Por Montserrat Comas d'Argemir, magistrada, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (EL PERIÓDICO, 24/11/05):
El día 25 de noviembre fue declarado por la ONU Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La decisión la tomó el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General, invitando a los Gobiernos e instituciones nacionales e internacionales, a organizar ese día actividades destinadas a fomentar la conciencia pública sobre este cáncer social. El precedente de esta efemérides se remonta a la solicitud efectuada en el 1° Encuentro Feminista en Latinoamérica, que se celebró en Colombia en 1981, para rendir homenaje a las tres hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas por agentes del Servicio Militar de Inteligencia de la Republica Dominicana por defender los derechos de las mujeres y las libertades políticas durante la dictadura de Trujillo. Mañana será, pues, un día para la reflexión. El balance forzosamente ha de ser crítico: diariamente se violan en el mundo los derechos humanos de miles de mujeres, que sufren la violencia en todas sus facetas: la física, sexual y psicológica que se produce en la familia (los malos tratos, el abuso sexual de las niñas, la violación por el marido), además de la mutilación genital femenina y la violencia relacionada con la explotación laboral y sexual. Unicef cifra en un 20% la población femenina que sufre algún tipo de violencia --empezando por el genocidio en Ciudad Juárez (México) y las 2.000 asesinadas en Guatemala en los seis últimos años-- y ello pese a que hace más de medio siglo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" sin distinción alguna de raza, color o sexo.
LA VIOLENCIA machista en España constituye hoy la primera causa de mortalidad violenta intencionada. Para combatirla, el 28 de diciembre el legislador aprobó por unanimidad la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es la primera vez que se aplica una norma integral, es decir, concentrando en un único texto legal todas aquellas soluciones que deben desplegarse desde distintos ámbitos de la sociedad: educativas, preventivas, sanitarias, contra la publicidad ilícita, además de las medidas sociales, asistenciales, de recuperación psicológica y de reinserción social de los condenados. Fruto de esta norma, el 29 de junio nacieron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La opción de la especialización de jueces, fiscales y policías responde a la necesidad de dar una respuesta judicial más eficaz y de mayor calidad, con el objetivo de evitar la dispersión, concentrando en un único juez la resolución de todos los procedimientos penales y civiles que atañen a la misma víctima. La nueva orientación político-criminal que se introduce, al agravar las penas en los delitos de lesiones, coacciones y amenazas leves, en los casos en los que el sujeto pasivo es mujer y el delito se haya cometido en el ámbito de la pareja o expareja, ha sido la más cuestionada. Se han formulado judicialmente tres cuestiones de inconstitucionalidad que deberán ser resueltas por el Tribunal Constitucional. En mi opinión, la opción del legislador tiene encaje constitucional porque no vulnera el artículo 14: no es una ley sexista. El plus de protección a favor de la mujer no se basa exclusivamente en el mero hecho de serlo. Lo que se protege es a la mujer que sufre violencia en la específica relación sentimental de la pareja, aprovechándose el hombre de una situación de superioridad que tal relación le comporta. El actual Código Penal castiga con penas más agravadas al que actúa por motivos "racistas". De la misma forma podemos admitir que existan tipos agravados cuando el agresor actúa por razones "machistas", es decir, para mantener relaciones de dominio o discriminación. Por otra parte, las mismas penas agravadas pueden imponerse cuando el sujeto pasivo sea una persona vulnerable, con independencia de su sexo, que conviva con el agresor: menores, ancianos...
TENIENDO en cuenta las expectativas generadas, aún se necesitan medidas mucho más decididas desde las administraciones competentes para aplicar esta ley. No es suficiente con legislar; hace falta destinar recursos humanos y materiales para su efectividad: la dotación del fondo económico para las autonomías, el desarrollo de los trabajos en beneficio de la comunidad y los programas formativos para los condenados, la creación de más juzgados exclusivos y medios para los órganos judiciales compatibles, entre otros aspectos. Ninguna ley, tampoco ésta, puede terminar de la noche a la mañana con un problema tan complejo y de raíces culturales tan hondas. Pero no podemos bajar la guardia. No existirá un pleno reconocimiento de los derechos civiles para todos, hasta tanto las mujeres no vean reconocida su plena carta de derechos como ciudadanas libres e iguales. Es una tarea de toda la sociedad: de hombres y mujeres.