Desde hace meses o incluso años, la inmensa mayoría de los españoles asiste ya no con la indignación propia de quien no descarta intentar cambiar las cosas, sino con hastío y cansancio, a la falta de rubor con la que tantos políticos se dedican a emponzoñar el debate público, abundando en lo que divide a los españoles y enterrando las posibilidades de concordia con la única finalidad de justificar insultos y descalificaciones al de enfrente.
A ese hartazgo se le suman, además, la incredulidad y el asombro ante la constatada facilidad con la que el bipartidismo puede insultarse de día y sentarse a repartirse instituciones a la hora de comer. No descarte el lector que, al terminar esta tribuna, pueda hallar en la parrilla informativa una dosis casi simétrica de insultos cruzados en público y mangoneos perpetrados en privado a costa de la salud democrática de España.
Me refiero, claro, al escandaloso reparto de instituciones del Estado que el Partido Socialista y el Partido Popular han perpetrado como hazaña perfectamente encajada transcurridos sus respectivos congresos, en los que se dedicaron a deslegitimar al adversario político, mirarse al ombligo rodeados de los suyos mientras los pretendidos socialdemócratas obviaban en sus discursos su dependencia del separatismo y los demostrados conservadores proclamaban cuánto anhelan la alternancia, sin pensar en lo que España necesita hoy. Pendientes del calendario de partido y no del de los ciudadanos de a pie, unos y otros tuvieron a bien seguir reuniéndose en secreto para sacar tajada de los sillones en las instituciones de todos.
Y es que, lejos del descrédito del bipartidismo con estas maniobras, las consecuencias de la perversa dinámica por la que PSOE y PP sólo son capaces de unir sus votos para su interés privado y nunca para el general son triplemente nefastas: minan la neutralidad de nuestras instituciones democráticas, entierran las reformas importantes que sí requieren esa mayoría de escaños (Pacto Educativo, reforma electoral, modernización de la administración, financiación autonómica…) y, lo peor de todo, refuerzan al populismo y al separatismo, siempre encantados de contribuir al debilitamiento del Estado.
Basta remitirse a lo acontecido en las últimas semanas en nuestro país. No hay una ley más determinante ni más representativa de la hoja de ruta de una nación que los Presupuestos Generales. Bien lo sabe quien esto escribe, orgulloso diputado autonómico en una tierra como Aragón, afectada por la lacra de la despoblación y, en consecuencia, consciente de cómo repercuten en las Comunidades Autónomas las cuentas de la desigualdad.
Tampoco ha habido en muchos años una situación en la que fuera más necesario que unos Presupuestos contaran con el aval más amplio del Congreso.
Y, sin embargo, el Gobierno de España ha decidido que sean partidos como Esquerra Republicana o Bildu los que se jacten de poner su sello a la ley que determina el porvenir del país que quieren destruir.
Es una tragedia que Pedro Sánchez haya unido su futuro y el de toda España al nacionalismo. Y esta aseveración, que lamentarán millones de españoles votantes de distintos partidos, sólo podemos constatarla honestamente desde la política quienes somos y estamos en Ciudadanos, pues hoy, esos socialistas que tienen que hacer equilibrios argumentales para justificar los apoyos de Bildu (es lamentable ver a la ministra María Jesús Montero hacerlo en tribuna) no pueden usar el pretexto de que no tuvieron otra opción: los liberales comprobamos de buena mano que prefirieron la vía separatista.
Eso podrá lamentarlo el PP, pero desde luego no podrá decir que intentó evitarlo. De hecho, no ha habido un solo año en el que socialistas y conservadores no hayan enmendado a la totalidad los presupuestos del de enfrente. ¿No somos, acaso, mayoría los españoles que sí creemos en acuerdos de Estado para lo importante? ¿No somos más los que preferimos que los 200.000 votos de Bildu no valgan el futuro entero de un país?
De esa desidia, del abandono del proyecto de país por la incapacidad de entenderse, sólo se benefician los males que acechan a España que son los que recorren toda Europa: el populismo y el nacionalismo.
Y, sin embargo, el enemigo a batir de ambos no son los partidos que denuestan las instituciones, insultan a nuestros servidores públicos o pisotean los derechos de millones de españoles en territorios gobernados por el nacionalismo. Socialistas y conservadores parecen más indignados por la existencia del centro político que del populismo y el nacionalismo.
De un lado, el Partido Socialista se echa a los brazos del discurso reaccionario separatista porque sabe que la vía liberal no exige prebendas territoriales, sino reformas e igualdad en beneficio del interés general. No hay un solo insulto del PP que moleste tanto al sanchismo como el espejo que los liberales le hemos puesto delante.
Del otro, en fin, qué decir de un partido conservador cuyo líder no tiene reparos en debilitar al constitucionalismo en lugares como el País Vasco, poner zancadillas a sus propios compañeros de partido o ensañarse personalmente con líderes nacionales como Santiago Abascal.
Quizás el deseo del Partido Socialista de mantener a flote la alianza con el populismo y el separatismo para pilotar la política nacional y la obcecación del conservadurismo por aniquilar la alternativa liberal constituyan el mejor alegato para justificar la necesidad de la existencia del proyecto que tengo el honor de defender.
Pero a quien me gustaría terminar dirigiéndome es a los españoles: a esa mayoría de ciudadanos que aspiran a una nación de libres e iguales, un país que vuelva a ser referente en toda Europa por su modernización, por su capacidad de hacer frente a grandes retos, un lugar mejor para nacer, vivir, trabajar y formar una familia.
No hay mejor motor que los españoles para convencerse de que vale la pena legar un país mejor a los que vendrán. Para que la unión y la concordia triunfen ante la división y el enfrentamiento, y las reformas se escuchen más alto que el reproche. Y en esa tarea, estaremos en primera fila los liberales, quién si no.
Daniel Pérez Calvo es vicesecretario general de Ciudadanos.