Once países de Latinoamérica habrán celebrado elecciones presidenciales y otras tantas locales entre 2016 y 2018. Este nuevo ciclo electoral sucede en un entorno internacional plagado de incertidumbres y de voces de proteccionismo, con una recuperación económica lenta, un crecimiento un poco superior al 1% en 2017 y al 2% en 2018, pero muy lejos de los ritmos a los que los ciudadanos en la región se acostumbraron en la década anterior, y que permitieron un crecimiento de la clase media. Hoy representa a uno de cada tres ciudadanos en la región, si se mide por quienes disponen entre 10 y 50 dólares al día (entre 8 y 40 euros).
Mucho se ha escrito sobre esa nueva clase media como los nuevos consumidores globales, los defensores de la democracia, los promotores del buen gobierno y de reformas institucionales, e incluso de mejores políticas públicas. Además de tener un cierto nivel de ingreso, esta clase media es esencialmente urbana, alcanzó educación secundaria y tiene un trabajo remunerado en los sectores de educación o salud. Más coloquialmente, a menudo se la considera como la perdedora en la relación con el Estado: demasiado rica para recibir beneficios sociales focalizados a los pobres, demasiado pobre como para tener un asesor fiscal y aprovechar los incentivos tributarios (más o menos legales).
¿Pero qué dicen los datos sobre ella? En un estudio que la OCDE realizó en nueve países de Latinoamérica (Sobre el 70% del medio. Análisis del impacto de la política fiscal sobre la emergente clase media) encontramos que esa clase media consolidada es, en efecto, pagadora neta. Paga impuestos (sobre todo impuestos al consumo y contribuciones a los sistemas públicos de salud y pensiones), pero se beneficia poco del gasto del Estado, porque apenas recibe prestaciones económicas. Tampoco valora los servicios públicos: seis de cada diez están insatisfechos con los servicios médicos, y casi la mitad de ellos se queja de la calidad de las escuelas públicas. Es más, el estatus de clase media se muestra llevando a los hijos a escuelas privadas, utilizando hospitales privados o viviendo en bloques de apartamentos con seguridad privada.
Junto a esta clase media consolidada, está una clase media vulnerable –los que viven con entre 4 y 10 dólares al día– en unas condiciones lejos de ser idílicas. No son pocos, –cuatro de cada diez latinoamericanos–, se benefician del sistema fiscal, pero no lo suficiente como para estar fuera del riesgo de caer en la pobreza, sobre todo porque la mayoría trabaja en el sector informal. Están igual de insatisfechos con los servicios públicos, pero los usan porque no les queda otra opción.
Ambos grupos, la clase media consolidada y la vulnerable, representan el 70% de la población (ni ricos ni pobres) y, por lo tanto, debería ser objeto de la atención de los Gobiernos de la región en los años que vienen. Es necesario reforzar el contrato social con ellos, repensando y reformando las instituciones públicas con las que se relacionan los ciudadanos. Hay que reducir el empleo informal y aumentar la transparencia y calidad de los servicios públicos –no solo para satisfacer a sus usuarios de la clase vulnerable, sino para recuperar la confianza en ellos por parte de la clase media–.
Lograr una mayor transparencia, reformar la lucha contra la corrupción, y proveer mejores servicios públicos son reclamos que se vienen escuchando en las calles desde hace años, en especial desde las manifestaciones protagonizadas por las clases medias en Brasil en 2013. Estas demandas representan la voz de la que hablaba el economista Albert Hirschman en Salida, voz y lealtad, y son reflejo de la energía y la vitalidad social de América Latina. Es urgente que los candidatos, y sobre todo los nuevos Gobiernos que surjan de este ciclo electoral las escuchen, y que transformen las aspiraciones (de millones de personas) en cambios reales y duraderos. De ello depende el bienestar de muchas generaciones.
Ángel Melguizo es jefe de la unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE.