Los independentistas catalanes se han sacado de la chistera un nuevo conejo. Tras intentar seguir los modelos esloveno, kosovar o escocés, esta vez nos proponen que firmemos un ‘acord de claredat’, como, supuestamente, hicieron en su momento los canadienses.
Un acuerdo de claridad que permita la celebración consensuada de un referendo de independencia y que, en caso de que el resultado les sea favorable, obligue a las autoridades de Madrid a negociar los términos de la separación.
El problema es que en Canadá nunca hubo un ‘acuerdo de claridad’. Sí existe una Ley de Claridad (‘Clarity Act’), aprobada por el Parlamento canadiense en 2000, pero no es fruto del consenso con los independentistas, sino que les fue impuesta a estos por la mayoría parlamentaria federal. De hecho, a los pocos días de su aprobación, la ‘Assemblée Nationale’ (parlamento provincial de Quebec) adoptaba su propia ley, basada en ideas muy distintas de las que informan la ‘Clarity Act’.
Por la manera en que se creó Canadá, su clase política y la mayor parte de sus ciudadanos entienden que, si en una provincia existiera una clara voluntad de separación, no debería impedirse su independencia. Una actitud que, como José Tudela nos recordaba recientemente en estas páginas, es una anomalía en el derecho comparado y solo puede comprenderse dentro de la tradición constitucional canadiense. Sea como fuere, los gobiernos federales han renunciado a discutir la legitimidad de los referendos convocados por las autoridades quebequesas y se han centrado en establecer si sus resultados reflejaban con claridad la voluntad de los ciudadanos de la provincia. Ese es el sentido de la Ley de Claridad, que por algo se llama como se llama.
Según la ley, las autoridades canadienses están obligadas a tomar en consideración un voto popular en favor de la separación siempre que la pregunta, a juicio del parlamento federal, haya sido suficientemente clara y que el resultado lo sea también. ¿Y quién decide si el resultado es concluyente? Pues el propio parlamento federal, que posee una notable libertad de apreciación, ya que la ley no impone ningún umbral mínimo de participación ni de voto afirmativo. Por supuesto que ambos datos serían tenidos en cuenta, pero también "cualquier otra cuestión o circunstancia" que el parlamento federal considerase relevante.
Desde un punto de vista canadiense, las consultas catalanas de 2014 y 2017 no hubieran sido válidas a causa de la baja participación, pero también porque, ante la ausencia de un sistema independiente de control, era imposible obtener datos fiables sobre los resultados. Además, ambos procesos habrían estado viciados por la actitud militante de los medios públicos de comunicación, así como por los mensajes repetidos machaconamente por los independentistas según los cuales la independencia no supondría ningún inconveniente para los catalanes: seguirían perteneciendo a la UE, continuarían siendo ciudadanos españoles (si lo deseaban), podrían seguir viajando entre Cataluña y el resto de España sin parar en la frontera, y ‘fakes’ similares.
Un último aspecto de la ‘Clarity Act’ al que nuestros ‘indepes’ rara vez hacen referencia es que, aun en caso de que los quebequeses se manifestaran claramente en favor de la separación, las autoridades centrales no estarían obligadas a aceptar las condiciones que los dirigentes separatistas quisieran imponer, aunque sí a negociar de buena fe los términos de la ruptura. En cualquier caso, entre las cuestiones complicadas que habría que resolver estaría, necesariamente, la de los límites del nuevo estado independiente, que no tendrían por qué coincidir con los que tiene la provincia de Quebec dentro de Canadá.
Y es que en el último referendo celebrado, el de 1995, el apoyo a la independencia fue muy distinto según las zonas. Así, por ejemplo, la mayor parte del sur de la provincia, donde abundan los anglófonos, se mostró claramente en contra, como también muchos sectores de Montreal, la ciudad más importante de la provincia. Por otra parte, los aborígenes (‘First Nations’, según la terminología oficial canadiense) se negaron a respaldar el proceso soberanista y, en su mayor parte, votaron por seguir formando parte de Canadá. Según la interpretación mayoritaria fuera de Quebec, el respeto a la voluntad popular debería también considerar el caso de aquellas zonas cuya población no desee separarse.
Una vez más, parece que los independentistas catalanes no entienden lo que ocurre fuera de su ensimismado ‘país petit’. Y eso que esta vez no era difícil. Bastaba con leer en Wikipedia (versión catalana) el artículo ‘Acta de la Claredat’. O, para mayor precisión, ‘Ley de Claridad (Canadá)’, en la versión en lengua española de la popular enciclopedia en línea.
Por José Miguel Palacios, doctor en Ciencias Políticas.