Cinco años en el lado oscuro

Por Esteban Beltrán Verdes, director de Amnistía Internacional en España (EL PAÍS, 11/01/07):

Aquel día de julio en El Escorial comprendí que serían sospechosos para siempre: ¿Erais religiosos antes de llegar a Guantánamo?, ¿qué hacíais realmente en Afganistán cuando fuisteis detenidos? Asif y Ruhel relataban a decenas de periodistas, con frases cortas, tímidamente, su vida de dos años y medio en Guantánamo, ese gulag contemporáneo que cumple hoy su quinto aniversario: “Al principio estaba en una jaula como un animal…, nos torturaron durante meses…”.

Asif y Ruhel, con todo, tuvieron suerte y fueron liberados sin cargos en marzo del 2004, aunque les acompañará siempre el estigma de la sospecha: “Algo habrán hecho”, “por algo se los llevaron”. Hoy, con la política del lado oscuro del Gobierno de Estados Unidos, la presunción de inocencia está en peligro de extinción.

Como Ruhel y Asif, unos 775 sospechosos de “terrorismo” han pasado por Guantánamo desde el 11 de enero de 2002. Ninguno ha sido declarado culpable de ningún delito. En su desesperación, al menos 40 presos han intentado suicidarse; tres de ellos lo consiguieron el pasado junio. Allí siguen recluidas unas 430 personas de 35 nacionalidades diferentes.

Pero este lado oscuro no acaba ni empieza en Guantánamo. Muchos de los detenidos han sufrido otros limbos secretos antes de llegar a la base estadounidense. Conocemos algunos de los países por donde han pasado: Afganistán, Bosnia, Emiratos Árabes, Egipto, Gambia, Indonesia, Mauritania, Tailandia, Zambia. Hace tan sólo cuatro meses, 14 personas fueron trasladadas a Guantánamo después de haber permanecido cuatro años y medio detenidas en régimen de incomunicación bajo la custodia secreta de la CIA.

Guantánamo es, además de un drama humano de considerables dimensiones, el mayor ataque que han sufrido los Derechos Humanos desde su nacimiento formal el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque se gesta y se desarrolla en una democracia, en el país más poderoso del mundo, y ha sido decidido al más alto nivel.

El 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush autorizó detener por tiempo indefinido a ciudadanos extranjeros sin que pudieran buscar amparo en los tribunales. Un mes y medio después, irónicamente el Día de los Inocentes, un memorando del Departamento de Justicia negaba a los detenidos en Guantánamo la posibilidad de cuestionar la legalidad de su detención.

Pocos días después de que llegaran los primeros detenidos a esta base en Cuba, George Bush negaba oficialmente que los talibanes fueran prisioneros de guerra, cuestionando la prohibición de la Convención de Ginebra de someter a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los detenidos. Entre diciembre de 2002 y abril de 2003, el entonces secretario de Estado Donald Rumsfeld autorizó eufemísticamente nuevas “técnicas de interrogatorio”, es decir, torturas, como el uso de perros contra presos, obligar al detenido a permanecer de pie o agachado, privarlo del sueño o someterlo a ruidos que enloquecen.

Algo difícil de imaginar hace tan sólo unos años, como la posibilidad de que la tortura fuera legalizada, se convierte hoy en una amenaza real. El 17 de octubre de 2006, el presidente Bush firmó la Ley de Comisiones Militares, que codifica un sistema de justicia “paralelo” ignorante de la Constitución, el sistema de justicia estadounidenses y los tratados internacionales de derechos humanos. Esta ley no permite que ninguno de los detenidos en Guantánamo se dirija a un tribunal para obtener su protección y, sin embargo, puede admitir pruebas extraídas bajo tortura.

Guantánamo es un escándalo universal y símbolo de un poder ejecutivo que cree no tener límites en su “guerra contra el terror”. Pero lejos de ser una estrategia “contraterrorista” válida y eficaz, está total y radicalmente errada: ha aumentado la brutalidad de los ataques de los grupos armados y vivimos hoy en un mundo más inseguro. Alentados por el (mal) ejemplo estadounidense, varios Gobiernos han justificado sus particulares cruzadas por la “seguridad”, a menudo salpicadas de graves abusos. También el gasto militar mundial, estimulado por las necesidades de la lucha contra el “terrorismo”, batió récords en 2006, y superó en 15 veces el gasto global en ayuda al desarrollo, alejando las posibilidades de cumplir los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, en concreto la erradicación de la pobreza.

¿Tiene Guantánamo vuelta atrás? ¿Es un episodio triste pero aislado, o asistimos al surgimiento de un nuevo “orden mundial”, caracterizado por el desmoronamiento de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, en el que cada Estado interpretará a su conveniencia el alcance de estos derechos?

El año que comienza es clave para apartar a Estados Unidos del lado oscuro. Los republicanos han perdido el control del Congreso y del Senado en las últimas elecciones, y con un Capitolio en otras manos se puede abrir un nuevo periodo con una agenda que no busque violar derechos humanos, sino respetarlos.

Los litigios contra las Comisiones Militares y por los derechos básicos de los detenidos continúan y alcanzarán con toda probabilidad el Tribunal Supremo de nuevo, que ya las bloqueó en junio de 2006.

El nuevo Congreso abre las esperanzas a una mayor vigilancia sobre el Ejecutivo y a la posibilidad de cambios positivos en leyes injustas. En primer lugar, es imperativo establecer una comisión de investigación exhaustiva e imparcial sobre las políticas y las prácticas de detención de EE UU en la “guerra contra el terror”, incluyendo la desclasificación de documentos secretos. Un segundo paso debería revocar o cambiar sustancialmente la Ley de Comisiones Militares y enmendar la Ley sobre el Trato a los Detenidos, retirando de ambas cualquier atisbo de tolerancia hacia la tortura y los tratos inhumanos. También es necesario, y no menos importante, exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas, y reparar a las víctimas por su sufrimiento.

Cuando el presidente Bush anunció la dimisión del secretario Donald Rumsfeld dijo que ambos coincidían en la necesidad de aportar una “perspectiva fresca”. Esta perspectiva debería consistir en abandonar el lado oscuro. Empecemos por cerrar Guantánamo y acabar con las detenciones secretas. Empujemos para que Estados Unidos vuelva a las imperfecciones de una democracia que merezca tal nombre.