Por Gil Gidrón, presidente del Comité de Competitividad del Círculo de Empresarios (EL PAÍS, 14/11/05):
La competitividad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la política económica española. Dados los datos de evolución del sector exterior, esta afirmación no parece discutible. Sin embargo, la unanimidad se rompe a la hora de establecer qué respuesta es la adecuada.
Hay análisis que consideran que el problema tiene una naturaleza eminentemente coyuntural, y que es una simple manifestación del diferencial de crecimiento de la economía española frente a sus principales socios comerciales.
Sin embargo, como puso de manifiesto el Círculo de Empresarios en su documento España ante el nuevo paradigma de la competitividad (Madrid, julio 2005), el problema al que nos enfrentamos tiene raíces estructurales y es el síntoma más evidente de que nuestro modelo de crecimiento está agotándose.
En los últimos años, los determinantes de la capacidad de competir en los mercados mundiales y locales han cambiado radicalmente, por lo que España precisa de un nuevo modelo competitivo que le permita enfrentarse con éxito a los cambios continuos que se viven en una economía mundial cada vez más dinámica e integrada. Un nuevo modelo basado en la innovación y el conocimiento.
La premisa de la propuesta del Círculo es sencilla: la economía española será competitiva únicamente si contamos con empresas capaces de adaptarse, innovar y, en última instancia, aprovechar las nuevas formas de desarrollar su actividad. En otras palabras, es preciso desarrollar un marco en el que las empresas puedan adoptar nuevas fórmulas competitivas, abandonando aquellas que nos permitieron crecer en etapas previas de nuestro desarrollo económico, pero que resultan obsoletas.
La economía española no puede seguir creciendo sobre una base de costes laborales relativamente bajos. Nuestro mayor grado de desarrollo y la aparición de poderosos competidores, como China o India, obligan a buscar las ventajas competitivas en productos diferenciados por su calidad. Para lograrlo, es imprescindible que las empresas hagan suyas las formas de organización que ha traído consigo la creciente internacionalización, no sólo de la economía, sino sobre todo de la producción.
La liberalización de los intercambios económicos entre países y los avances tecnológicos han reducido los costes de transacción internacionales, convirtiéndose en fuerzas impulsoras del proceso globalizador. Esas mismas fuerzas han hecho posible la fragmentación de la cadena de valor. Hoy en día las empresas deben contemplar la posibilidad de localizar cada eslabón de su cadena de valor en el lugar del mundo donde se ofrezcan las condiciones idóneas para esa actividad. Las empresas cuentan también con posibilidades crecientes de externalización.
Es cierto que la fragmentación y la externalización no son fenómenos nuevos, pero su dimensión geográfica mundial y la segmentación de la cadena de valor han introducido cambios radicales. Nos encontramos con un número creciente de empresas transnacionales que han superado el concepto tradicional de multinacional. Además, no son necesariamente empresas de gran dimensión. La revolución tecnológica y la caída de costes de transporte, comunicación y arancelarios han acercado la posibilidad de fragmentación geográfica a empresas de tamaño menor.
Ésa es la realidad competitiva a la que nos enfrentamos: las empresas han de integrar los avances tecnológicos en su estrategia de crecimiento. Y es, asimismo, la realidad que debemos asumir. Sería absurdo oponerse a unas fuerzas ante las que nada podemos hacer. Por tanto, castigar a aquellas empresas que traten de llevar fuera de nuestra economía alguno de los eslabones de su proceso productivo constituiría un paso en la dirección equivocada. Por una parte, impediría a las empresas seguir las estrategias que asegurarían su competitividad y supervivencia. Por otro lado, representaría una señal negativa para toda compañía que estuviera considerando la posibilidad de instalarse en nuestro país.
Las empresas españolas deben continuar con un proceso de internacionalización que ya han iniciado y en el que encontrarán como recompensa mayores niveles de eficiencia y competitividad. En segundo lugar, es necesario que en España se den las condiciones para desarrollar ventajas competitivas y para que las empresas vean nuestro país como un destino atractivo.
Nada de lo anterior será posible si no se emprenden reformas de gran calado. Ha de continuar asegurándose la estabilidad del entorno macroeconómico, establecer unas condiciones fiscales más favorables a la acumulación de ahorro y mejorar notablemente la calidad de nuestro marco regulatorio, lastrado por la coincidencia de tres niveles de la Administración regulando simultáneamente. Son precisas reformas que flexibilicen el funcionamiento del mercado de trabajo y de la negociación colectiva, permitiendo así la adopción de nuevas formas de organización en la empresa. Tienen, además, una importancia creciente la inversión en capital tecnológico y el desarrollo de los recursos humanos.
España cuenta con múltiples activos y ventajas competitivas de gran interés para diferentes sectores y empresas. Ésta es una base sólida sobre la que construir un nuevo modelo de competitividad que nos permita situarnos entre las economías más avanzadas del mundo.