Es una iniciativa inaceptable porque divide a la sociedad vasca, dice Rodríguez Zapatero. ¿Y si no la dividiera tanto, y si existiera una mayoría sustancial de vascos a su favor? Es una propuesta indigna porque no hace sino dar razones al terrorismo de ETA. ¿Y si ETA no existiera? ¿Qué invocaríamos entonces para oponernos al nacimiento de un nuevo sujeto político soberano? ¿La Constitución y punto?
Mucho me temo que el planteamiento crudamente soberanista ha llegado a nuestros lares y lo ha hecho para quedarse largo tiempo. En esto tiene razón Ibarretxe, se ha abierto una cuestión que no va a ser tan fácil cerrar. No basta con invocar los tiempos de Josu Jon y deplorar su destierro. Tampoco creo que vaya a bastar con jalear una posible victoria de Patxi López en las próximas elecciones. Porque incluso si el Gobierno de Euskadi cambia de manos en el más próximo futuro, lo cierto es que la mayoría del nacionalismo vasco le ha cogido gusto a la vía autodeterminista hacia la soberanía y no la va a abandonar en un futuro previsible. El profesor Arzalluz despreció en su momento la autodeterminación como «una virguería marxista», pero no parece sino que hoy todos los sabinianos se han vuelto marxianos. Lo cual plantea a los estadistas españoles (y supongo que alguno deberá de quedar entre nuestros actuales líderes políticos, tan livianos y tacticistas) la cuestión de cómo lidiar a largo plazo con esta vía. De acuerdo, de momento la tramposa iniciativa del Parlamento vasco nace ya frustrada, no es sino un aborto. Pero no conviene dejarse engañar por el fracaso de este parto prematuro. Vendrán otras propuestas, otros intentos, y no parece que la democracia española se pueda limitar a hacer de don Tancredo una y otra vez sentándose sobre el argumento de que 'la Constitución no lo permite'. Porque una Constitución se puede usar de muchas formas y para muchos fines, pero desde luego no para servir de dique insuperable a una voluntad popular firme, reiterada e intensa. Para eso no vale la Constitución so pena de degradarla a algo así como 'una cárcel de pueblos'.
Lo que nos lleva obligadamente a la única salida democrática que puede arbitrarse para este tipo de situaciones: la de la ley. Regular normativamente una situación compleja y difícil es el primer paso para encauzarla y, por tanto, para resolverla. Desde luego, es el paso necesario para terminar con uno de los peores defectos de la situación sociopolítica actual, el de que un pronunciamiento referendatario sobre el futuro de la relación entre el País Vasco y España sea colectivamente percibido como un auténtico fetiche. Un fetiche que reviste para unos la cualidad de mito (el mito de la autoidentificación final de los vascos) y para otros el de tabú innombrable (admitir la posibilidad de que la ciudadanía vasca se pronuncie es tanto como reconocer el derrumbamiento español), pero que en cualquier caso lleva a la alienación política. Si lo regulamos entre todos, es decir, si ponemos negro sobre blanco en una norma jurídica las condiciones, requisitos y efectos de una decisión de este tipo, habremos terminado de golpe con un mito y un tabú. Veámoslo.
Derecho de decisión
En primer lugar, está bastante claro que no puede regularse en forma razonable alguna lo que aquí y ahora se llama 'derecho de decisión', precisamente porque su carácter inconcreto y ambiguo impide cualquier traducción del mismo a criterios operativos. Si de lo que se trata es de la forma en que Euskadi va a permanecer dentro de España, es obvio que esa forma no pueden decidirla los vascos solos. Quien quiere formar parte de un todo está necesariamente obligado a aceptar que las reglas de pertenencia y funcionamiento de ese todo las fijan entre todos sus componentes. Podrán discutirlas, negociarlas, razonarlas de una u otra forma (más simétricas o más diferenciales) pero al final tendrán que decidirlas entre todos. Lo que significa que los vascos nunca podrán razonablemente alegar que quieren decidir 'ellos solos'(el adjetivo es esencial al argumento) cómo se sitúan dentro de España. Podrán exigir irse de ella, como veremos, pero no quedarse en ella 'a la carta'. Existe el divorcio por causa unilateral, sí, pero nadie ha oído hablar del matrimonio por decisión de uno solo. Ésta es, precisamente, la trampa de la pregunta nacionalista, pues pregunta sobre 'el derecho a decidir de los vascos', cuando lo que en realidad está planteando es 'el derecho a decidir de los vascos solos'. Y hay un abismo entre ambas formulaciones.
