Cirugía para una crisis

La crisis sanitaria motivada por la pandemia de la Covid-19 está suponiendo un dramático desafío para la comunidad internacional, y su especial incidencia en España plantea un auténtico reto a nuestra capacidad asistencial, de gestión y de coordinación, pero también a nuestra responsabilidad y resiliencia como sociedad. No es posible cuantificar el valor de las pérdidas que está motivando esta crisis, la tragedia que supone para miles de personas y de familias, golpeadas por la dureza de un virus que se ceba con los más vulnerables, con nuestros mayores, sin ninguna compasión.

Más allá de ello, sí resulta menos atrevido valorar las consecuencias que está provocando y puede provocar a efectos económicos. Más aún, conviene valorar seriamente lo que estamos perdiendo en esta crisis: el crecimiento más sólido en términos de creación de empleo, competitividad y equilibrio con el exterior que jamás había disfrutado nuestro país. Un crecimiento construido sobre la base de unas decididas reformas estructurales y una determinada consolidación fiscal, que nos había permitido equilibrar nuestras cuentas públicas, nuestra balanza de pagos y nuestra capacidad de financiación, sin tensiones inflacionistas. Gracias a ello la economía española había fortalecido su competitividad, optimizado su tejido productivo y mantenido un ritmo intenso de creación de empleo, que es la mejor garantía de la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar.

Sin embargo, la sacudida de la crisis sanitaria, el avance de la epidemia y las estrictas medidas de contención que consecuentemente se han adoptado, cuya necesidad no merece discusión en estos momentos, están impactando sobre estos pilares y las tensiones más inminentes sobre el gasto público pueden hacer más difícil su restauración en el corto plazo.

El horizonte que proyecta esta crisis ha sido fotografiado en una primera instantánea por el FMI, que prevé para nuestro país una caída del PIB del 8% en el presente año. Es una cifra que no dista demasiado de la que se ha podido calcular para Italia (-9,1%) o Alemania (-7%), pero en todo caso debe ser valorada con la seriedad que demanda una caída tan brutal de la riqueza nacional. Más en particular, cuando España va a sufrir uno de los mayores retrocesos de la Eurozona, de cerca de 11 puntos, al ver cómo se evaporan las posibilidades de crecer a un ritmo del 1,6%, tal y como se preveía para 2020. El crecimiento que estima este organismo para 2021, que alcanzaría el 4,3%, es insuficiente para restaurar el enorme daño que sufrirá este año la economía y, en este escenario, necesitaremos al menos otro año más para volver a una situación similar a aquella con la que encarábamos el presente ejercicio.

Este retroceso económico irá inevitablemente acompañado de un incremento crítico de las tasas de desempleo, que el FMI sitúa cerca del 21%, y un déficit y una deuda públicas absolutamente desbocadas, no solo por el gasto preciso para afrontar las medidas paliativas de esta crisis, sino por el previsible hundimiento de los ingresos derivados de la caída de la actividad económica. Es difícil poner cifra a estas necesidades de financiación, pero es posible pensar en una referencia semejante en 2009, con cifras de déficit de dos dígitos. La clave será evitar ahora las dificultades para la financiación, que entonces se empezaron a producir, y seguir contando con el respaldo del Banco Central Europeo, que está facilitando la colocación de deuda. Y la solución ha de llegar también necesariamente de la Unión Europea, aún no sabemos en qué fórmula ni con qué condiciones, pero el Consejo Europeo Extraordinario de mañana puede aportar algunas luces sobre esta incógnita.

Hay más factores que influyen en la incertidumbre, como ha evidenciado el Banco de España en las estimaciones que hizo públicas anteayer, con una horquilla de descenso entre el 6,6% en el mejor escenario, si el confinamiento se prolonga por ocho semanas; y del 13,6% en caso de que se extienda hasta 12, dependiendo de la normalización de la actividad. Nadie puede obviar que la profundidad de la crisis económica dependerá de la duración de la emergencia sanitaria. Pero esto no significa que debamos resignarnos al retroceso y pensar que esta es una crisis ante la que no podemos hacer otra cosa que responder a las urgencias. La emergencia necesita otro enfoque: hay margen para actuar y hay que hacerlo, no por impulso, sino con inteligencia.

