Ciudadanía y religión

Por Carlos García de Andoin, coordinador federal de Cristianos Socialistas del PSOE (EL CORREO DIGITAL, 19/11/06):

Decididamente no comparto el rechazo a Educación para la Ciudadanía que promueven algunos significados líderes y sectores de Iglesia. Esta propuesta se está imponiendo en diferentes países europeos conscientes de que la democracia y los derechos humanos no son logros adquiridos de una vez para siempre. El Estado, a través de toda su acción, también del sistema educativo, puede y debe procurar socializar a las nuevas generaciones en los valores, las instituciones y las normas que sostienen nuestra convivencia democrática. La reivindicación de un absentismo axiológico público en nombre de una neutralidad ideológica del Estado es suicida. ¿Civilización o barbarie? El Estado social y democrático de derecho no puede ser neutral ante esta elección. Europa sabe que la educación no se juega sólo en los conocimientos, ni en las destrezas cognitivas, sino en la capacidad de educar sujetos con valores y con competencias básicas, entre ellas, las sociales y ciudadanas.

Tampoco me convencen los partidarios de una exención tácita a las enseñanzas de la religión desde una perspectiva laicista. La historia y cultura de las religiones, con cierta mesura, no como en la LOCE, es una materia necesaria para todos, más aún en los tiempos que vivimos. Las migraciones suponen un enorme desafío: construir un nosotros ética y religiosamente plural. Sin conocimiento de las propias raíces culturales en buena parte cristianas y sin un saber del otro, particularmente del Islam, pero también de la religiosidad latinoamericana y de la cultura eslavo-ortodoxa, lo diferente se tornará extraño, suscitará inseguridad y miedo, estos retroalimentarán el prejuicio, cuando no el estigma; finalmente acabarán por llegar la exclusión o el conflicto violento. La alianza de civilizaciones, no la de las relaciones diplomáticas, sino la que toca hacer en nuestras ciudades, barrios, pueblos y escuelas, se hará imposible sin un conocimiento y una comprensión de las civilizaciones, de las relaciones entre ellas y del papel de la religión en las mismas. No es una iniciativa nueva en España. Fue la Institución Libre de Enseñanza, expresamente alejada del laicismo francés, la que puso en práctica desde 1876 esta entonces experiencia pionera en Europa: la enseñanza de historia de las religiones. El que fuera después ministro de Educación de la II República, el socialista Fernando de los Ríos decía orgulloso a Cossío desde Marburgo que aquella formación desconocida en Alemania era un «manadero ideal de tolerancia».

La propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia para la Enseñanza Secundaria Obligatoria en materia de educación en valores y religión es buena. Por fin hay un planteamiento serio a la altura de los retos que la sociedad de hoy plantea. Venimos de una historia por la que el Estado confiaba a la Iglesia católica la educación moral de los niños y adolescentes. Hoy esto ha cambiado en una sociedad plural y democrática fundada en la libertad religiosa y de conciencia. El borrador de Enseñanzas Mínimas reconoce por un lado a la Iglesia católica un papel educador en la escuela pública. Esto no es una concesión, sino cumplimiento del mandato constitucional por el que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres o tutores a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones, tal como está incluido en el programa electoral que el PSOE presentó en 2004. Este derecho se reconoce justamente también a los padres que lo tienen protegido por acuerdos del Estado con las confesiones religiosas con notorio arraigo en España: el Islam, el cristianismo protestante y el judaísmo. Pero no se queda ahí, sino que incorpora a través de Educación para la Ciudadanía una novedad nacida de la tradición del pensamiento laico: la convicción de que son posibles los valores y la educación en ellos sin necesidad de una fundamentación religiosa. Educación para la Ciudadanía presupone ciertamente la apuesta por un marco ético común que en una sociedad religiosamente plural no puede ser el de una confesión religiosa, por mayoritaria que sea, sino que debe estar constituido por unos valores ético-cívicos mínimos fundados en el reconocimiento de la dignidad humana y sus exigencias, tal como vienen plasmados por medio de la convención y deliberación democráticas en la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución.

La articulación adecuada de esta triple propuesta: Educación para la Ciudadanía, Historia y Cultura de las Religiones y Enseñanza confesional de las religiones no es sencilla, pero supone una mejora sustantiva y un refuerzo efectivo de la educación en valores y sentido en el marco de una sociedad plural, algo del todo necesario. Sin embargo, puede embarrancar por la intolerancia de los extremos de uno y otro lado. Es preciso un compromiso entre las partes en litigio, principalmente, aunque no sólo, entre la sensibilidad católica y la sensibilidad laica. Lo deseable sería un pacto educativo, pero si no es posible, al menos es exigible un arreglo, que confiera un marco estable a esta triple propuesta. En cualquier caso sobre una mejora de la dignidad y los derechos laborales de los profesores de religión, sabiendo todos que es especialmente necesaria una coherencia entre enseñanza de una religión y estilo de vida.

Un escenario final de desacuerdo precariza la enseñanza de la religión confesional en la escuela, deja tocada del ala la educación para la ciudadanía y hace residual la historia de las religiones. Así lo pronostican los educadores. Políticamente dejará abierta una cuestión que se presta a la polarización política de una manera un tanto demagógica y lejana a la sociedad real y a los propios estudiantes. El Gobierno y los obispos tienen ante sí la oportunidad de cerrar un contencioso histórico. Un último esfuerzo, que también es necesario en Primaria. Que la debida atención educativa para los que no hacen religión confesional adquiera una consistencia y definición mayor desde el propio ministerio. La libertad del centro necesita un marco normativo mínimo. Las actividades educativas organizadas en orden al refuerzo en educación en valores impulsadas a raíz del decreto Pertierra en algunas comunidades autónomas son un buen ejemplo de lo que puede hacerse. El tiempo apremia.