La crisis financiera ha provocado dos graves problemas a las empresas. Primero fue la falta de liquidez, por el descalabro del sistema bancario. Y ahora, de forma más profunda y con mayor duración, la disminución del consumo. La primera ha sido urgentemente atacada por los gobiernos, ante el miedo de un hundimiento, inyectando dinero a los bancos. Parece que el flujo se ha detenido de repente, pese a que ha servido más para ayudar a los bancos que a las empresas, ya que les está llegando solo una parte del dinero. Había que hacerlo. Ahora es necesario que el dinero no se quede a medio camino. Esperémoslo.
Pero el gran problema es el otro. La retracción del consumo disminuye los pedidos, hace reducir la producción y provoca un incremento del paro. Esto hace bajar más el consumo e inicia un peligroso círculo vicioso. Deben intervenir también los gobiernos, inyectando dinero para estimularlo. Dinero de todos, no lo olvidemos.
Hay dos preguntas clave. ¿Algunos de los recursos que se destinan a los bancos podrían tener mejor efecto si fueran directamente a la economía real? ¿Cuál es el modo más eficaz de reactivar con fondos públicos, y por tanto hacia dónde deben dirigirse? Quiero concentrarme en la segunda, la que ahora más me preocupa. De entrada cabe decir que no creo nada en la eficacia de la fórmula de unos meses atrás —repartir 400 euros—, porque pienso que pocos habrán cambiado su ritmo de consumo para ahorrarse, por una sola vez, esta cantidad.
Ahora se plantean medidas más serias. Para aquellos que han redescubierto a Keynes —algunos no lo habíamos olvidado nunca—, de lo que se trata ahora es de invertir en obras públicas para apuntalar empresas constructoras, evitar despidos y mantener el consumo de los que trabajan en ellas. Esto es lo que busca gran parte de los fondos previstos en los presupuestos del Estado —más de 30.000 millones de euros—, de la Generalitat, y los anunciados 10.000 millones que se darán a los ayuntamientos. No me parece mal, pero quiero hacer algunas matizaciones.
En la política reactivadora no podemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de una situación viciada por un crecimiento basado sobre todo en sectores de poca productividad, entre ellos la construcción, que ha generado una sobreoferta de viviendas, origen en gran parte de lo que ha ocurrido. Y queremos ir hacia una economía con competitividad basada mucho más en la calidad y la innovación, y en la que otros sectores industriales tomen el relevo de los que disminuirán su peso en el PIB. Por esto debemos tener cuidado no solo con las infrastructuras físicas —necesarias—, sino también con las tecnológicas —imprescindibles para las empresas del futuro—, y tenemos que poner las bases para elevar el nivel medio de conocimientos del país, base de la competitividad.
Creo que, como en las épocas keynesianas, los gobiernos tienen que desempeñar ahora el papel de motor del crecimiento con políticas anticíclicas, pero a diferencia del siglo pasado, este papel de motor keynesiano no puede ser solo motor de reactivación, sino que debe ser también motor de cambio. Si el dinero de todos sirve para reactivar la economía volviendo a poner en marcha el sistema, pero sin modificarlo, quizá resolveremos el problema inmediato, pero seguiremos estando en una situación que garantizará la repetición de las crisis, cada vez más gravemente. Si estamos de acuerdo en que la burbuja ha generado un sector de la construcción hipertrofiado, mientras salimos de la crisis debe producirse un ajuste. Si ahora nos pusiéramos a construir viviendas con dinero público, cuando tenemos muchos centenares de miles sin comprador, nos equivocaríamos. Deberíamos hallar soluciones más imaginativas para reequilibrar tanto la oferta como la demanda. Y para utilizar mejor el dinero, intentando compatibilizar las finalidades de presente y de futuro.
Estoy, de algún modo, pidiendo un neokeynesianismo para el siglo XXI, que los economistas tendrán que definir, pero que yo intuyo como la utilización de dinero público no solo para reactivar el consumo (pagando un sueldo a los parados por llevar piedras de un lugar a otro, según la famosa imagen de Keynes), sino utilizando su esfuerzo para construir infraestructuras tecnológicas de futuro, empezando por las propias infraestructuras humanas. Es decir, pagando un sueldo a personas sin trabajo, en parte para trabajar y en parte para adquirir conocimientos y aumentar así el nivel de formación y de habilidades de la población. Es bueno que los ayuntamientos construyan nuevas pistas de deportes o nuevos centros cívicos, ya que esto reactiva el consumo, pero ¿y las escuelas de formación profesional, los centros de transferencia de tecnología o las redes de telecomunicación? Habría que ver, incluso, si no sería mejor que una parte de estos recursos —y algunos de los ya existentes— se destinaran, por ejemplo, a potentes acciones locales de mejora de la calificación profesional, procurando que personas, con o sin trabajo, ayuden a elevar el nivel de conocimientos de personas, sin trabajo, que lo necesiten, y haciendo que enseñar y aprender sea, durante un periodo, una labor remunerada para unos y otros. Y no olvidemos que muchas de las tareas derivadas de la aplicación de la ley de dependencia se podrían enfocar con mucho más contenido profesional y de valor añadido, resolviendo problemas sociales y creando en el futuro más ocupación, pero también más riqueza.
Joan Majó, ingeniero y ex ministro de Industria.