierno español, con el consejo para los medios de comunicación como corolario de su vicepresidenta.
Y la guinda: la socióloga Constanza Tobío, catedrática en la Universidad Carlos III de Madrid, y miembro del mismísimo Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, y que presenta como tal su informe anual al Gobierno, indica que la difusión en los medios, de las noticias de violencia doméstica, no sólo «tiene efectos positivos», sino que «significa que estamos asumiendo un problema social que nos concierne a todos, que no es algo privado de la familia, y ayuda a hacer visible el problema para la sociedad y para las víctimas». Y a esto contrapone la vicepresidenta del Gobierno español la recomendación de redactar un protocolo limitativo para el caso Anticientífica, por lo menos, se llama la figura.
Pero para consuelo de españolitos varios, el propio ministro de Trabajo, que es consciente de la metedura de pata, y de que la ciencia no es el fuerte del Consejo de Ministros (¿ni de los políticos?) se ha apresurado a indicar que «los miembros del Gobierno no son estadísticos». Afortunadamente.
Josep Català