La señora Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, se ha situado, con todos los honores, en el mapa de los grandes políticos europeístas. Se suele decir que en la Unión Europea faltan dirigentes con una fuerte personalidad, tal como fueron, en el pasado, Walter Hallstein, Altiero Spinelli o Jacques Delors, además de los venerables padres fundadores. Pues bien, es posible que estemos ante una futura líder con este calibre.
Lo hemos comprobado en los días pasados al ver como la señora Reding se enfrentaba con energía y convicción, en defensa de los tratados europeos, a Nicolas Sarkozy, vergonzosamente apoyado por sus colegas del Consejo. "La Unión Europea está basada en valores - ha dicho la comisaria-y defenderlos es una responsabilidad de la Comisión Europea. He hablado y hablaré alto y claro si estos valores no se respetan".
Viviane Reding es luxemburguesa, periodista de profesión, miembro del Partido Popular Social Cristiano y desde 1999 ha desempeñado diversas carteras en la Comisión. Antes de su actual cometido, destacó como comisaria de Información al lograr una significativa bajada de tarifas de los teléfonos móviles en dura confrontación con las compañías de telecomunicaciones. Mujer de fuerte temperamento, cometió el error de comparar implícitamente estas expulsiones actuales con la persecución de los judíos bajo el Tercer Reich: un exceso evidente. Sin embargo, no se arredró ante las críticas y respondió con coraje: "Si un hombre, en política, pega un puñetazo en la mesa, se está defendiendo. Si una mujer pega un puñetazo, es una histérica. Por eso tenemos pendiente aún la cuestión de la igualdad de sexos".
¿Cuándo empezó todo este asunto? A finales de julio, probablemente para aumentar su popularidad y arañar futuros votos a la extrema derecha, el bullicioso y desconcertante Sarkozy emprendió una campaña contra inmigrantes de etnia gitana. Con este objetivo, el Ministerio del Interior dirigió una circular a sus prefectos regionales para que procedieran a desmantelar campamentos de gitanos rumanos y búlgaros, al parecer sin las razones ni los procedimientos adecuados al derecho de la UE.
En efecto, Rumanía y Bulgaria forman parte, aunque sea desde tiempos muy recientes, de la Unión, y sus ciudadanos, por tanto, son ciudadanos europeos: precisamente, los derechos de libre circulación y residencia, así como de no discriminación, forman parte del núcleo más antiguo y básico de los derechos fundamentales comunitarios garantizados en los tratados. Por tanto, debido a su condición de ciudadanos europeos, los gitanos rumanos y búlgaros son titulares de estos derechos en la misma medida en que lo puede ser un alemán, francés o belga, ciudadanos de los países fundadores. Gozan, en consecuencia, de libertad de movimientos y derecho a una residencia estable, sin discriminación alguna, en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea.
Ahora bien, estos derechos no son absolutos, sino que tienen límites, límites muy razonables, establecidos en la directiva 2004/ 38, que pueden dar lugar a que se les deniegue esta residencia y se proceda a su expulsión por razones de orden público, seguridad o salud pública. Por ejemplo, deben tener trabajo remunerado o recursos suficientes para vivir y seguro de enfermedad que cubra los riesgos sanitarios. En el caso de traspasar estos límites, los estados pueden expulsarlos de su territorio, siempre a través de un procedimiento reglado y con garantías que les permitan recurrir ante un juez. Al parecer, el error francés ha sido que ni se han probado las razones, ni se han seguido los procedimientos; no se ha respetado ni el fondo ni la forma. Simplemente, se les ha expulsado a cambio, en el mejor de los casos, de una recompensa económica.
Lo más grave, sin embargo, es que se ha dejado entender que se tomaban estas medidas por pertenecer a una etnia determinada, nada menos que a la gitana, históricamente tan maltratada. Es decir, se les ha expulsado por pertenecer a un determinado ente colectivo por motivos que hoy llamamos étnicos, debido a la corrección política imperante, pero que en realidad son motivos racistas. No se han tenido en cuenta sus actos individuales, examinándolos caso por caso, para comprobar si incurrían en alguno de los motivos legales de expulsión, sino que, según parece, se han tomado medidas por el simple hecho de pertenecer a un grupo. Con ello se ha criminalizado a todos los gitanos, atribuyéndoles una culpa colectiva ilegítima e injusta. En esto consiste la gravedad del caso. La comisaria Reding ha ordenado, como normal, un procedimiento por infracción del derecho de la Unión para averiguar la verdad de los hechos y, en su caso, tomar las medidas legales pertinentes contra los estados responsables.
Cuando tantas veces asimilamos la Unión Europea a la economía y a la moneda, es alentador comprobar que, en realidad, su finalidad principal es defender, de acuerdo con los principios democráticos, los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, aunque pertenezcan a minorías tradicionalmente discriminadas.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.