Ciencia y tecnología: una apuesta imprescindible

Estancamiento, esa es la palabra que define la situación de la I+D española al final de la presente legislatura. Así lo demuestra la reciente publicación, por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los últimos datos anuales consolidados de inversión española en I+D, los correspondientes a 2010. Las gráficas temporales del INE resultan inequívocas: el crecimiento sostenido de la inversión global en I+D desde 1996, con incrementos que en algunos años llegaron al 15 por ciento, se ha detenido desde 2008. La inversión actual representa el 1,39 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), lejos de la media de la Unión Europea, que está próxima al 2 por ciento y a años-luz de la de los países que alcanzan el 3 por ciento, como Estados Unidos, o incluso el 4 por ciento, como Finlandia o Suecia. Solo la contracción de nuestra actividad económica maquilla un poco esa cifra del 1,39 por ciento, que en condiciones normales sería muy inferior. Además, nuestras empresas siguen lejos de aportar los dos tercios de la inversión, como ocurre en los países más avanzados, quedándose en menos de la mitad y con un descenso claro en los últimos años.

Repasar la historia reciente resulta revelador. Nuestro sistema científico había experimentado una notable expansión desde 1980, tanto en inversión como en productividad y visibilidad internacional. Nuestro ingreso en la Unión Europea, en 1986, supuso una notable internacionalización. España llegó a influir de forma significativa en las políticas científicas comunitarias, contribuyendo con los recursos que nos correspondía a los programas científicos. En 1999, llegamos a retornar la totalidad de nuestra aportación, en proyectos competitivos integrados con otros grupos europeos. Esta evolución supuso un recorrido necesario, pero en absoluto implicaba haber alcanzado los objetivos que como nación europea tenemos que perseguir. Los gobernantes ahora salientes propusieron que, ya en 2008, nuestra I+D alcanzaría ¡el 2 por ciento del PIB!

El retroceso de la última legislatura es un verdadero fracaso de la administración saliente. Poco alivio aporta el considerar que la crisis también ha de afectar a la creación de conocimiento y a la innovación, muchas sociedades han afrontado esta crisis con programas especiales para reforzar las tareas investigadoras. Además, el balance de la última legislatura de Zapatero es igualmente negativo en lo que respecta a la gestión de la política científica, caracterizada por los bandazos y la falta de apoyo a los organismos responsables. Comenzó con la creación de un Ministerio de Ciencia e Innovación, que incluía la responsabilidad sobre el sistema universitario, dentro de un esquema muy dudoso de estructura de gobierno, junto a sendos ministerios de Educación y de Industria. En menos de un año, se le restaban al primero las competencias de universidades, dejando a sus gestores en evidencia. Mientras tanto, se ha agravado en extremo la gestión de organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la espina dorsal de nuestro sistema científico. Su conversión en agencia estatal no se ha acompañado de las medidas que posibilitaran una gestión adecuada del organismo, en medio de la indiferencia de las autoridades ministeriales.

El único balance del presente período legislativo es la aprobación de una nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un extenso texto legal, a veces notablemente farragoso y reglamentista, que difícilmente aportará el marco necesario para el impulso que nuestra I+D precisa. La ley resulta particularmente insuficiente en lo relativo a la Universidad. Las universidades españolas aportan al menos dos tercios de la producción de conocimiento científico que se crea en España. Sin embargo, las previsiones de esta ley se quedarán en papel mojado, sin una más que necesaria reforma de la Universidad. Las menciones de la referida ley sobre la movilidad del personal entre universidades son mera retórica, cuando el actual marco legal universitario, modificado por el Gobierno saliente, no ha hecho sino agravar la endogamia.

En estas condiciones, potenciar la sociedad del conocimiento (educación e investigación) es la única opción de futuro para nuestro país. No por repetido resulta menos urgente y necesario el cambio de nuestro modelo productivo. Una economía como la nuestra, entre las primeras doce del mundo, debe tener la fortaleza para realizar esa apuesta. El escenario global es muy cambiante; a los tradicionales bloques (USA, Europa, Japón) que desarrollan tecnología se unen los países emergentes (China, India, Brasil), lo que determina una situación nueva. Numerosas empresas del mundo occidental deslocalizan sus departamentos de desarrollo a las áreas emergentes, en un proceso abocado a continuar.

Nuestro primer desafío será mantener una actividad de creación de conocimiento, en la situación de fuertes restricciones económicas que tenemos delante. La austeridad y el rigor en el gasto representan la oportunidad para invertir en futuro, en el futuro que proporciona la apuesta por el conocimiento (la llamada «infraestructura de la infraestructura»). Serán necesarias políticas rigurosas, para priorizar las temáticas que lo merezcan, así como llevar a cabo una gestión exigente. El fortalecimiento de nuestras mejores capacidades, habrá de atender a los sectores básicos entre los que en nuestro país tienen posibilidades, entre ellos el sanitario, el alimentario, el energético, el medioambiental, el de información, comunicaciones y otros. Pero igualmente importante será lograr una mayor integración en los esfuerzos europeos, tanto desde el punto de vista de la formulación de políticas como de la ejecución de las tareas. Tenemos ese potencial, pero hace falta sostener este esfuerzo político con tesón.

Rentabilizar los avances de la investigación sigue siendo una asignatura pendiente. Las sucesivas medidas formuladas en numerosas ocasiones, y en las que la nueva ley de ciencia incide también, insisten en facilitar la participación de los investigadores académicos en empresas, con permisos temporales y medidas similares. Sin embargo, siguen faltando las estructuras de interfase entre el mundo académico y las empresas, que articulen estos procesos de transferencia de conocimiento. Igualmente, serán necesarias reformas estructurales adecuadas, en especial la de la Universidad. El que la autonomía de las instituciones de educación superior consista más en dar cuenta y razón de los recursos que reciben de la sociedad que en satisfacer los intereses internos representa un objetivo inaplazable. Así lo reconocen las autoridades salientes, a pesar de su inacción en este sentido. La investigación solo puede alcanzar la prioridad suficiente en una Universidad gestionada de esta forma.

Las dificultades que tiene delante la sociedad española no nos deben abocar a un pesimismo fatalista. Las generaciones actuales podemos saber mucho del esfuerzo de otras que nos precedieron, gracias al cual se pudieron conquistar las cotas de bienestar de que ahora disfrutamos. Ante nosotros tenemos el reto de progresar no solo en lo material, sino en capacidad de entendimiento y convivencia. Avanzar en la Ciencia y la Tecnología supone un ingrediente muy importante de ese proyecto colectivo; en definitiva, un objetivo en el que podemos coincidir todos.

Por César Nombela, catedrático de la Universidad Complutense.

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