Lo que ha de regularse, entonces, es la forma en que una parte del territorio hoy español podría validamente secesionarse e independizarse del conjunto. O, dicho de otra forma, cómo atendería la democracia española a una demanda seria, intensa y persistente de independencia, de forma que una vez constatada su existencia procedería a modificar la vigente Constitución para aceptar el desmembramiento de un nuevo sujeto político soberano. Sobre este punto existe hoy ya un suficiente acervo de doctrina politológica que nos puede orientar, cuyo contenido se define por las reglas de claridad, negociación y conservación de la calidad democrática.
La claridad exige una mayoría cualitativa (no meramente cuantitativa) a favor de la secesión, tal como el Tribunal Supremo de Canadá señaló: «Se trata de establecer una evaluación cualitativa de una voluntad libre de ambigüedad, tanto en los términos de la pregunta como en la medición de los apoyos que recibe». Y para lograr esa cualidad son precisos planteamientos nítidos y terminantes en las preguntas, así como respuestas no menos contundentes (la mayoría del censo electoral parece un requisito mínimo). Pero la claridad exige también la previa deliberación tranquila y la posibilidad de expresión pacífica de todas las opiniones, lo que excluye desde el inicio un proceso secesionista concurrente con el terrorismo o con sus efectos, dado que no cabe mayor factor de emborronamiento de la voluntad colectiva que el terror.
La claridad exige también que una vez iniciado el proceso secesionista no pueda reconvertirse en uno de consecución de una mayor autonomía. Es la única forma de impedir el uso estratégico e irresponsable de la reivindicación secesionista, un uso típico de situaciones como las actuales catalana y vasca. El chantaje de la independencia sólo podrá desaparecer cuando quien lo ponga en marcha sepa que, inexorablemente, el proceso terminará en un referéndum de secesión. Se trata de una cuestión lo suficientemente seria y dramática para muchos como para proscribir la irresponsabilidad en su uso: no vale el 'o me da usted una posición de privilegio o me voy', sino sólo el 'esto es lo que hay y si quiere puede irse'.
Igualmente exige la regla de la claridad el establecer plazos mínimos de repetición de los procesos. Por ejemplo, no parece excesivo un plazo de veinte años para poder reiniciar un proceso de este tipo cuando el anterior no haya producido el resultado secesionista perseguido.
Calidad democrática
La regla de la conservación de la calidad democrática es muy sencilla y evidente, por mucho que sea una de las más ignoradas y silenciadas por los nacionalistas. En esencia, dice que un proceso de secesión nunca puede conllevar una pérdida neta en la calidad de la democracia que se vaya a practicar en el territorio escindido, de forma que el nuevo sistema debe ser, por lo menos, tan democrático como el anterior. Ésta es una exigencia que incluye también, 'last but not least', el que las minorías nacionales existentes en el nuevo país (territorializadas o no) ostenten el mismo nivel de autogobierno político, cultural y lingüístico de que las anteriores minorías gozaban en el anterior. Incluido, desde luego, el de iniciar un proceso de secesión si son mayoría clara en una parte del nuevo país. Nuestros nacionalistas han dado ya ejemplos señeros de que no piensan respetar este tipo de exigencias: por ejemplo, la mayoría nacionalista del Parlamento se negó a reconocer derecho ninguno a las minorías culturales existentes en el pueblo vasco al tramitar el llamado plan Ibarretxe (art. 11-2-f), aduciendo que «el pueblo vasco es único y carece de minorías». Ominoso presagio del monolitismo con que ciertos demócratas entienden el pluralismo y que, de momento, les inhabilita para reivindicar razonablemente la secesión.
Un proceso para regular en España estas cuestiones puede a primera vista antojarse quimérico: por un lado, faltan estadistas capaces de reconocer su necesidad y, sobre todo, de asumir su impulso. Por otro, no es éste el mejor momento para hacerlo. Pero también es verdad que todos los momentos futuros serán peores. Si se hace con tiempo y reflexión el efecto de una regulación razonable de la posibilidad de secesión será higiénico, pues evitará demandas y forcejeos autodeterministas irresponsables y confusos en el futuro. Naturalmente, a corto plazo siempre parece preferible la ambigüedad y las soluciones para ir tirando una generación más; el peor vicio de los políticos es el de contemplar los problemas desde la óptica de las próximas elecciones y fiarlo todo a los nuevos repartos de las cartas del poder que surjan de ellas. Por eso precisamos de estadistas.
J. M. Ruiz Soroa