Ciudadanos europeos

En España necesitamos con urgencia una nueva alternativa política que recoja las ilusiones y votos de todos los ciudadanos a los que nos repugna la corrupción -y somos escépticos sobre la capacidad de los partidos tradicionales para regenerarse-; tenemos convicciones centristas y progresistas; nos consideramos europeístas y poco amigos de los nacionalismos históricos; y no comulgamos con las recetas económicas de izquierda de Podemos.

Esa alternativa, que llamaré Unión de Ciudadanos Europeos Progresistas (UCEP), debiera surgir de una amalgama o coalición entre Ciudadanos y UPyD: tendría a la cabeza al líder del primer partido, Albert Rivera, e incorporaría los magníficos profesionales del segundo, cuya fundadora, Rosa Díez, no tiene las características adecuadas para liderar con éxito el nuevo proyecto (como confirma el estancamiento de su formación en intención de voto).

Las ideas esenciales de la nueva alternativa podrían ser:

- Patriotismo europeo. Esa expresión refleja la idea alemana de «patriotismo constitucional», es decir, de adhesión racional a una organización política abierta, basada en principios democráticos e instituciones sólidas -como la Unión Europea-, no en nacionalismos atávicos o históricos -como el español, el catalán, el vasco, el francés, el inglés, el escocés u otros-. Esa identidad política esencialmente europea no entrañaría renuncia a las señas de identidad cultural de cada país o región.

El nuevo proyecto debe aspirar a convertirse más adelante en una federación o franquicia europea de partidos nacionales, que compartan idénticas siglas y el mismo ideario, adaptado a las singularidades de cada Estado.

- Defensa del espíritu de empresa. La prosperidad de un país depende, a la larga, de la solidez, competitividad y espíritu innovador de sus empresas, que son las que generan el grueso del PIB y del empleo. El espíritu emprendedor y de iniciativa de empresarios, profesionales y demás ciudadanos debe ser estimulado, defendido y admirado.

El nuevo proyecto debe, pues, rechazar la tradicional hostilidad de los partidos de izquierdas hacia los empresarios. Pero, por eso mismo, debe ser implacable con aquellos que delincan o cometan fraudes.

- Suficiencia de impuestos y eficiencia en el gasto. Un Estado moderno exige administraciones que gestionen con eficacia las políticas públicas y recaude los ingresos precisos para mantener las cuentas públicas saneadas. Eso exige una presión fiscal adecuada que garantice la suficiencia de los ingresos.

El pago de impuestos es la manifestación más tangible de patriotismo, el «precio de la civilización», en la célebre frase del Juez Marshall. Por eso, el fraude fiscal debe perseguirse con el máximo rigor, pero pagar muchos impuestos debe ser también fuente de prestigio social y, en el caso de empresas, elemento esencial de su responsabilidad social.

El derroche y la ineficacia del gasto público deben perseguirse con tanto ahínco como el fraude fiscal. El Estado de bienestar no puede ser una fuente inagotable de prestaciones sociales a cargo «de los ricos». El artículo 135 de la Constitución, aprobado en el otoño de 2011, debe mantenerse inalterado.

- Estado laico. Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad religiosa; y como son muchos los credos y los ciudadanos tienen también derecho a no profesar ninguno, el Estado debe ser laico, y no establecer relación especial con ninguna confesión, por mucho arraigo que tenga.

- Monarquía parlamentaria. La «Monarquía histórica» -la que España mantuvo hasta el reinado de Alfonso XIII- fue una institución contraria a los principios básicos de la democracia, pues la máxima autoridad ejecutiva del país descansaba en un político no electo, el Rey, que podía interferir a su antojo en la vida política.

La «monarquía parlamentaria» que consagró en 1978 la actual Constitución es, por el contrario, una forma de Estado democrática e inteligente, en la que al Jefe del Estado se le priva de poder político efectivo, se le otorga una función arbitral, de garante del buen funcionamiento de las instituciones, y se asegura su carácter apartidista haciendo el cargo hereditario.

Siguen ese modelo muchos países prósperos de la Unión Europea, como Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Holanda o Bélgica, que deben ser nuestra referencia: ante la disyuntiva política que el gran economista español Luis Garicano formuló como Dinamarca vs. Venezuela, el nuevo proyecto debe optar por el primero.

- Control por un consejo de supervisión externo. Los partidos tradicionales tienen un gobierno interno arcaico, similar al que tenían muchas sociedades cotizadas hace décadas (y tenía Gowex, la sociedad del Mercado Alternativo Bursátil cuyo presidente engañó a sus accionistas): su principal órgano de gobierno, la ejecutiva del partido, está compuesta solo por ejecutivos del partido, sin el control ni contrapeso de miembros externos.

La alternativa asamblearia es utópica e ineficaz. Por eso, el nuevo proyecto político debiera seguir una de las recomendaciones de buen gobierno de las grandes sociedades cotizadas: sin perjuicio de que el primer ejecutivo (Albert Rivera, según propongo) mantenga una posición de liderazgo y un comité de dirección, las actividades del partido deben ser controladas y debatidas periódicamente por un consejo político, comisión de control o consejo de supervisión en el que haya una amplia mayoría de consejeros externos, designados de forma democrática directa por los afiliados (por ejemplo, cada uno o dos años).

Esos consejeros externos deberían estar afiliados al partido, pero podrían o no ser diputados. Su dedicación a la política y al partido podría ser parcial, al igual que ocurre con los consejeros externos de las sociedades cotizadas. Su función no sería retribuida. Lo esencial sería que no dependan económicamente del partido, ni tengan ninguna relación de subordinación, directa o indirecta, con los políticos profesionales y líderes del partido, para que puedan actuar y opinar con plena libertad, y vigilar sus actuaciones (como hizo con valentía Sosa Wagner, antes de ser represaliado por la dirección de UPyD).

De ese consejo de supervisión dependería un comité de auditoría, presidido por un consejero externo y amplia mayoría de consejeros externos. Como las sociedades cotizadas, mantendría una línea de recepción de denuncias, confidenciales o anónimas, de irregularidades. Brindaría la máxima colaboración al Tribunal de Cuentas y, tan pronto viera indicios de irregularidades graves de algún miembro del partido, las denunciaría de inmediato a la Fiscalía.

- Talante constructivo. Todos los miembros y afiliados del nuevo proyecto debieran mostrar respeto y deferencia hacia los restantes partidos. Debieran adoptar siempre una actitud constructiva y dialogante -como la que tuvo el Sr. Rodríguez Zapatero cuando estaba en la oposición- y estar dispuestos a apoyar las ideas ajenas valiosas, sin caer en esas repugnantes actitudes sectarias y cainitas tan frecuentes en la vida política española.

El nuevo proyecto político debiera, en suma, aunar «lo mejor de cada casa»: el repudio de la corrupción y espíritu participativo de Podemos; el tradicional progresismo en asuntos sociales del PSOE (aborto, diversidad, laicismo...); y el sensato enfoque económico del PP.

No nos resignemos a tener que elegir en 2015 entre partidos honestos, pero insensatos; y partidos sensatos, pero corroídos por los corruptos.

Manuel Conthe es ex presidente de la CNMV y presidente del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica.

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