No debía de bastarle a algunos con dieciocho meses de espectáculo desde que se lanzó la primera opa de Gas Natural sobre Endesa, puesto que cuando las propias empresas interesadas, E. ON, Enel y Acciona, llegaban finalmente a un acuerdo, se levantó de nuevo el telón; esta vez con el estrambote que se empecina en escenificar el Partido Popular instrumentalizando la dimisión del presidente de la CNMV.
Es verdad que el señor Conthe dio alas a la contumacia del primer partido de la oposición. Él se empeñó en imponer una sanción a las dos empresas, que por separado y sin que nadie haya podido demostrar pacto previo entre ellas para hacerlo habían comprado buena parte de Endesa. No consideró suficiente haberles marcado un plazo de seis meses para formalizar la opa sobre el resto de la eléctrica que, ahora sí, de común acuerdo, habían anunciado. Esta demora aprobada por mayoría en el consejo de la CNMV no era una sanción propiamente dicha, sino una caución razonable para evitar distorsiones ventajistas entre ofertas competidoras, aunque ya forzaba un poco la legislación vigente. Ésta presenta un vacío en la regulación de estos supuestos, y que por cierto ha quedado bien cubierto en la nueva ley del Mercado de Valores, que regula mejor la competencia simultánea entre opas, en coherencia con la defensa de los intereses de los accionistas, y que ya había superado su primer trámite parlamentario al ser aprobada por práctica unanimidad - votos del PP incluidos- en la comisión de Economía del Congreso de los Diputados unas semanas antes de que estallase todo este embrollo. Pero pasar a sancionar lo que no está tipificado en la ley como quería el señor Conthe habría ocasionado un daño mayor y más general en términos de inseguridad jurídica que el perjuicio particular que se pretendía evitar a E. ON. A esta propuesta del entonces presidente del organismo regulador es a la que se negaron los restantes miembros de su consejo. Imponer castigos desde un organismo público por conductas que no están tipificadas legalmente como delitos ni como faltas es anterior al Estado de derecho, y habría que retroceder hasta antes de la Ilustración para toparnos de nuevo con quienes se atribuían la facultad de impartir justicia a su antojo más allá de lo establecido en la norma.
Es incuestionable el derecho a mantener el criterio propio frente al del resto de los componentes de un organismo colegiado del que se forma parte y a ser respetado por ello, en la misma medida exactamente en que se debe respetar a los demás con sus diferentes opiniones. No es por tanto de recibo que quien se queda en minoría se considere el único íntegro e inmutable ante cualquier presión y sostenga que la mayoría se ha arrugado ante Enel y Acciona, y todo ello a fin de cuentas por no secundar una propuesta de sanción que consideraron de todo punto ilegal. Estos podían haberle contestado al señor Conthe que su empecinamiento se debía a supuestas preferencias personales por el opante alemán, pero con esa regla de tres sólo habrían establecido una equivalencia entre vilezas. Afortunadamente, no lo hicieron y los restantes miembros del consejo de la CNMV se limitaron a pedir mediante un comunicado la pronta restitución del normal funcionamiento del organismo, sin la más mínima descalificación personal hacia nadie. Comportamiento colectivamente responsable y honorable que cobra especial relieve en quien más injurias soporta, el vicepresidente de la CNMV, señor Arenillas. Cuestionar su capacidad para formarse un criterio autónomamente por estar casado con una ministra es sencillamente ruin y no merece ningún comentario adicional. De su imparcialidad tuvo que dejar constancia el propio presidente de la CNMV durante su comparecencia en el Parlamento, comparándola a la suya propia cuando reconoció que igual que él cuando se habían tratado asuntos relacionados con su anterior empresa, también Carlos Arenillas se había abstenido siempre de participar en cuantas decisiones hubieren concernido a la entidad a la que estuvo vinculado antes de ser nombrado vicepresidente de la CNMV.
En cuanto a lo fundamental, que es dilucidar si ha habido injerencias gubernamentales que hayan condicionado las decisiones de la CNMV en todo el proceso de opas sobre Endesa, el presidente del organismo dijo en el Parlamento con toda claridad que tanto el ministro como el secretario de Estado de Economía se habían portado de manera "irreprochable e impecable", y de la Oficina Económica del presidente del Gobierno admitió que se había conducido dentro de lo "admisible y de lo legítimo"..., aunque no pudiera ser tan rotundo en sus consideraciones como lo había sido con los cargos del ministerio. Y si sobre el presidente dimisionario no hubo presiones, menos aún sobre los demás miembros, como dejó dicho con igual rotundidad en el mismo ámbito parlamentario el nuevo presidente señor Segura al explicar al menos su propio caso, habiendo hecho una muy pertinente manifestación de su incomodidad por tener que responder a una acusación de parcialidad sin que los acusadores aportasen ninguna prueba al respecto. Pero ésta es la forma preferida por el PP para ejercer la oposición, lanzar las más atroces acusaciones en cualquier campo de la vida política e institucional sin aportar prueba alguna o retorciendo las palabras de alguien que no iba cargado con más carnaza que la engendrada en un exceso de amor propio, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa. Y así van resultando todas las tormentas que ha desencadenado el PP desde el inicio de la legislatura, desde la conspirativa del 11-M hasta este último esperpento de la CNMV; agitan los nubarrones con el pretexto de disipar las tinieblas que los demás tejen para ocultar su verdad, y cuando en lugar de agua que despeje el ambiente sólo descargan barro, saltan a chapotear en otro charco.
Antonio Gutiérrez Vegara, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso.