Por Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 02/05/06):
La tramitación de las reformas de los distintos estatutos de autonomía está dando lugar a una dinámica de emulación que ha alcanzado su expresión más controvertida con la posible extensión de los conceptos de nacionalidad o de realidad nacional a comunidades autónomas que no las contemplan en sus actuales estatutos. Parece atisbarse un resultado: el mapa autonómico podría quedar más igualado en cuanto a competencias y cláusulas de desarrollo que el que surgió hace un cuarto de siglo, tras la aprobación de la Constitución. La España de las autonomías podría acabar siendo menos asimétrica que la España autonómica. A ello apuntan los textos en trámite.
La emulación entre comunidades constituye una reacción lógica en el desarrollo autonómico. Es natural que el ni más ni menos que nadie se convierta en el argumento común que esgriman aquellos gobiernos y dirigentes autonómicos que aspiren a una mayor cota de autogobierno.
Además, en tanto en cuanto la definición identitaria pudiera legitimar el acceso a niveles aún superiores de autonomía, se entiende que haya casos en los que se quiera denominar a la comunidad autónoma con términos semejantes a los formulados desde Catalunya. Ahora bien, si el café para todos de la generalización autonómica trató de diluir la reivindicación nacionalista mediante una organización fuertemente descentralizada del poder político, la generalización de las reformas autonómicas con contenidos equiparables no garantiza el tránsito formal a un Estado federal. Por una parte, por lo dificultoso que resulta dar paso a una reforma del Senado y a la adecuación o generación consensuada de otros mecanismos de cooperación, en una etapa política en la que el bipartidismo funciona como un mecanismo de negación o de exclusión del otro en la vida política española. Por otra -y es un factor que incide también como obstáculo añadido a lo anterior-, porque la dinámica de emulación que protagonizan las autonomías con menos atribuciones en persecución de las definidas desde un principio como nacionalidades históricas será replicada con toda seguridad por éstas con iniciativas con las que intenten distanciarse de los niveles comunes de autogobierno.
El Estatut, que ha suscitado una fuerte contestación en el resto de España, ha inspirado también propuestas ambiciosas de reforma en las demás autonomías. Pero en la medida en que otras comunidades autónomas consigan no ser menos que la catalana, es lógico pensar que en Catalunya reverdecerá el estímulo del hecho diferencial. En este sentido, la tramitación final del Estatut podría desembocar en una situación paradójica. Podría conducir a un clima de crisis y provisionalidad en Catalunya después de haber contribuido a la estabilización al alza del sistema autonómico en el resto de las comunidades. A ello apunta la dificultad que entraña identificar hoy a los progenitores del Estatut; el desconcierto que puede provocar en la ciudadanía una reforma que ayer mismo parecía una necesidad poco menos que dramática y que hoy se presenta como una cuestión casi trivial; el dato predecible de que el nuevo marco de autogobierno no suscite ni siquiera el contenido entusiasmo que mostró el refrendo del vigente Estatuto el 25 de octubre de 1979, de poco más de la mitad del censo.
El texto del Estatut que sea sometido a referéndum en Catalunya aparece, en palabras del propio Rodríguez Zapatero, como el límite máximo al que deberá ceñirse la reforma autonómica generalizada. Las circunstancias han querido que en esta carrera reformadora Euskadi, que parecía ir en cabeza, haya quedado relegada al último puesto. Fracasado el plan Ibarretxe y anunciado el cese de la actividad terrorista, el futuro del autogobierno vasco constituye hoy una incógnita que difícilmente se contendrá dentro del marco dibujado por el contenido definitivo del Estatut. De hecho, acabar en la cola de esta carrera reformadora presenta inconvenientes, pero también ofrece ventajas para el nacionalismo vasco. La generalización de las reformas convierte todo cambio en algo más fácil de justificar. Pero, además, la emulación por la que el conjunto de las autonomías ha ido escalando posiciones en cuanto a competencias y en cuanto a su propia consideración como realidades políticas estimula también el afán del soberanismo vasco, que, esgrimiendo de paso el argumento de la paz, tratará de ir mucho más allá del Estatuto de Gernika y de ir mucho más allá del nuevo Estatut. Hasta el punto de que sea probable que si éste nace en Catalunya en medio de un clima de crisis y provisionalidad, el debate posterior sobre el futuro del autogobierno vasco repercuta inmediatamente en la política catalana como una invitación a la reivindicación del texto aprobado el pasado septiembre por el Parlament. En ese caso, en la medida en que la generalización de las reformas autonómicas no acabe cerrando su círculo con Euskadi, será prácticamente imposible estabilizar un sistema federal como modelo menos asimétrico que el vigente, dotado de mecanismos de cooperación horizontal y con un Senado que opere como cámara territorial mediante la consiguiente reforma constitucional.