Ciudadanos

La pujante presencia en la política nacional del partido Ciudadanos que lidera Albert Rivera –quien, pese a su juventud, viene teniendo una creciente actuación en la vida pública catalana con una manifiesta tendencia expansiva, puesta de relieve en los dos escaños obtenidos en el Parlamento Europeo y, ahora, con mayor relieve y significación, en la elecciones andaluzas en las que obtuvo nueve– debiera suscitar una serena reflexión en orden a la aportación positiva que esa nueva organización puede prestar al interés de España en un momento de tanta confusión como el actual que está sembrando desconcierto y preocupación en la ciudadanía.

Si hay que atenerse, como es lógico, a los principios programáticos que se enuncian por esta nueva organización política no resulta dudosa la coherencia de los mismos en orden al mantenimiento de un Estado constitucional y unido, que habrá de desenvolverse en el marco de unos principios liberales adecuadamente matizados por la exigencia de una necesaria e imprescindible justicia social.

Cuando la ciudadanía va a ser llamada durante este año 2015 a cinco distintos procesos electorales –el último de ellos determinará el Gobierno de España– parece que no debieran desdeñarse propuestas políticas que, aún propugnando un cambio sustancial de rumbo en la orientación de la vida pública española y en la organización de sus instituciones, se muestran respetuosas con el sistema de convivencia nacional surgido de la Constitución de 1978 y con la preservación de la unidad territorial de España. Y que además ofrecen en el marco socio-económico la puesta en práctica de principios liberales garantizadores de una economía de mercado que no ignoren la justicia social propia de un Estado de Derecho, que antepone tal característica social, incluso, a la misma y esencial connotación democrática que le define.

El ciudadano de a pie experimenta un generalizado sentimiento de desencanto por diversas causas, entre las que sobresale la corrupción, no debidamente prevenida ni prontamente atacada, y el incompleto desarrollo de la democracia representativa que los españoles nos dimos tras la transición producida a finales de los setenta. Ante un panorama político de futuro muy poco claro y seguro, el hecho de la irrupción de movimientos contestatarios que tienden a destruir todo lo realizado en estos casi cuarenta años de convivencia democrática precisa, inevitablemente, de un contrapunto de sosiego y serenidad que, sin descartar las ineludibles reformas que requiere nuestro vigente sistema político, sepa valorar y mantener todo lo bueno que ha supuesto para nuestro país la desaparición de la dictadura y la implantación de un régimen de libertades que permitió la convivencia pacífica entre adversarios políticos durante más de tres décadas. De aquí que no resulte de recibo decir que la Constitución de 1978 supuso la pervivencia en el poder de quienes lo venían ostentando con anterioridad. Ni que haya que empezar de nuevo la configuración de nuestra democracia, pues lo cierto y verdad es que jamás se dio en España un régimen de libertad y tolerancia como el que se viene viviendo desde la desaparición de la dictadura.

Qué duda cabe sobre la necesidad de perfeccionar nuestro régimen de democracia representativa mediante una modificación en profundidad de la ley electoral que propicie una más real y directa participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos que le son propios. Como también es perentoria la implantación de principios y normas que tiendan a una mayor igualdad real entre todos los ciudadanos, en el marco de una sociedad naturalmente plural y diferenciada. En otro orden de cosas, una mayor clarificación y simplificación de la Administración Pública, dentro de la insoslayable unidad nacional, junto a una imprescindible y real separación de poderes políticos constituyen exigencias de un sistema democrático que ha adquirido ya, pese a quien pese, verdadera realidad en el ámbito de la sociedad.

Desde esta perspectiva y ante un futuro político que, al día de hoy, parece presentarse inevitablemente abierto a un régimen de alianzas o coaliciones, la presencia de partidos como Ciudadanos debiera merecer la atención debida por parte de otros que, con mayor presencia e influencia social, no se hallan sustancialmente alejados de los planteamientos ideológicos que sustenta esta nueva formación política. De aquí que no debiera infravalorarse la aportación que al inminente futuro de nuestro país puede llegar a representar partidos como el de referencia, que, tal vez, puedan representar la actualización de principios políticos que, en su momento, hicieron posible nuestra democracia.

Benigno Varela Autrán, jurista. Magistrado jubilado del Tribunal Supremo.

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