Juan es nicaragüense, vive en Alemania, ha sufrido un accidente de trabajo y se ha roto un pie. Desgraciadamente, carece de permiso de residencia. Un amigo le lleva al médico, que dictamina que hay que operar inmediatamente. Lo intentan en varios hospitales, pero en todos les piden en la recepción de urgencias que pague, dado que no tiene seguro médico. Al ver cómo sufre, su amigo acaba por prestarle su tarjeta del seguro y le acerca a una clínica donde le deben operar al día siguiente. Por la noche, Juan acaba abandonando la clínica antes de la intervención por miedo a que le detengan o a perjudicar a su amigo.
La historia de Juan la padecen a diario miles de personas inmigrantes sin permiso de residencia en el seno de una Unión Europea que se jacta de ser el refugio del Estado del Bienestar y del respeto a los derechos fundamentales. Nos escandalizamos cuando escuchamos la situación de la Sanidad norteamericana y conocemos que en Estados Unidos hay más de 40 millones de personas sin cobertura. Sin embargo, en nuestra civilizada Europa se estima que entre cinco y ocho millones de personas carecen de permiso de residencia y padecen la misma desprotección y falta de derechos. Médicos del Mundo ha analizado las legislaciones de diez países europeos (Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Malta) sobre acceso a la salud de este colectivo y ha comprobado que el derecho a la salud no está plenamente garantizado en Europa, ya que la mayoría de las leyes nacionales discriminan abiertamente a las personas inmigrantes sin permiso de residencia y a los demandantes de asilo.
Las personas sin permiso de residencia son segregadas por disposiciones legales y administrativas. En algunos países como Suecia no tienen derecho a cobertura sanitaria alguna de forma gratuita, ni siquiera en caso de emergencia o parto. En otros países como Alemania, los derechos, ya de por sí limitados legalmente, están anulados casi por completo desde que en 2005 se introdujo en la legislación la obligación de denuncia impuesta por la ley a todas las instituciones públicas de carácter administrativo en caso de tener conocimiento de la situación irregular de una persona inmigrante. Comprendemos así el temor de Juan a ser detenido en el mismo hospital.
Otros Estados ofrecen algún tipo de asistencia, pero dejan al margen tratamientos esenciales. Es el caso de Reino Unido, donde las personas sin permiso de residencia tienen que pagar íntegramente los gastos de los cuidados pre y post natales y del parto, entre otros tratamientos.
La discriminación no es sólo legal. La red europea de Médicos del Mundo ha entrevistado a más de 1.200 personas inmigrantes sin permiso de residencia en once países y los resultados son igualmente preocupantes. Sólo un 20% disfruta en la práctica de un derecho que debería ser universal para todos los residentes de la UE. Además, su seguimiento médico es muy precario: un 45% de los problemas de salud identificados entre la población encuestada no recibe tratamiento y el 27% sólo lo hace parcialmente.
Estas personas no vienen a Europa para recibir tratamientos médicos ni para 'aprovecharse' de los sistemas europeos de cobertura socio-sanitaria, como se nos quiere hacer creer. La 'inmigración sanitaria' es otro lugar común (y falso) que rodea a las personas inmigrantes. Sólo el 6% de los entrevistados citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a abandonar su país; de hecho, la migración por razones de salud no está relacionada con las condiciones más favorables de acceso a la salud para las personas sin permiso de residencia. Así, después de Francia (que tiene una legislación relativamente favorable), es en Grecia y Suecia, dos países en los que no existe ninguna (Suecia) o casi ninguna (Grecia) posibilidad de cobertura sanitaria para este colectivo, donde las personas declararon con más frecuencia haber emigrado por razones de salud.
Ante este escenario, las instituciones de la UE siguen guardando silencio sobre la salud de unos ciudadanos de segunda categoría. No existe ni una sola resolución que exija a los Estados la igualdad en el acceso a la prevención y a la atención médica para todas las personas que vivan en Europa, sin discriminación por su situación administrativa o capacidad económica. Pero es que, además, esta 'segregación legal' carece de sentido en el actual contexto de coordinación internacional de políticas públicas para hacer frente a posibles epidemias como la del virus H1N1 o de otra índole que puedan surgir en el futuro. En un contexto de vigilancia como el actual, marcado por la aparición de la gripe A, resulta cuanto menos arriesgado, desde el punto de vista sanitario, apartar a un porcentaje de la población de las medidas de prevención y de tratamiento de ésta o de otras enfermedades que puedan surgir.
Las políticas de salud no deben estar sometidas a las políticas en materia de inmigración. La igualdad en el acceso a la prevención y a la atención médica para todas las personas que viven en Europa no es sólo una cuestión de efectividad de la salud pública y de generosidad, es un acto de justicia.
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Teresa González, presidente de Médicos del Mundo España. Además de Teresa González, firman este artículo los presidentes de Médicos del Mundo de Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.