La Disposición Final Segunda del hasta ahora proyecto de Ley de Economía Sostenible -conocida popularmente como Ley Sinde- será aprobada mañana por el pleno del Senado, salvo hecatombe política. Siempre que no aparezcan nuevos contratiempos, esta nueva y remozada normativa contra la piratería podría entrar en vigor antes del verano.
El acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios del PSOE, PP y CiU, y al que ojalá se uniera el PNV, lo convierte casi en un pacto de Estado, y parece que por fin conseguirá superar la tramitación parlamentaria tras un tortuoso camino. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, organización que presido y que representa al sector cultural en España, tanto de industrias como de creadores, ha mostrado su satisfacción inicial ante lo que parece la pronta aprobación de una normativa que sería la primera después de seis años de reivindicaciones por parte de un sector muy afectado por la constante, diaria y masiva vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet. Una verdadera lacra social que supone pérdidas empresariales, de puestos de trabajo y de valor e imagen para el conjunto del país, sobre todo teniendo en cuenta que España representa una cultura global que integra a más de 500 millones de ciudadanos del mundo.
El respaldo que a la propuesta de normativa han dado los partidos con mayor representación parlamentaria constituye todo un hito, a la vez que una responsabilidad, porque es a ellos a quienes corresponde su buen desarrollo y eficacia a la hora de atajar de una vez por todas la piratería en internet.
El nuevo texto de la Disposición Final Segunda de la LES que se introduce como enmienda para su aprobación en el Senado presenta, sin embargo, importantes carencias que de no subsanarse podrían hacer ineficaz la nueva legislación desde el principio, y sin posibilidad de cumplir con su finalidad de perseguir y acabar con las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual en la Red.
Una de las carencias más importantes radica en haber establecido que la retirada de contenidos ilícitos supondrá la finalización del procedimiento. Quiere decirse que podría darse la siguiente situación: a un prestador de servicios propietario de una web de enlaces a contenidos ilícitos al que se le abriera un procedimiento le bastaría con retirarlos para que finalizara el procedimiento contra él y volverlos a colgar en su web 48 horas después, lo que obligaría a iniciar un nuevo procedimiento completo. Y así una y otra vez. Por eso la norma debe dirigirse contra conductas vulneradoras y no contra meros contenidos ilícitos. De lo contrario, los vulneradores de derechos de propiedad intelectual, los piratas en internet, camparán satisfechos de que no existe forma legal de impedir su parasitaria actividad.
Por otra parte, es muy importante que la nueva legislación indique de manera expresa que los trámites judiciales que se han incluido como parte del procedimiento deberán ser preferentes, así como definitivas y no apelables sus decisiones, o de lo contrario el procedimiento podría extenderse en el tiempo más allá de lo razonable, al tratarse internet de un medio extremadamente dinámico que requiere de procedimientos igualmente ágiles.
Es imprescindible, asimismo, que la normativa posibilite actuar también contra los prestadores de servicios de alojamiento de datos, así como sobre aquellos que faciliten enlaces a contenidos ilícitos. Son verdaderos responsables de la difusión de material pirateado y colaboradores necesarios e interesados, la mayoría de las veces, en dicha actividad.
Junto a los aspectos mencionados, los creadores culturales reclaman que se determine un plazo lo más corto posible para la elaboración y aprobación del reglamento que desarrolle la nueva normativa antipiratería en Internet, de forma que las actuaciones del organismo competente se inicien a la mayor brevedad posible.
Desde el sector cultural pedimos que los grupos políticos adopten una actitud seria, responsable y realista para conseguir la máxima eficacia en la futura normativa contra las descargas ilegales. Sería lamentable que después del esfuerzo realizado por todos y, especialmente, con el desgaste de los partidos políticos, la norma quedara en agua de borrajas por unas deficiencias técnicas en su configuración que reflejan el desconocimiento del auténtico funcionamiento de las redes.
Los datos del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales correspondientes al primer semestre de 2010 son alarmantes: la tasa media de piratería alcanza casi el 80% en el sector cultural y de entretenimiento en España. La normativa no puede nacer ineficaz. Los partidos que han asumido la responsabilidad de acordar su puesta en marcha no pueden, ni deben, sufrir el coste político que les ocasionaría un obligado replanteamiento de la normativa antes de un año como consecuencia de su ineficacia.
Es preciso llamar a su responsabilidad para que se subsanen las importantes carencias a las que hemos hecho referencia. ¿O es que se va a continuar permitiendo que quienes de manera diaria roban propiedad intelectual lo sigan haciendo sin que nada les ocurra? ¿Seguirán enriqueciéndose a costa de la difusión de material ilícito las más de 300 webs y páginas de enlaces detectadas por la industria cultural, por culpa de una legislación carente de eficacia? La respuesta sólo puede ser aprobar una norma que con claridad y firmeza ataje de verdad la piratería en internet.
Por Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.