Cohesión y equilibrio territorial en España

La acumulación de capital físico es, junto con el capital humano y el progreso tecnológico, una de las variables que determinan el crecimiento económico y los diferenciales de renta per cápita entre las economías. El sector público, en sus diferentes niveles de gobierno, tiene un papel muy relevante en dicha acumulación de capital.

La Administración del Estado cuenta con dos instrumentos, recogidos anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para corregir los desequilibrios regionales de riqueza por habitante en España: la inversión pública que realiza el propio Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que el Estado transfiere a las comunidades autónomas que ellas realicen la inversión.

La inversión consignada para Andalucía en el proyecto de Presupuestos de 2017, es de 1.157 millones de euros, un 36,6% inferior a la consignada en los PGE de 2016 y la más baja desde 2001. Esta cantidad tan solo representa el 0,7% PIB de Andalucía, lo que supone un mínimo histórico.

Además, la inversión media anual realizada en la pasada legislatura y lo que llevamos de esta (1.689 millones de euros anuales desde 2012 a 2017), comparada con la realizada en las dos legislaturas anteriores (3.670 millones de euros anuales desde 2005 a 2011), se ha reducido en más de un 50% (-54%).

Esta pérdida de recursos de inversión que está sufriendo Andalucía en los últimos años, tiene especial significación si consideramos que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en el segundo punto de su disposición adicional tercera (DAT) que “la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado”. En el proyecto de PGE de 2017, la inversión destinada a Andalucía representa el 13,5% del total regionalizable, 4,6 puntos por debajo de su peso poblacional (18%). Un incumplimiento que se viene produciendo de manera continuada desde 2012.

Además, en el año 2014 se cumplió el periodo de siete años, aprobado por la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, con lo que la Junta de Andalucía reclama al Estado la aplicación de la DAT correspondiente al período 2008-2014, que se eleva a 2.298 millones de euros, cifra que supone una pérdida de inversión en la economía andaluza equivalente al 1,6% del PIB. De estos recursos, 1.504 millones corresponden a las desviaciones definitivas en la ejecución de las inversiones en los ejercicios 2008 y 2009 y que han sido certificadas por la propia Intervención General del Estado (IGAE),  y el resto a las desviaciones respecto al peso de la población.

En la misma línea de pérdida de recursos de inversión que hace el Estado en Andalucía, viene ocurriendo con el FCI. El importe consignado en los PGE de 2017 se eleva a 432,4 millones euros, cifra idéntica a la consignada en los PGE de 2015 y 2016 para el conjunto de comunidades y ciudades autónomas beneficiarias. Esta cantidad supone, entre los más de 27 millones de personas de las comunidades beneficiarias, 16 euros per cápita, y solo representa el 0,04% del PIB de España, una cantidad ridícula si se tiene en cuenta que la brecha existente entre las regiones españolas más y menos desarrolladas es de más de 10.000 euros per cápita. Y ridícula también si se compara con otras cifras como, por ejemplo, los más de 50.000 millones de euros en que se ha cifrado el coste del rescate bancario por el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. Es más, en los 35 años de etapa autonómica de España, se han destinado al FCI un total de 33.377 millones de euros, casi 20.000 menos que al rescate bancario, cuando el problema de las disparidades regionales en España aún no está resuelto.

Hoy en día el FCI, recogido expresamente en la Constitución Española, es un fondo completamente desnaturalizado, que no está cumpliendo la función para la que fue diseñado. En los inicios de este fondo, en el año 1982, fondo representaba el 0,84% del PIB de España. Este porcentaje trasladado al año 2017 supondría que el FCI tendría una dotación de 9.719 millones de euros, y a Andalucía le deberían corresponder, atendiendo a la distribución del fondo entre las distintas comunidades autónomas en el año 2017, 3.604 millones de euros.

En cambio, los PGE de 2017 destinan para Andalucía una inversión del FCI de 160,3 millones, similar a la de 2016, lo que la sitúa también en niveles mínimos históricos. De esta forma, los fondos destinados a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales en España se han reducido a más de la mitad (-56,7% en España y -55,9% en Andalucía) en la pasada legislatura (2012-2016), frente a la legislatura anterior (2008-2011), y se inicia la presente legislatura con la misma cifra que en 2016.

Esta insuficiencia no es acorde, además, con las circunstancias económicas actuales, en las que se prevé un crecimiento de la economía española superior al 2,5%, que debería permitir que la cantidad total de este fondo se vea incrementada. Y tampoco es acorde con lo que viene ocurriendo con los desequilibrios regionales de renta en España, que desde el año 2012 han aumentado un 8,7%.

En definitiva, Andalucía viene sufriendo en los últimos años recortes en las dotaciones de inversión y en las cuantías del FCI, que están mermando su potencial de crecimiento, y su convergencia con el conjunto de España.

Las medidas y estrategias dirigidas a reducir los desequilibrios territoriales en España deben ocupar un lugar central de la política económica de nuestro país. La igualdad de oportunidades efectiva, la cohesión territorial, solo es posible desde la convergencia económica interregional verdadera. No es solidaridad; es justicia, y es una decisión política, que se evidencia en las inversiones públicas previstas cada año en los PGE.

Sumen a ello que las comunidades autónomas deben estar correctamente financiadas para que puedan sostener los dos factores de competitividad más relevantes que les competen: la salud y la educación.

Antonio Ramírez de Arellano es consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

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