Las medidas que se están adoptando hasta el momento son necesarias, nadie lo discute, pero no suficientes, eso tampoco admite duda. Se están centrando principalmente en facilitar liquidez inmediata, pero no en asegurar la actividad en el futuro, y se están planteando en términos genéricos y a efectos generales, sin discriminar entre los sectores y los tipos de actividad más afectados por la crisis y con más dificultades para recuperar su dinamismo económico.

Es fundamental realizar esta discriminación. La crisis que afrontamos no se parece a ninguna otra que hayamos vivido, ni cíclica, ni estructural. Es una crisis sobrevenida, derivada de una paralización de la actividad económica coyuntural, con un claro componente sectorial. Por eso, tendrá diferentes impactos, seguirá distintas vías de recuperación y demandará diversas medidas de compensación en función de la estructura económica de cada país.

El nuestro es un país de servicios, con un tejido económico sustentado en buena parte por pymes y autónomos, y esta peculiaridad, que permitió una recuperación ejemplar y espectacular de la crisis financiera, nos convierte ahora en mucho más vulnerables ante el shock de esta crisis sobrevenida. Nuestro microclima empresarial tiene muchas más dificultades para sobrellevar el coste de una abrupta paralización de la actividad. Más todavía cuando entre nuestros servicios destacan los asociados al sector turístico que, por su calidad y atractivo, nos han convertido en una potencia mundial en recepción de visitantes extranjeros –cerca de 84 millones el pasado año–, pero nos sitúa ahora entre los países con mayores problemas para asegurar una pronta recuperación. Basta recordar que el turismo supone, solo en términos directos, el 12% del PIB, además de uno de los pilares esenciales de la Marca España, sustentado en la calidad de nuestros servicios públicos e infraestructuras, en nuestro impresionante patrimonio histórico-cultural y nuestro carácter abierto y acogedor.

Son valores que tenemos que seguir enfatizando y que demandan una actuación discriminada y decidida por parte del sector público, en el turismo, en la hostelería, en la restauración, el transporte de viajeros, el comercio minorista y en todos aquellos sectores más golpeados por la crisis. Necesitan de acciones concretas y actuaciones adecuadas a sus necesidades; precisan de una gran inversión de fondos para aprovechar este tiempo, de tránsito desde la paralización, en llevar a cabo una optimización del sector.. Tenemos capacidad de contar con la financiación necesaria, tanto por la vía de la reestructuración de la deuda, que demanda el concurso de todas las administraciones públicas, como por el canal del respaldo europeo, que sin duda volcará grandes esfuerzos en el mantenimiento del empleo y el tejido empresarial en la Unión. Existe ese margen porque contamos con la actuación del BCE, así como de los otros instrumentos europeos, tales como el BEI, el MEDE y toda la estructura de fondos europeos que pueden dirigirse a este fin.

Y podemos valorar, con previsión y precisión, dónde se centran estos esfuerzos, contando con la intermediación del diálogo social y con el conocimiento que los agentes sociales tienen de la realidad de cada sector y de cada área de actividad. Renovar instalaciones, modernizar servicios, mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, apostar por la digitalización y actualizar ofertas son tareas que se pueden abordar, con la debida financiación, y que contribuirán a hacer más fuerte un sector que nos ha convertido en una gran potencia. No tenemos que renunciar a lo que mejor sabemos hacer, sino aprovechar para hacerlo aún mejor.

El momento que vamos a afrontar no puede ser un tiempo perdido. Pero no hay tiempo que perder. Los poderes públicos deben ser capaces de cubrir estas necesidades y convertirlas en oportunidades. Actuar de forma distinta en función de sectores diversos y operar con una precisión de bisturí. Dicen que las crisis pueden convertirse en oportunidades. Y, aunque parezca difícil creer que es cierto, no dejemos de hacerlo posible.

Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda.

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