El pasado 2 de diciembre por la mañana se celebraba en Bilbao una manifestación en favor de los detenidos en el proceso 18/98, mientras que por la tarde en decenas de barrios y pueblos de nuestro entorno se desarrollaban concentraciones silenciosas convocadas fundamentalmente por Gesto por la Paz para protestar en silencio por el atentado de ETA que costaba la vida a Raúl Centeno y hería de muerte a Fernando Trapero, que fallecería unos días más tarde. En la película en blanco y negro que muchos se empeñan en reproducir y publicitar, se habría tratado de actos incompatibles y contrapuestos, de forma que quienes a la mañana se manifestaban en un acto de 'victimismo cómplice' eran quienes justifican y apoyan la violencia de ETA, frente a quienes por la tarde la condenaban. Esta lectura de la realidad, esta visión del problema de la violencia pintada con brochazos gruesos y a dos colores, que no admite pinceladas finas ni colores matizados, además de ser, en primer lugar, demasiado simplista, es también, en segundo lugar, perjudicial para la vitalidad democrática de nuestra sociedad.
Por un lado, el excesivo simplismo de esta visión se comprueba al constatar que hubo personas que estuvieron tanto en la manifestación de la mañana como en las concentraciones de la tarde. Y seguro que por convicción podrían haber sido muchas más, pero el riesgo de manipulación o de que se incorporaran otros mensajes en la primera de las convocatorias que legitimaran la violencia lo evitaron. No hay duda de que las formas y la coherencia son importantes.
Ante la violencia de ETA sólo es aceptable ética y políticamente su condena y deslegitimación absolutas, y aquí no hay matices, ni pinceladas finas. Pero esta postura no conlleva tener que estar de acuerdo con cualquier forma de luchar por la erradicación de dicha violencia. No todo vale en nombre de la lucha contra ETA, incluso aunque se haga bajo el amparo teórico del Estado de Derecho, porque tampoco vale cualquier Estado de Derecho. La dicotomía no se puede establecer, por tanto, en términos de 'o estás contra ETA y apoyas todo lo que se hace en la lucha contra ella o estás a favor de ETA'. Es perfectamente legítimo ser capaz de compatibilizar, en ningún caso equiparar, la condena sin paliativos del terrorismo de ETA con el cuestionamiento de la Ley de Partidos y su aplicación, del sumario 18/98 o del cierre de Egunkaria, por poner tres ejemplos. Negar esa legitimidad bajo la acusación de ambigüedad, equidistancia o incluso complicidad, a quien, condenando taxativamente la violencia, mantiene una postura crítica o al menos pone en cuestión determinadas actuaciones del Estado de Derecho, es un elemento negativo para la vitalidad democrática de nuestra sociedad.
Hay quienes reivindicamos una ciudadanía preocupada por el bien común, comprometida con una sociedad más justa y tolerante, implicada radicalmente en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Una ciudadanía que debe estar alerta y no pasiva ni indiferente ante el Estado de Derecho, como si nada pudiera cuestionarse y todo fuera ya legítimo por ser 'legal'. Y esa es la auténtica actitud de defensa del Estado de Derecho.
Por ejemplo, en el proceso desarrollado en torno al sumario 18/98 hay aspectos que cuestionan su credibilidad y con ella la del propio Estado de Derecho. Juristas nada sospechosos lo han expresado en mayor o menor medida. Bajo el paraguas del 'todo es ETA' se creó un macrosumario donde se juntaron piezas muy distintas y se acusó a personas bajo el argumento de que sus acciones coincidían supuestamente con los objetivos de ETA, aunque se defendieran y desarrollaran sin violencia. De esta forma, se ha condenado a gente, por ejemplo, por desarrollar la desobediencia civil, aunque ésta sea un camino de lucha no violento y profundamente democrático. En cualquier caso, el sumario 18/98 no deja de ser un ejemplo donde la credibilidad del Estado de Derecho está en juego, pero podríamos citar otros como el cierre de Egunkaria o la lucha contra la tortura y los malos tratos.
Estas cuestiones deben ser motivo de preocupación, y se debe mantener una postura razonablemente crítica y vigilante, porque es mucho lo que está en juego. Por desgracia, en esta película en blanco y negro, y seguramente como otra de las lamentables consecuencias de la persistencia del terrorismo, en muchos casos no sólo se admite y aplaude todo lo que se haga en nombre de la lucha contra ETA sin ninguna capacidad crítica, sino que se niega cualquier legitimidad a su cuestionamiento, a pesar de que haya principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley o la apuesta por una justicia garantista, que pudieran quedar en entredicho.
Y tampoco hay que olvidar que, por desgracia, hay quienes utilizan la crítica al Estado de Derecho para justificar y legitimar la violencia y el terrorismo de ETA. Y ese es un límite que nunca se debe rebasar. Nuestro deber de deslegitimar la violencia nos debe forzar a valorar el cómo, dónde y con quién de nuestras críticas, para asegurar que son claras y sin posibilidad de manipulación. Esta cautela, no sólo daría coherencia a la crítica, que tantas veces falta, sino que la haría más eficaz.
En definitiva, frente a esta situación y a este modelo de sociedad que subyace, es indispensable reivindicar hoy una ciudadanía adulta, preocupada, activa, responsable, formada e informada, con criterio y comprometida con la credibilidad del Estado de Derecho y con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, base de nuestra democracia.
Xabier Askasibar Renobales e Itziar Aspuru Soloaga.