El 2013 es el año de los ciudadanos europeos. Se cumplen 20 de la creación de la Ciudadanía Europea por el Tratado de Maastricht que dio carta de naturaleza a los derechos de los europeos. Un gran avance en la integración europea que permitió a los europeos residentes en otro país de la Unión votar en las elecciones municipales y europeas. Un hito que, a día de hoy, no ha conseguido forjar una verdadera identidad europea. Nada se ha avanzado desde entonces y ni la voz ni, mucho menos, el voto de los ciudadanos europeos tienen peso en las decisiones de las instituciones europeas, así como tampoco en los 28 Estados miembros. El actual debate sobre el futuro de Europa debe abrirse a los ciudadanos e impulsar su participación si no queremos que el concepto de Ciudadanía Europea se quede en una mera etiqueta formal.
A ocho meses de las elecciones al Parlamento Europeo, es el momento de promover una Europa en la que los ciudadanos, con independencia de donde residan, se sientan bien representados a todos los niveles (local, regional, nacional, supranacional) y protagonistas de un espacio común real sin fronteras. Eso pasa por otorgarles el derecho al voto en todas las elecciones –municipales, autonómicas o regionales, nacionales y europeas– en el país de la Unión que residan. Este derecho entronca con el principio de la libre circulación en Europa y estimularía la movilidad. Esta medida afectaría a unos 12 millones de europeos que residen en otro país de la Unión y representaría un paso decisivo en la integración. Así, por ejemplo, un español residente en Francia podría votar, sin perder su nacionalidad, en las elecciones presidenciales francesas. En Europa viven casi 657.000 españoles, la mayor parte en Francia (206.589) y Alemania (116.056), según el INE.
De la misma forma, por el principio de reciprocidad que ya aplican entre ellos Reino Unido e Irlanda, cualquier ciudadano europeo no español residente en nuestro país podrían también ejercer su derecho al voto en nuestras elecciones autonómicas y nacionales. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España residen casi 5,5 millones de extranjeros, de los cuales casi 2,7 millones son ciudadanos de alguno de los estados miembros, el 5,7% de la población total.
Así como aquel ciudadano europeo que reside en otro país de la Unión debe respetar las normas y cumplir con las obligaciones del país de acogida como cualquier otro ¿por qué no va a tener el mismo derecho que el propio nacional a poder elegir con su voto a los representantes nacionales o regionales del país de destino? Es un contrasentido que participen, al mismo nivel que los nacionales, en la vida social, cultural, económica y paguen sus impuestos como los demás y no puedan participar de la misma forma en la vida política. Para más inri, en algunos países como Reino Unido sus ciudadanos nacionales pueden perder su derecho al voto incluso en su propio país en el caso de que lleven 15 años viviendo en otro. La consecuencia: ser ciudadano de segunda sin ningún derecho político ni en ningún país. ¿Es ésta la Europa que queremos con ciudadanos de primera y de segunda?
La Comisión Europea, en palabras de su vice presidenta, Viviane Reading, lo ha reconocido: «Los ciudadanos europeos residentes en otros países que no pueden ejercer su derecho al voto no participan de la vida democrática de la Unión». ¿Es posible una plena integración europea sin la participación activa de los ciudadanos, sin una verdadera identidad europea? Para revertir esta situación, la Asociación de Europeos sin Fronteras ha impulsado la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Let me Vote con el objetivo de desarrollar la dimensión política del proyecto europeo al reforzar el sentimiento ciudadano de participar en una comunidad de destino. Para reducir el déficit democrático europeo, reclama para los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro Estado miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los nacionales. Esta iniciativa necesita un millón de firmas de al menos una cuarta parte de los Estados miembros para que la Comisión Europea la estudie y, en su caso, la lleve al Parlamento Europeo. Dentro de cada Estado se deberán recoger tantas firmas como los escaños que tiene ese Estado dentro del Parlamento Europeo, multiplicado por 750. Su página http://www.letmevote.eu/es/
Este es un proceso largo en el que confluyen distintas sensibilidades políticas y donde se pone a prueba la fuerza del Parlamento Europeo. España fue uno de los países que más impulso dio al Reglamento sobre la Iniciativa Europea que introdujo el Tratado de Lisboa en 2010. El entonces Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, jugó un papel trascendental hasta el punto que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, llegó a calificarle de Mister Iniciativa Europea. España daría un golpe de timón en la Unión al llevar esta medida al Congreso de los Diputados y estudiar la reforma de la Constitución para hacerla posible. Dar la espalda a esta iniciativa sería desoír la llamada de los ciudadanos, en especial cuando este país ha sido testigo de movimientos populares, como el Movimiento 15-M, reclamando una democracia más participativa. En definitiva, se trata de acercar Europa a los ciudadanos y viceversa.
Los ciudadanos están alzando la voz y, ahora más que nunca, es necesario escuchar sus demandas. Están pidiendo una Europa donde el ciudadano pueda decidir, tenga voz y voto; una Europa construida desde abajo, pegada a la realidad y lejos del modelo actualmente imperante en el que los Estados, las Instituciones o, peor aún, los mercados o las agencias de calificación marcan el paso.
David Del Valle es el Representante en España de la ICE y el delegado en España de Euronews.